El juez federal Claudio Bonadio procesó a Aníbal Fernández, al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y al exministro de Salud, Daniel Gollán, por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario por contrataciones realizadas en el marco del denominado Plan Qunita.
Se trata del exjefe de Gabinete y de dos exministros de Salud de la gestión kirchnerista, a quienes el magistrado procesó sin prisión preventiva junto a otra veintena de imputados y les trabó embargos hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos, consignaron esta mañana fuentes judiciales.
La causa por presuntas irregularidades en la compra de 140 mil kits para recién nacidos se inició a instancias de una denuncia presentada el año pasado por la legisladora porteña de Confianza Pública Graciela Ocaña.
En la resolución de 156 carillas dictada ayer, el juez Bonadio dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 23 personas -incluidos Fernández, Manzur y Gollán- y el sobreseimiento de otras nueve personas.
De los 140 mil kits licitados, la empresa Fasano SRL. aportaría 115.000 y, los restantes 25.000, las otras compañías.
Al ser indagado por el juez Bonadio el 19 de noviembre pasado, el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había alegado el principio de “presunción de legalidad de los actos administrativos” y sostenido que no se había detectado “vicio alguno en ninguno de los pasos” del proceso de licitación.
“La maniobra se dio tal como fue porque hubo un acuerdo de voluntades dirigidas a un único fin, cuál era el de adjudicar la licitación Nº 4/15 a las seis empresas ganadoras. A tal efecto, la contribución de los nombrados no sólo fue necesaria, sino que fue esencial para cerrar la maniobra, para completarla”, argumentó el magistrado al dictar hoy los 23 procesamientos, entre funcionarios y empresarios.
En este sentido, consideró que, “sin dudas, hubo una verdadera división de funciones dirigidas intencionalmente a alcanzar un fin último”, y remarcó que, “cada uno desde el sector que le tocó intervenir, realizó todo lo necesario para que se concrete la maniobra”.
En tanto, en otro tramo de su resolución, el juez Bonadio remarcó “las deficiencias en los contenidos de los kits” en relación a lo que “preveían los pliegos”.
En este punto, mencionó la comprobación por parte del Inti de “la deslucida calidad de las cunas” y sostuvo que, a ello se suman diferencias detectadas en el kit aportado al juzgado por el Ministerio de Salud en relación a lo detallado en el pliego de bases y condiciones.
“Sin motivo aparente, al mismo se lo despojó de un saco de dormir y se le agregaron preservativos y geles lubricantes”, detalló el magistrado.
“Escandalosa y una verdadera vergüenza”
La legisladora porteña Graciela Ocaña consideró “escandalosa” y “una verdadera vergüenza” la implementación del Plan Qunita y sostuvo que se trató de “un negociado enorme que se montó sobre una buena idea”.
Las cunas de cartón sólo soportaban un peso de siete kilos según un informe del Inti por lo que eran muy poco seguras.
“Fue una verdadera vergüenza en la que intervinieron altos funcionarios en el armado y, después, en el pago”, aseveró la diputada por Confianza Público en declaraciones formuladas a Radio La Red, luego de que se conociera el procesamiento de 23 imputados en el expediente que investiga presuntas irregularidades y sobreprecios.
Ocaña, denunciante en esa causa, afirmó que no sabe “quién dio la orden”, pero sí que “todo el mundo conocía que esto tenía sobreprecios y que era un negociado”.
“Esto se pergeñó desde lo más alto de la Casa Rosada, que dio orden de armar así la licitación, y sectores de La Cámpora han tenido intervención en esto”, disparó la diputada porteña en la entrevista que concedió ayer a la mañana.
Así lo hizo luego de que se conociera la decisión del juez federal Claudio Bonadio de disponer el procesamiento sin prisión preventiva de 23 imputados, entre ex funcionarios, como el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y los exministros de Salud Daniel Gollán y Juan Manzur, actual gobernador de Tucumán, y empresarios.
“Se trató de una buena idea, porque todos podemos coincidir que es bueno que se de a los chicos más humildes la posibilidad de tener un ajuar, pero lo que no se puede admitir es que, sobre esta idea buena, se haya montado un negociado enorme”, aseveró la legisladora y denunciante en la causa.
Por otro lado, Ocaña recordó que, previo a realizar la denuncia, compraron en el barrio porteño de Once “un ajuar de muchísima mejor calidad por 4.100 pesos, a precio minorista, cuando el Estado gastó 7.900 pesos por cada kit con cunas de mala calidad, poniendo en riesgo a los chicos”. En este sentido también reseñó que, luego de su denuncia, a la causa fue aportado un informe del Inti que advertía sobre la mala calidad. Un bebé que pesara más de siete kilos no podría estar seguro en las cunas que se repartieron.
