La votación comenzó a las 17.48 (misma hora en la Argentina) y cada uno de los diputados presentes disponía de 30 segundos para emitir el voto y fundamentarlo.
La sesión de la cámara baja comenzó minutos después de las 14 y la votación fue precedida por los discursos del diputado Jovair Arantes, instructor de la comisión especial que recomendó llevar adelante el proceso, y de los jefes de bancadas.
Para aprobar el juicio político se precisaban al menos 342 votos, equivalentes a dos tercios de los 513 diputados totales.
La sesión extraordinaria de ayer es la conclusión de meses de pugnas, en que los dos bancos intercambiaban acusaciones de "golpistas" y "ladrones".
Las emociones fueron intensas desde que el proceso comenzó el viernes en la Cámara de Diputados con sesiones ruidosas y desordenadas. Frente a la legislatura en Brasilia manifestantes de uno y otro bando marchaban.
La presidenta de Brasil es acusada por incumplir las normas fiscales. Sus detractores describen una contabilidad de prestidigitadora que pretendía frenar un descenso de popularidad de su gobierno, en medio de una economía en crisis y con un escándalo de corrupción tan grande que ha golpeado a figuras políticas de todo el espectro político, así como a algunos de los empresarios más ricos del país.
Por su lado, Rousseff niega cualquier mala práctica y afirma que presidentes anteriores han utilizado técnicas de contabilidad similares. Las acusaciones, afirma, forman parte de un "golpe" liderado por la elite tradicional de Brasil para arrebatar el poder al izquierdista Partido de los Trabajadores, que ha gobernado el país durante los últimos 13 años.
¿Cómo continúa el poceso?
A partir de ahora el Senado deberá pronunciarse y decidir si acepta las acusaciones e instaura el juicio político.
En ese caso, Rousseff sería separada del poder durante 180 días, plazo que el Senado tendría para realizar el trámite que pudiera concluir con su destitución.
Durante ese período, el lugar de Rousseff sería ocupado por el vicepresidente Michel Temer, quien rompió sus relaciones con la mandataria y ha dedicado las últimas semanas a consultas sobre lo que sería su posible Gobierno, pues si se llega a la destitución le tocará completar el mandato que acaba el 1 de enero de 2019.
Un país dividido copó las calles
Miles de personas salieron a manifestarse en una expresión de la profunda división que existe, ante la histórica jornada que se vivió ayer.
Las calles de más de una veintena de estados de Brasil y de la capital, Brasilia, se tiñeron de rojo, el color del Partido de los Trabajadores (PT), y de verde y amarillo, el símbolo de la oposición y de los partidarios del "impeachment" contra Rousseff.
En medio de un fuerte despliegue de seguridad, en especial en los puntos más calientes -como Brasilia, Sao Paulo y Río de Janeiro, donde se convocaron las movilizaciones más multitudinarias-, las protestas se desarrollaron sin incidentes.
La capital brasileña amaneció blindada por 4 mil policías en su zona central y otros 7 mil listos para actuar en caso necesario.
En la Explanada de los Ministerios, en el corazón de Brasilia, se apreció como ningún otro lado la fractura que vive Brasil, con el llamado "muro del impeachment", una gigantesca valla de casi un kilómetro de largo y dos metros de alto, que dividió a los partidarios y los detractores del Gobierno.
Del lado izquierdo, frente al Congreso, los partidarios de Rousseff, de rojo y portando pancartas con el lema "Dilma fica" (Dilma se queda), y del lado derecho, una marea verde-amarilla con la consigna "Fora Dilma" y levantando muñecos que muestran al ex presidente Lula da Silva vestido de presidiario.
Oposición denunció a Rousseff por presunta compra de votos
En medio de un clima político, económico y social muy delicado que definió el futuro de los brasileños, cinco partidos opositores acusaron a la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, de intentar una "compra de votos" de diputados, en el marco de la votación en la que se decidió el rumbo de la vida política de la mandataria.
La denuncia fue presentada ante la Policía Federal por los partidos de la Social Democracia Brasileña (Psdb), Demócratas (DEM), Popular Socialista (PPS), Laborista Brasileño (PTB) y Social Cristiano (PSC), según informaron voceros de esos grupos.
Los opositores cuestionaron en la denuncia la legalidad de un decreto del día viernes, por el que el Gobierno le cedió al estado de Amapá la titularidad del suelo de la mayoría de ese territorio amazónico, iniciativa que consideraron un intento de convencer a los diputados de ese estado para que voten en contra de la destitución de Rousseff.
Por su parte, el Gobierno alega que el decreto firmado el viernes regula una ley que fue negociada y aprobada en 2009, con el que se pretende regularizar las tierras de Amapá, que en su gran mayoría continuaban en manos del poder Ejecutivo, a pesar de que ese estado fue creado en el año 1988.
Además, los opositores también advirtieron que muchas designaciones fueron publicadas en el Diario Oficial, y que se liberaron partidas presupuestarias para los estados cuyos representantes apoyaron en la jornada de ayer al Gobierno.
"El Diario Oficial amaneció repleto de nombramientos. Eso es un uso abusivo del aparato estatal para intentar revertir el proceso de 'impeachment'", dijo el líder del DEM, Pauderney Avelino, que denunció que "se está usando la máquina pública de forma desvergonzada".
Por último, Avelino subrayó que: "Estamos viviendo un clima de cierta tensión porque la intimidación provocada por el Gobierno, el juego sucio, pesado, del Gobierno y de la presidenta Dilma es algo absurdo", fustigó.
