"Estamos viviendo un momento dramático de la historia de nuestro país", dijo el presidente del Senado, Renán Calheiros, antes de ceder la conducción de los trabajos, hasta el día 30 o 31, al titular del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, quien será el juez de una cámara alta que se convertirá en tribunal.
La mandataria está acusada de delitos de responsabilidad por haber alterado con tres decretos las prioridades de partidas presupuestarias y de valerse de los bancos públicos para pagar subsidios de productores rurales, algo conocido en Brasil como "pedalada fiscal" y que Rousseff califica como un motivo banal para asestarle un "golpe parlamentario".
Todas las apuestas en el ámbito político de Brasilia y el empresarial-
financiero en San Pablo indican que Rousseff será destituida, para lo cual se necesitan en el Senado dos terceras partes de los votos, esto es 54 sobre 81.
Según la hoja de ruta trazada con acuerdo de los jefes de bloque y Lewandowski,hoy y mañana y, si es necesario, sábado y domingo, se escucharán a los testigos de las partes; y el lunes será el turno del discurso de 30 minutos de la propia Rousseff, que será interrogada por sus acusadores y aliados.
Afuera del Congreso, movimientos sociales y sindicales prometieron acudir para respaldar a la mandataria suspendida desde el 12 de mayo.
El martes 30 cada senador podrá hablar por 10 minutos y luego será el turno de la acusación y la defensa.
Para intentar seducir a los pocos indecisos que quedan, los movimientos sociales de izquierda han calificado de golpistas a quienes han aprobado, tanto en comisión como en el plenario para recibir denuncias, el expediente acusatorio contra Rousseff.
Rousseff, en cambio, apunta a la salida institucional: solucionar con un llamado a elecciones la crisis política que se arrastra desde que en 2014 fue reelecta en medio de una investigación sobre una colosal red de sobornos a directivos de la estatal Petrobras que recaudaban dinero para campañas políticas de las empresas constructoras que lograban contratos en forma fraudulenta.
En ese marco, es la segunda vez desde el fin de la dictadura militar, en 1985, que Brasil asiste a un juicio político: ya había sometido, pero por corrupción, a Fernando Collor de Mello, quien renunció al cargo antes de ser destituido por el Senado, aunque luego fue absuelto en el ámbito penal y hoy es senador.
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"Estamos viviendo un momento dramático de la historia de nuestro país", dijo el presidente del Senado, Renán Calheiros, antes de ceder la conducción de los trabajos, hasta el día 30 o 31, al titular del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, quien será el juez de una cámara alta que se convertirá en tribunal.
La mandataria está acusada de delitos de responsabilidad por haber alterado con tres decretos las prioridades de partidas presupuestarias y de valerse de los bancos públicos para pagar subsidios de productores rurales, algo conocido en Brasil como "pedalada fiscal" y que Rousseff califica como un motivo banal para asestarle un "golpe parlamentario".
Todas las apuestas en el ámbito político de Brasilia y el empresarial-
financiero en San Pablo indican que Rousseff será destituida, para lo cual se necesitan en el Senado dos terceras partes de los votos, esto es 54 sobre 81.
Según la hoja de ruta trazada con acuerdo de los jefes de bloque y Lewandowski,hoy y mañana y, si es necesario, sábado y domingo, se escucharán a los testigos de las partes; y el lunes será el turno del discurso de 30 minutos de la propia Rousseff, que será interrogada por sus acusadores y aliados.
Afuera del Congreso, movimientos sociales y sindicales prometieron acudir para respaldar a la mandataria suspendida desde el 12 de mayo.
El martes 30 cada senador podrá hablar por 10 minutos y luego será el turno de la acusación y la defensa.
Para intentar seducir a los pocos indecisos que quedan, los movimientos sociales de izquierda han calificado de golpistas a quienes han aprobado, tanto en comisión como en el plenario para recibir denuncias, el expediente acusatorio contra Rousseff.
Rousseff, en cambio, apunta a la salida institucional: solucionar con un llamado a elecciones la crisis política que se arrastra desde que en 2014 fue reelecta en medio de una investigación sobre una colosal red de sobornos a directivos de la estatal Petrobras que recaudaban dinero para campañas políticas de las empresas constructoras que lograban contratos en forma fraudulenta.
En ese marco, es la segunda vez desde el fin de la dictadura militar, en 1985, que Brasil asiste a un juicio político: ya había sometido, pero por corrupción, a Fernando Collor de Mello, quien renunció al cargo antes de ser destituido por el Senado, aunque luego fue absuelto en el ámbito penal y hoy es senador.