El empresario Lázaro Báez, ya detenido y procesado en varias causas por corrupción, quedó ayer nuevamente procesado por retención de 33 millones de pesos en aportes previsionales de empleados de sus empresas, un delito que tiene una pena de hasta seis año de prisión.
La medida fue dictada por el juez en el Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada, que también dispuso embargos por 67,2 millones de pesos sobre quince empresas del Grupo Báez, entre ellas Austral Construcciones.
También fueron procesados su hijo Martín y Julio Mendoza, presidente de la firma constructora cabeza del grupo, todos por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La causa judicial a cargo de Berón de Astrada se inició en mayo pasado por una presentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que denunció que 16 empresas del Grupo Báez registraban irregularidades sobre cargas sociales entre 2010 y este año.
Según esa denuncia, que Báez adjudicó a una motivación política del actual gobierno para desacreditarlo, el monto retenido y no depositado ascendía a 223.413.791,47 de pesos, entre aportes no pagados y cumplidos fuera de término.
Pero la investigación judicial determinó que la defraudación fue de 33.433.388,47 pesos, cometida en las diferentes empresas del grupo.
El régimen penal tributario vigente establece que se incurre en delito cuando los aportes no se hacen o se realizan fue del plazo legal por un monto de superior a los 20 mil pesos mensuales.
Junto con el procesamiento, Lázaro Báez recibió un embargo de 33 millones de pesos sobre sus bienes, una cifra menor en relación a los 10 mil millones de pesos del embargo que le trabó esta semana el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesto desvío de obra pública en Santa Cruz para beneficiarlo.
En su resolución de hoy, el magistrado consideró que Lázaro y Martín Báez y Mendoza tuvieron responsabilidad en la evasión de los aportes porque eran accionistas, presidentes o responsables de hecho de las compañías. En el caso de Lázaro fue por 15 empresas (sobre "Constructora Patagónica" no se determinó que fuera de Báez), Martín en nueve de ellas y Mendoza en Austral Construcciones.
La medida fue dictada por el juez en el Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada, que también dispuso embargos por 67,2 millones de pesos sobre quince empresas del Grupo Báez, entre ellas Austral Construcciones.
También fueron procesados su hijo Martín y Julio Mendoza, presidente de la firma constructora cabeza del grupo, todos por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La causa judicial a cargo de Berón de Astrada se inició en mayo pasado por una presentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que denunció que 16 empresas del Grupo Báez registraban irregularidades sobre cargas sociales entre 2010 y este año.
Según esa denuncia, que Báez adjudicó a una motivación política del actual gobierno para desacreditarlo, el monto retenido y no depositado ascendía a 223.413.791,47 de pesos, entre aportes no pagados y cumplidos fuera de término.
Pero la investigación judicial determinó que la defraudación fue de 33.433.388,47 pesos, cometida en las diferentes empresas del grupo.
El régimen penal tributario vigente establece que se incurre en delito cuando los aportes no se hacen o se realizan fue del plazo legal por un monto de superior a los 20 mil pesos mensuales.
Junto con el procesamiento, Lázaro Báez recibió un embargo de 33 millones de pesos sobre sus bienes, una cifra menor en relación a los 10 mil millones de pesos del embargo que le trabó esta semana el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesto desvío de obra pública en Santa Cruz para beneficiarlo.
En su resolución de hoy, el magistrado consideró que Lázaro y Martín Báez y Mendoza tuvieron responsabilidad en la evasión de los aportes porque eran accionistas, presidentes o responsables de hecho de las compañías. En el caso de Lázaro fue por 15 empresas (sobre "Constructora Patagónica" no se determinó que fuera de Báez), Martín en nueve de ellas y Mendoza en Austral Construcciones.
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El empresario Lázaro Báez, ya detenido y procesado en varias causas por corrupción, quedó ayer nuevamente procesado por retención de 33 millones de pesos en aportes previsionales de empleados de sus empresas, un delito que tiene una pena de hasta seis año de prisión.
La medida fue dictada por el juez en el Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada, que también dispuso embargos por 67,2 millones de pesos sobre quince empresas del Grupo Báez, entre ellas Austral Construcciones.
También fueron procesados su hijo Martín y Julio Mendoza, presidente de la firma constructora cabeza del grupo, todos por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La causa judicial a cargo de Berón de Astrada se inició en mayo pasado por una presentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que denunció que 16 empresas del Grupo Báez registraban irregularidades sobre cargas sociales entre 2010 y este año.
Según esa denuncia, que Báez adjudicó a una motivación política del actual gobierno para desacreditarlo, el monto retenido y no depositado ascendía a 223.413.791,47 de pesos, entre aportes no pagados y cumplidos fuera de término.
Pero la investigación judicial determinó que la defraudación fue de 33.433.388,47 pesos, cometida en las diferentes empresas del grupo.
El régimen penal tributario vigente establece que se incurre en delito cuando los aportes no se hacen o se realizan fue del plazo legal por un monto de superior a los 20 mil pesos mensuales.
Junto con el procesamiento, Lázaro Báez recibió un embargo de 33 millones de pesos sobre sus bienes, una cifra menor en relación a los 10 mil millones de pesos del embargo que le trabó esta semana el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesto desvío de obra pública en Santa Cruz para beneficiarlo.
En su resolución de hoy, el magistrado consideró que Lázaro y Martín Báez y Mendoza tuvieron responsabilidad en la evasión de los aportes porque eran accionistas, presidentes o responsables de hecho de las compañías. En el caso de Lázaro fue por 15 empresas (sobre "Constructora Patagónica" no se determinó que fuera de Báez), Martín en nueve de ellas y Mendoza en Austral Construcciones.
La medida fue dictada por el juez en el Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada, que también dispuso embargos por 67,2 millones de pesos sobre quince empresas del Grupo Báez, entre ellas Austral Construcciones.
También fueron procesados su hijo Martín y Julio Mendoza, presidente de la firma constructora cabeza del grupo, todos por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La causa judicial a cargo de Berón de Astrada se inició en mayo pasado por una presentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que denunció que 16 empresas del Grupo Báez registraban irregularidades sobre cargas sociales entre 2010 y este año.
Según esa denuncia, que Báez adjudicó a una motivación política del actual gobierno para desacreditarlo, el monto retenido y no depositado ascendía a 223.413.791,47 de pesos, entre aportes no pagados y cumplidos fuera de término.
Pero la investigación judicial determinó que la defraudación fue de 33.433.388,47 pesos, cometida en las diferentes empresas del grupo.
El régimen penal tributario vigente establece que se incurre en delito cuando los aportes no se hacen o se realizan fue del plazo legal por un monto de superior a los 20 mil pesos mensuales.
Junto con el procesamiento, Lázaro Báez recibió un embargo de 33 millones de pesos sobre sus bienes, una cifra menor en relación a los 10 mil millones de pesos del embargo que le trabó esta semana el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesto desvío de obra pública en Santa Cruz para beneficiarlo.
En su resolución de hoy, el magistrado consideró que Lázaro y Martín Báez y Mendoza tuvieron responsabilidad en la evasión de los aportes porque eran accionistas, presidentes o responsables de hecho de las compañías. En el caso de Lázaro fue por 15 empresas (sobre "Constructora Patagónica" no se determinó que fuera de Báez), Martín en nueve de ellas y Mendoza en Austral Construcciones.