Lo hizo a pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien había reclamado realizar el estudio para saber si hay inconsistencias en las presentaciones: el análisis lo hará la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
Macri es investigado por presunta omisión maliciosa al no señalar en sus declaraciones juradas su presunta participación en las sociedades off shore Fleg Trading, en Islas Bahamas; y Kagemusha en Panamá; y luego de una denuncia realizada en la Justicia Federal por el diputado del Frente para la Victoria Norman Martínez.
Ahora, Casanello ordenó a la OA, a cargo de Laura Alonso, que las "áreas pertinentes" del organismo y de la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del Gobierno porteño, realicen el estudio. Éste deberá ser completado en un plazo de diez días y ambos organismos deben presentar un informe conjunto, tal cual lo dispuso Casanello, en el cual deberán señalar las diferencias por cada régimen.
Delgado había solicitado la medida comparativa pero que el estudio lo realice la Universidad de Buenos Aires (UBA), teniendo en cuenta que la OA depende del Poder Ejecutivo y que Alonso ensayó una defensa pública del presidente Macri luego de que se difundiera que el jefe de Estado figuraba como director en empresas offshore en paraísos fiscales.
Las declaraciones juradas que se cotejarán son a raíz de la última ampliación en su denuncia que hizo el diputado Martínez, sobre distintos bienes presentados por Macri: en ese sentido, el fiscal aclaró que se busca determinar si hay contradicciones entre las distintas declaraciones juradas presentadas. El diputado aseguró que Macri declaró en 2013 un terreno en Tandil sin señalar el tamaño, que al año siguiente que el mismo tenía 5.102.000 metros cuadrados y en 2015 51.020.000. También señaló diferencias por una chacra en Maldonado, Punta del Este, donde en 2013 declara 33 hectáreas por 1.182.552 pesos y en 2015 unos 33 mil metros cuadrados y que fue adquirido por una donación.
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Lo hizo a pedido del fiscal federal Federico Delgado, quien había reclamado realizar el estudio para saber si hay inconsistencias en las presentaciones: el análisis lo hará la Oficina Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
Macri es investigado por presunta omisión maliciosa al no señalar en sus declaraciones juradas su presunta participación en las sociedades off shore Fleg Trading, en Islas Bahamas; y Kagemusha en Panamá; y luego de una denuncia realizada en la Justicia Federal por el diputado del Frente para la Victoria Norman Martínez.
Ahora, Casanello ordenó a la OA, a cargo de Laura Alonso, que las "áreas pertinentes" del organismo y de la Dirección General de Ética en el Ejercicio de la Función Pública del Gobierno porteño, realicen el estudio. Éste deberá ser completado en un plazo de diez días y ambos organismos deben presentar un informe conjunto, tal cual lo dispuso Casanello, en el cual deberán señalar las diferencias por cada régimen.
Delgado había solicitado la medida comparativa pero que el estudio lo realice la Universidad de Buenos Aires (UBA), teniendo en cuenta que la OA depende del Poder Ejecutivo y que Alonso ensayó una defensa pública del presidente Macri luego de que se difundiera que el jefe de Estado figuraba como director en empresas offshore en paraísos fiscales.
Las declaraciones juradas que se cotejarán son a raíz de la última ampliación en su denuncia que hizo el diputado Martínez, sobre distintos bienes presentados por Macri: en ese sentido, el fiscal aclaró que se busca determinar si hay contradicciones entre las distintas declaraciones juradas presentadas. El diputado aseguró que Macri declaró en 2013 un terreno en Tandil sin señalar el tamaño, que al año siguiente que el mismo tenía 5.102.000 metros cuadrados y en 2015 51.020.000. También señaló diferencias por una chacra en Maldonado, Punta del Este, donde en 2013 declara 33 hectáreas por 1.182.552 pesos y en 2015 unos 33 mil metros cuadrados y que fue adquirido por una donación.