“No había razón alguna para rechazar la licitación”
El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, procesado por el juez federal Claudio Bonadio, aseguró estar “convencido” de haber actuado ajustado a derecho en la implementación del denominado Plan Qunita y dijo que no tiene “nada que ocultar”, al tiempo que sostuvo que “no había razón alguna” para rechazar la licitación porque “en ninguno de sus pasos” el proceso había sido observado o impugnado.
“Yo quiero declarar en el juicio porque no tengo nada que ocultar”, aseveró el exjefe de ministros en declaraciones formuladas a radio Del Plata poco después de que se conociera la decisión de la Justicia de dictar su procesamiento y el de otros 22 imputados en el marco de ese expediente.
Fernández recordó que se encuentra en trámite judicial un planteo de “nulidad” que hacia fin de año él presentó en la causa, a la que consideró “plagada de irregularidades”. No obstante, reconoció que, más allá de su planteo, sobre el que deberá pronunciarse la Cámara Federal, el magistrado puede avanzar con el expediente e incluso tomar medidas como las de ayer, consistentes en 23 procesamientos sin prisión preventiva, embargos hasta alcanzar los 440 millones de pesos y la falta de mérito para nueve imputados.
De todas maneras, anticipó que apelará su procesamiento y evitó polemizar o criticar las decisiones adoptadas por el magistrado al señalar que esas cuestiones debe “discutirlas en el ámbito apropiado", es decir en el marco del expediente en el que dijo querer "declarar”. En la declaración indagatoria que prestó en noviembre pasado, el entonces jefe de Gabinete había expuesto los mismos argumentos que enumeró: la “presunción de legalidad de los actos administrativos” y la “teoría de los actos coligados”. “La teoría de los actos coligados hace que se pueda impugnar la licitación en cualquiera de sus pasos y, en este caso, todos opinaron que estaba bien. No hubo ninguna impugnación en este expediente y va de suyo que yo no voy a revisar estas cosas sino que trabajamos con lo que dice el expediente”, aseveró Aníbal Fernández.
Al margen de este argumento, el ex jefe de Gabinete se defendió también diciendo que "incluso", la apertura de sobres en el marco de la licitación para la adquisición de los productos para el kit para el recién nacido y la madre se había realizado "antes de que asumiera" su cargo.
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El juez federal Claudio Bonadio procesó a Aníbal Fernández, al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y al exministro de Salud, Daniel Gollán, por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario por contrataciones realizadas en el marco del denominado Plan Qunita.
Se trata del exjefe de Gabinete y de dos exministros de Salud de la gestión kirchnerista, a quienes el magistrado procesó sin prisión preventiva junto a otra veintena de imputados y les trabó embargos hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos, consignaron esta mañana fuentes judiciales.
La causa por presuntas irregularidades en la compra de 140 mil kits para recién nacidos se inició a instancias de una denuncia presentada el año pasado por la legisladora porteña de Confianza Pública Graciela Ocaña.
En la resolución de 156 carillas dictada ayer, el juez Bonadio dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 23 personas -incluidos Fernández, Manzur y Gollán- y el sobreseimiento de otras nueve personas.
De los 140 mil kits licitados, la empresa Fasano SRL. aportaría 115.000 y, los restantes 25.000, las otras compañías.
Al ser indagado por el juez Bonadio el 19 de noviembre pasado, el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había alegado el principio de “presunción de legalidad de los actos administrativos” y sostenido que no se había detectado “vicio alguno en ninguno de los pasos” del proceso de licitación.
“La maniobra se dio tal como fue porque hubo un acuerdo de voluntades dirigidas a un único fin, cuál era el de adjudicar la licitación Nº 4/15 a las seis empresas ganadoras. A tal efecto, la contribución de los nombrados no sólo fue necesaria, sino que fue esencial para cerrar la maniobra, para completarla”, argumentó el magistrado al dictar hoy los 23 procesamientos, entre funcionarios y empresarios.
En este sentido, consideró que, “sin dudas, hubo una verdadera división de funciones dirigidas intencionalmente a alcanzar un fin último”, y remarcó que, “cada uno desde el sector que le tocó intervenir, realizó todo lo necesario para que se concrete la maniobra”.
En tanto, en otro tramo de su resolución, el juez Bonadio remarcó “las deficiencias en los contenidos de los kits” en relación a lo que “preveían los pliegos”.
En este punto, mencionó la comprobación por parte del Inti de “la deslucida calidad de las cunas” y sostuvo que, a ello se suman diferencias detectadas en el kit aportado al juzgado por el Ministerio de Salud en relación a lo detallado en el pliego de bases y condiciones.
