Después de los considerandos, sostienen que la ley citada debe ser rechazada "por resultar inconstitucional, inconsulta, discriminatoria y posibilitar el despojo de territorios indígenas, además de otros perjuicios". Luego agrega, por ello, la necesidad de "declarar un estado de inseguridad jurídica y territorial en la provincia", y "ratificar la libre determinación de las comunidades indígenas sobre sus territorios".
En base a ellos resuelven "solicitar a las autoridades correspondientes derogar con suma urgencia la Ley N§ 5.915/16 para evitar conflictos que pudiera ocasionar su aplicación". Además convocar a las comunidades indígenas a defender sus territorios comunitarios y "llamar a las comunidades indígenas a adherir a la presente declaración", firmada por comuneros de Molulo y de Angosto de Perchel.
Diálogo
Las comunidades buscan diálogo, pidieron audiencias al fiscal de Estado, legisladores y Colegio de Abogados, entre otros. Solicitan que intervengan, ya que ninguna comunidad indígena fue consultada ni conocen el daño que provocaría la Ley 5.915.
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Después de los considerandos, sostienen que la ley citada debe ser rechazada "por resultar inconstitucional, inconsulta, discriminatoria y posibilitar el despojo de territorios indígenas, además de otros perjuicios". Luego agrega, por ello, la necesidad de "declarar un estado de inseguridad jurídica y territorial en la provincia", y "ratificar la libre determinación de las comunidades indígenas sobre sus territorios".
En base a ellos resuelven "solicitar a las autoridades correspondientes derogar con suma urgencia la Ley N§ 5.915/16 para evitar conflictos que pudiera ocasionar su aplicación". Además convocar a las comunidades indígenas a defender sus territorios comunitarios y "llamar a las comunidades indígenas a adherir a la presente declaración", firmada por comuneros de Molulo y de Angosto de Perchel.
Diálogo
Las comunidades buscan diálogo, pidieron audiencias al fiscal de Estado, legisladores y Colegio de Abogados, entre otros. Solicitan que intervengan, ya que ninguna comunidad indígena fue consultada ni conocen el daño que provocaría la Ley 5.915.