El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró la constitucionalidad de la prórroga de 60 días del Decreto de Emergencia económica que solicitó el presidente Nicolás Maduro, que había sido rechazada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró la constitucionalidad de la prórroga de 60 días del Decreto de Emergencia económica que solicitó el presidente Nicolás Maduro, que había sido rechazada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
El gobierno asegura que la prórroga servirá para seguir enfrentando lo que llama "guerra económica", el ataque de la moneda y la caída de los precios en el petróleo, causas principales, según afirma, de la crisis que atraviesa el país.
Venezuela atraviesa una profunda crisis económica y social, ante el derrumbe del precio del petróleo, principal fuente del país."El Decreto N" 2.270 atiende de forma prioritaria aspectos de seguridad económica, que encuentra razón, además, en el contexto económico latinoamericano y global actual, y resulta proporcional, pertinente, útil y necesario para el ejercicio y desarrollo integral del derecho constitucional a la protección social por parte del Estado, ineludibles para la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y para la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo", precisó el fallo.
La resolución fue emitida por la Sala Constitucional del máximo organismo judicial del país.
Asimismo determinó que el decreto "fue dictado en cumplimiento de todos los parámetros que prevé la Carta Magna, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y demás normativas aplicables, preservando los Derechos Humanos y en protección del Texto Fundamental, el Estado, sus instituciones y el pueblo".
Maduro tildó de "histórica", la decisión del TSJ, luego de lamentar que la Asamblea Nacional hubiera tomado "un rumbo errático" y se pusiera "de espaldas al país una vez más".
La solicitud de prórroga del decreto formulada por el Ejecutivo fue rechazada por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que tras declarase en sesión plenaria consideró que "la mayoría de las medidas contempladas en el decreto no requieren de la declaración de un estado de emergencia económica, por lo que carece de justificación la prórroga".