“Sin motivo aparente, al mismo se lo despojó de un saco de dormir y se le agregaron preservativos y geles lubricantes”, detalló el magistrado.
“Escandalosa y una verdadera vergüenza”
La legisladora porteña Graciela Ocaña consideró “escandalosa” y “una verdadera vergüenza” la implementación del Plan Qunita y sostuvo que se trató de “un negociado enorme que se montó sobre una buena idea”.
Las cunas de cartón sólo soportaban un peso de siete kilos según un informe del Inti por lo que eran muy poco seguras.
“Fue una verdadera vergüenza en la que intervinieron altos funcionarios en el armado y, después, en el pago”, aseveró la diputada por Confianza Público en declaraciones formuladas a Radio La Red, luego de que se conociera el procesamiento de 23 imputados en el expediente que investiga presuntas irregularidades y sobreprecios.
Ocaña, denunciante en esa causa, afirmó que no sabe “quién dio la orden”, pero sí que “todo el mundo conocía que esto tenía sobreprecios y que era un negociado”.
“Esto se pergeñó desde lo más alto de la Casa Rosada, que dio orden de armar así la licitación, y sectores de La Cámpora han tenido intervención en esto”, disparó la diputada porteña en la entrevista que concedió ayer a la mañana.
Así lo hizo luego de que se conociera la decisión del juez federal Claudio Bonadio de disponer el procesamiento sin prisión preventiva de 23 imputados, entre ex funcionarios, como el exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y los exministros de Salud Daniel Gollán y Juan Manzur, actual gobernador de Tucumán, y empresarios.
“Se trató de una buena idea, porque todos podemos coincidir que es bueno que se de a los chicos más humildes la posibilidad de tener un ajuar, pero lo que no se puede admitir es que, sobre esta idea buena, se haya montado un negociado enorme”, aseveró la legisladora y denunciante en la causa.
Por otro lado, Ocaña recordó que, previo a realizar la denuncia, compraron en el barrio porteño de Once “un ajuar de muchísima mejor calidad por 4.100 pesos, a precio minorista, cuando el Estado gastó 7.900 pesos por cada kit con cunas de mala calidad, poniendo en riesgo a los chicos”. En este sentido también reseñó que, luego de su denuncia, a la causa fue aportado un informe del Inti que advertía sobre la mala calidad. Un bebé que pesara más de siete kilos no podría estar seguro en las cunas que se repartieron.
“No había razón alguna para rechazar la licitación”
El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, procesado por el juez federal Claudio Bonadio, aseguró estar “convencido” de haber actuado ajustado a derecho en la implementación del denominado Plan Qunita y dijo que no tiene “nada que ocultar”, al tiempo que sostuvo que “no había razón alguna” para rechazar la licitación porque “en ninguno de sus pasos” el proceso había sido observado o impugnado.
“Yo quiero declarar en el juicio porque no tengo nada que ocultar”, aseveró el exjefe de ministros en declaraciones formuladas a radio Del Plata poco después de que se conociera la decisión de la Justicia de dictar su procesamiento y el de otros 22 imputados en el marco de ese expediente.
Fernández recordó que se encuentra en trámite judicial un planteo de “nulidad” que hacia fin de año él presentó en la causa, a la que consideró “plagada de irregularidades”. No obstante, reconoció que, más allá de su planteo, sobre el que deberá pronunciarse la Cámara Federal, el magistrado puede avanzar con el expediente e incluso tomar medidas como las de ayer, consistentes en 23 procesamientos sin prisión preventiva, embargos hasta alcanzar los 440 millones de pesos y la falta de mérito para nueve imputados.
De todas maneras, anticipó que apelará su procesamiento y evitó polemizar o criticar las decisiones adoptadas por el magistrado al señalar que esas cuestiones debe “discutirlas en el ámbito apropiado", es decir en el marco del expediente en el que dijo querer "declarar”. En la declaración indagatoria que prestó en noviembre pasado, el entonces jefe de Gabinete había expuesto los mismos argumentos que enumeró: la “presunción de legalidad de los actos administrativos” y la “teoría de los actos coligados”. “La teoría de los actos coligados hace que se pueda impugnar la licitación en cualquiera de sus pasos y, en este caso, todos opinaron que estaba bien. No hubo ninguna impugnación en este expediente y va de suyo que yo no voy a revisar estas cosas sino que trabajamos con lo que dice el expediente”, aseveró Aníbal Fernández.
Al margen de este argumento, el ex jefe de Gabinete se defendió también diciendo que "incluso", la apertura de sobres en el marco de la licitación para la adquisición de los productos para el kit para el recién nacido y la madre se había realizado "antes de que asumiera" su cargo.