-Vinieron a presentar un proceso de reforma del Código Penal Procesal, ¿en qué consiste?.
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-Vinieron a presentar un proceso de reforma del Código Penal Procesal, ¿en qué consiste?.
-Vinimos en el marco de un proceso que diseñó el ministro Germán Garavano, y en el hacemos participar a la ciudadanía sobre los distintos problemas jurídicos que hay en el país y participar sobre los proyectos de reforma que estamos elaborando. Entonces hay iniciativas que surgen en el ministerio que nosotros confrontamos con la sociedad civil, que incluye a los miembros del Poder Judicial y de los gobiernos nacionales y provinciales, pero también a quienes no tienen formación jurídica pero tienen inquietudes y necesidades que queremos responder. En este contexto empezamos con este proceso de gobierno abierto, que es de lo que se trata "Justicia 2020" en la ciudad de Buenos Aires, y luego decidimos hacer un traslado a las provincias para poder ver las inquietudes y necesidades, y los proyectos de reforma que se requieren en cada una de las provincias.
En el caso de este Código, se frenó su implementación por falta de infraestructura. ¿Qué cambios necesitaría para poder aplicarse?
-Cuando asumimos en diciembre del año pasado había un Código Procesal Penal aprobado hace un poco tiempo, tenía un proceso de implementación que iba a comenzar en la ciudad de Buenos Aires y luego se iba a trasladar hacia las provincias. Luego de realizar muchas consultas y de ver el estado de situación nos vimos obligados a derogar y reformular el sistema de implementación. Entonces lo que el ministro Garavano pensó y nosotros estamos de acuerdo, es que la implementación debe hacerse desde las provincias hacia la ciudad de Buenos Aires. Por eso el contexto de Jujuy es importante, porque con Salta que integran la misma jurisdicción junto con Tierra del Fuego y Comodoro Rivadavia serían los primeros lugares donde se implementaría el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. En ese contexto de derogación de la implementación puede aparecer que teniendo en cuenta que la Justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires se traspasaría a la jurisdicción de capital, el Código pasaría a tener una competencia solamente federal solo para delitos federales. Si eso es así consideramos que el Código requería algunas reformas para adaptarlo a la investigación de delitos federales que tienen mayor complejidad que delitos ordinarios. Por eso trabajamos desde enero en distintas versiones de reforma del Código Penal Procesal, que ponen de relieve esa necesidad de tener dentro del Código herramientas para investigar delitos complejos, Por eso diseñamos un grupo de medidas especiales de investigación que son el centro de la reforma que estamos planteando.
¿En este sentido se trabaja respecto a las figuras del "arrepentido" , del "agente encubierto" para delitos complejos?
-Las herramientas que se requieren para los delitos complejos son aquellas que brinden pruebas. El gran problema de los procesos penales es que los jueces y los sistemas acusatorios como el que viene, los fiscales tienen dificultades para obtener la prueba. Entonces existen una serie de medidas que facilitan la obtención de pruebas siempre respetando los derechos y garantías de los imputados. Y nosotros haciendo un relevamiento de la legislación en materia procesal internacional, haciendo Derecho comparado, logramos detectar algunos lugares donde había estas herramientas que funcionaban correctamente y al mismo tiempo respetaban los guarismos sobre Derechos Humanos. En ese contexto trabajamos sobre el arrepentido, el agente encubierto, el informante y sobre técnicas de vigilancia. Una es la vigilancia acústica, la posibilidad de hacer un control de conversaciones localizadas, no telefónicas, donde impedimos hacer escuchas dentro de los domicilios particulares. Al mismo tiempo la vigilancia remota, que consiste en el control informático de dispositivos que están en otro lugar y la posibilidad de seguimiento y localización. Estas son las medidas más sensibles y también tenemos el diferimiento de medidas, cuando uno está investigando un delito que tiene un proceso y se van pasando de una jurisdicción a otra, como el envío de mercaderías de tal modo que el circuito siga y uno puede detectar a los cabecillas de la organización porque el gran problema es probatorio y de estructura del crimen organizado, delitos complejos por dificultad de prueba y por organización criminal.
Otro de los temas que se planteaba en la reforma era la grabación de los interrogatorios ¿cómo sería?
-El núcleo es el sistema acusatorio donde los fiscales pasan a tener un rol preponderante y son los que realizan la investigación y el juez es el de garantías, lo que hace es velar por los derechos de los imputados. En ese marco se agilizan los procesos, se trata de hacer pocas cosas por escrito y como compensación, como en el caso de recursos de apelación, los tribunales de alzada tienen toda esa información, se prevé que las audiencias estén grabadas en formato digital, de tal manera que puedan observarlas sin tener que hacer las actas por escrito, como se venía haciendo en el proceso federal.
En la estructura que plantea el Código, una de las dificultades era que faltaban recursos humanos, jueces y fiscales, por lo menos en Jujuy. ¿Se contempló eso?
-Si efectivamente, somos plenamente conscientes que hay problema que ha sido muy lento durante mucho tiempo, ha sido muy lento el Consejo de la Magistratura en cubrir los cargos a nivel federal, el ministro está avanzando rápidamente con este tema, pero el Consejo es un órgano que tiene autonomía, por lo tanto se está velando porque avancen esos procesos y se pueda ir nombrando gente. Lo tenemos claro el problema de los subrogantes y las dificultades que generan en el interior de las provincias, porque las distancias son muchas y muchas veces tienen que venir gente de Salta y deja un lugar. Es un proceso que procuramos que a fines de este año o principios del otro pueda estar razonablemente cubierto.