La justicia chilena determinó que el Estado debe pagar una indemnización de 1.820 millones de pesos (2.7 millones de dólares) a los familiares de las 21 víctimas fatales del tsunami que afectó al país luego del terremoto de 8.8 grados Richter producido el 27 de febrero de 2010.
El fallo del 22º Juzgado Civil de Santiago concluyó que existió negligencia por parte de los funcionarios de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa), lo que provocó que las víctimas no tuvieran chance de salvar sus vidas en las costeras ciudades de San Antonio, Constitución, Talcahuano, Dichato y en la isla de Juan Fernández.
Así lo establece la sentencia emitida por el juez de la causa, Pedro García, la que determina que "no solo falló un sistema de alerta o de emergencia, a cuya eficiencia el Estado está llamado a prestar, sino porque los errores en su ejecución impidieron a las víctimas tener, al menos, una oportunidad de salvar sus vidas o las de sus familias".
Para el abogado de los 72 demandantes de la causa, Alfredo Morgado, "este fallo nace fruto de las erradas decisiones y los reiterados incumplimientos normativos que se ejecutaron durante esa madrugada".
"Este mal actuar de los funcionarios provocó la muerte de personas, muchas de las cuales al encontrarse resguardados en altura confiaron en sus autoridades, quienes les dijeron que no había riesgo de tsunami, y en ese sentido nos sentimos conformes por esta resolución", declaró Morgado.
Las indemnizaciones por daño moral que determina este fallo civil va de los 7 millones (1.200 dólares) a los 30 millones de pesos chilenos (45 mil dólares) a cada uno de los 72 demandantes .
Esta sentencia es de primera instancia y puede ser apelado por el Consejo de Defensa del Estado frente a la Corte de Apelaciones de Santiago durante los próximos días.
En el ámbito penal de esta causa, la Fiscalía Oriente llegó a un acuerdo con los seis imputados por la investigación, entre ellos el ex viceministro (subsecretario) del Interior, Patricio Rosende, y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, por el que se hizo un juicio abreviado.
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La justicia chilena determinó que el Estado debe pagar una indemnización de 1.820 millones de pesos (2.7 millones de dólares) a los familiares de las 21 víctimas fatales del tsunami que afectó al país luego del terremoto de 8.8 grados Richter producido el 27 de febrero de 2010.
El fallo del 22º Juzgado Civil de Santiago concluyó que existió negligencia por parte de los funcionarios de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) y del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa), lo que provocó que las víctimas no tuvieran chance de salvar sus vidas en las costeras ciudades de San Antonio, Constitución, Talcahuano, Dichato y en la isla de Juan Fernández.
Así lo establece la sentencia emitida por el juez de la causa, Pedro García, la que determina que "no solo falló un sistema de alerta o de emergencia, a cuya eficiencia el Estado está llamado a prestar, sino porque los errores en su ejecución impidieron a las víctimas tener, al menos, una oportunidad de salvar sus vidas o las de sus familias".
Para el abogado de los 72 demandantes de la causa, Alfredo Morgado, "este fallo nace fruto de las erradas decisiones y los reiterados incumplimientos normativos que se ejecutaron durante esa madrugada".
"Este mal actuar de los funcionarios provocó la muerte de personas, muchas de las cuales al encontrarse resguardados en altura confiaron en sus autoridades, quienes les dijeron que no había riesgo de tsunami, y en ese sentido nos sentimos conformes por esta resolución", declaró Morgado.
Las indemnizaciones por daño moral que determina este fallo civil va de los 7 millones (1.200 dólares) a los 30 millones de pesos chilenos (45 mil dólares) a cada uno de los 72 demandantes .
Esta sentencia es de primera instancia y puede ser apelado por el Consejo de Defensa del Estado frente a la Corte de Apelaciones de Santiago durante los próximos días.
En el ámbito penal de esta causa, la Fiscalía Oriente llegó a un acuerdo con los seis imputados por la investigación, entre ellos el ex viceministro (subsecretario) del Interior, Patricio Rosende, y la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, por el que se hizo un juicio abreviado.