La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, declaró ayer por escrito ante la Justicia en calidad de testigo, y la Policía confirmó que investiga la vinculación del exmandatario Lula da Silva, en la causa que indaga sobre supuestos sobornos a cambio de la sanción de leyes que otorgaban beneficios a la industria automotriz.
La investigación intenta determinar si hubo algún tipo de "tráfico de influencias" y si Luiz Inácio Lula da Silva tuvo alguna participación directa en el caso, según dice un documento remitido por la Policía Federal a la justicia el pasado martes y divulgado ayer.
Esta es la segunda averiguación iniciada por las autoridades en torno a Lula, quien también es investigado por supuestos delitos de "ocultación de patrimonio" y "blanqueo de dinero" en el marco de unos supuestos fraudes inmobiliarios descubiertos en la investigación por Petrobras.
Lula ya declaró sobre este caso ante la Policía, pero en calidad de testigo, y aseguró que desconocía el asunto.
Los hechos que se investigan habrían ocurrido durante el segundo mandato de Lula, padrino político y antecesor de la actual mandataria, Dilma Rousseff, quien en la época se desempeñaba como ministra de la Presidencia.
Según autoridades judiciales, un grupo de empresas del sector automotor sobornó a funcionarios del Gobierno que promovieron medidas decretadas posteriormente por Lula, mediante las cuales les fue reducida la carga tributaria.
Esas empresas son investigadas por manipular a su favor los procesos del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (Carf), un departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.
La mandataria respondió al tribunal por escrito, con un texto de un párrafo divulgado ayer y en el cual dijo que no tiene información sobre el asunto y tampoco "nada a declarar".
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La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, declaró ayer por escrito ante la Justicia en calidad de testigo, y la Policía confirmó que investiga la vinculación del exmandatario Lula da Silva, en la causa que indaga sobre supuestos sobornos a cambio de la sanción de leyes que otorgaban beneficios a la industria automotriz.
La investigación intenta determinar si hubo algún tipo de "tráfico de influencias" y si Luiz Inácio Lula da Silva tuvo alguna participación directa en el caso, según dice un documento remitido por la Policía Federal a la justicia el pasado martes y divulgado ayer.
Esta es la segunda averiguación iniciada por las autoridades en torno a Lula, quien también es investigado por supuestos delitos de "ocultación de patrimonio" y "blanqueo de dinero" en el marco de unos supuestos fraudes inmobiliarios descubiertos en la investigación por Petrobras.
Lula ya declaró sobre este caso ante la Policía, pero en calidad de testigo, y aseguró que desconocía el asunto.
Los hechos que se investigan habrían ocurrido durante el segundo mandato de Lula, padrino político y antecesor de la actual mandataria, Dilma Rousseff, quien en la época se desempeñaba como ministra de la Presidencia.
Según autoridades judiciales, un grupo de empresas del sector automotor sobornó a funcionarios del Gobierno que promovieron medidas decretadas posteriormente por Lula, mediante las cuales les fue reducida la carga tributaria.
Esas empresas son investigadas por manipular a su favor los procesos del Consejo Administrativo de Recursos Fiscales (Carf), un departamento del fisco encargado de sancionar a los defraudadores de impuestos.
La mandataria respondió al tribunal por escrito, con un texto de un párrafo divulgado ayer y en el cual dijo que no tiene información sobre el asunto y tampoco "nada a declarar".