El canciller brasileño, José Serra, calificó de "tonto" el pedido de explicaciones sobre la legalidad del juicio político contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la OEA, el cual fue respondido también por el Congreso, que negó que se trate de un "golpe de Estado".
"La OEA envió un documento tonto, malhecho, y quien tiene que responder por el juicio político es el Congreso, no el Poder Ejecutivo. Entonces yo pasé la respuesta al Congreso", dijo el canciller Serra.
El jueves comenzará la sesión final del juicio contra Rousseff, quien se dice víctima de traición por parte del vicepresidente y presidente interino, Michel Temer, y de un golpe parlamentario por parte de partidos que buscan cerrar las investigaciones por corrupción originadas en la Operación Lava Jato y extendidas a varios otros casos.
La comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una misiva con cuestionamientos, al responder a un pedido hecho por tres diputados del Partido de los Trabajadores y un senador del Partido Democrático Laborista (PDT).
Según Serra, no existe un golpe o estado de excepción en Brasil: "Quien siguió el tema de cerca sabe que es un proceso constitucional supervisado por el Poder Judicial, Brasil es absolutamente democrático".
La misiva fue enviada por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Mario López, en respuesta al pedido de una intervención urgente del organismo continental por parte del PT para anular el juicio político, en el cual Rousseff es acusada por delitos de alteraciones en las prioridades del presupuesto 2015.
El Congreso respondió al pedido de la Cidh hecho inicialmente a la cancillería.
"La OEA envió un documento tonto, malhecho, y quien tiene que responder por el juicio político es el Congreso, no el Poder Ejecutivo. Entonces yo pasé la respuesta al Congreso", dijo el canciller Serra.
El jueves comenzará la sesión final del juicio contra Rousseff, quien se dice víctima de traición por parte del vicepresidente y presidente interino, Michel Temer, y de un golpe parlamentario por parte de partidos que buscan cerrar las investigaciones por corrupción originadas en la Operación Lava Jato y extendidas a varios otros casos.
La comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una misiva con cuestionamientos, al responder a un pedido hecho por tres diputados del Partido de los Trabajadores y un senador del Partido Democrático Laborista (PDT).
Según Serra, no existe un golpe o estado de excepción en Brasil: "Quien siguió el tema de cerca sabe que es un proceso constitucional supervisado por el Poder Judicial, Brasil es absolutamente democrático".
La misiva fue enviada por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Mario López, en respuesta al pedido de una intervención urgente del organismo continental por parte del PT para anular el juicio político, en el cual Rousseff es acusada por delitos de alteraciones en las prioridades del presupuesto 2015.
El Congreso respondió al pedido de la Cidh hecho inicialmente a la cancillería.
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El canciller brasileño, José Serra, calificó de "tonto" el pedido de explicaciones sobre la legalidad del juicio político contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la OEA, el cual fue respondido también por el Congreso, que negó que se trate de un "golpe de Estado".
"La OEA envió un documento tonto, malhecho, y quien tiene que responder por el juicio político es el Congreso, no el Poder Ejecutivo. Entonces yo pasé la respuesta al Congreso", dijo el canciller Serra.
El jueves comenzará la sesión final del juicio contra Rousseff, quien se dice víctima de traición por parte del vicepresidente y presidente interino, Michel Temer, y de un golpe parlamentario por parte de partidos que buscan cerrar las investigaciones por corrupción originadas en la Operación Lava Jato y extendidas a varios otros casos.
La comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una misiva con cuestionamientos, al responder a un pedido hecho por tres diputados del Partido de los Trabajadores y un senador del Partido Democrático Laborista (PDT).
Según Serra, no existe un golpe o estado de excepción en Brasil: "Quien siguió el tema de cerca sabe que es un proceso constitucional supervisado por el Poder Judicial, Brasil es absolutamente democrático".
La misiva fue enviada por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Mario López, en respuesta al pedido de una intervención urgente del organismo continental por parte del PT para anular el juicio político, en el cual Rousseff es acusada por delitos de alteraciones en las prioridades del presupuesto 2015.
El Congreso respondió al pedido de la Cidh hecho inicialmente a la cancillería.
"La OEA envió un documento tonto, malhecho, y quien tiene que responder por el juicio político es el Congreso, no el Poder Ejecutivo. Entonces yo pasé la respuesta al Congreso", dijo el canciller Serra.
El jueves comenzará la sesión final del juicio contra Rousseff, quien se dice víctima de traición por parte del vicepresidente y presidente interino, Michel Temer, y de un golpe parlamentario por parte de partidos que buscan cerrar las investigaciones por corrupción originadas en la Operación Lava Jato y extendidas a varios otros casos.
La comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una misiva con cuestionamientos, al responder a un pedido hecho por tres diputados del Partido de los Trabajadores y un senador del Partido Democrático Laborista (PDT).
Según Serra, no existe un golpe o estado de excepción en Brasil: "Quien siguió el tema de cerca sabe que es un proceso constitucional supervisado por el Poder Judicial, Brasil es absolutamente democrático".
La misiva fue enviada por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Mario López, en respuesta al pedido de una intervención urgente del organismo continental por parte del PT para anular el juicio político, en el cual Rousseff es acusada por delitos de alteraciones en las prioridades del presupuesto 2015.
El Congreso respondió al pedido de la Cidh hecho inicialmente a la cancillería.