El intendente de Lanús y exministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, fue imputado ayer por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de su participación en empresas offshore descubiertas a partir de la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers.
El fiscal federal Patricio Evers requirió una serie de medidas de prueba con el objetivo de intentar determinar cuál era el vínculo del exfuncionario de la Ciudad con una empresa radicada en Panamá y una cuenta bancaria en un Banco Suizo.
"Entre julio de 2010 y julio de 2013, habría recibido un poder especial del estudio Mossack Fonseca para operar con relación a la firma Mercier Internacional", sostuvo Evers la imputación.
"El 15 de julio de 2010 habría recibido otro poder para manejar una cuenta en un banco suizo, de nombre Clariden Leu Ag.", agregó el fiscal federal quien solicitó que se envíen exhortos a Panamá y suiza.
Fuentes judiciales informaron que la investigación apunta a determinar si el intendente de Lanús se enriqueció de manera ilícita a la vez que reconocieron que podría tener distintas aristas dado que Grindetti tomaba decisiones en relación a la Economía de la Ciudad.
Como primera medida, la fiscalía solicitó a la jueza federal María Romilda Servini que pida al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la municipalidad de Lanús y a la Afip las declaraciones juradas presentadas por Grindetti desde diciembre del 2007 hasta la actualidad.
Además, Evers solicitó que "se libre exhorto internacional a la Confederación Suiza, a fin de que requiera al banco Clariden Leu Ag toda aquella información de la cual surja Néstor Grindetti como titular y/o apoderado para actuar por sí o por cuenta ajena".
El fiscal también pidió que se libre un exhorto a Panamá "con el objeto de requerir toda aquella información relacionada con la empresa Mercier Internacional, tanto en cuanto a su participación accionaria como a quienes ostentan los cargos directivos de la entidad, así como la información relativa a sus objeto y capital social".
La causa se inició a partir de una denuncia penal realizada por el fiscal de instrucción Martín Niklison.

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