Además el Tribunal resolvió declarar la nulidad de los alegatos producidos por la querella representada por Fernando Pedicone. Cabe recordar que la querella había solicitado 14 años de prisión para Alfaro y prisión perpetua para García, luego de considerar que como funcionario de la fuerza tendría que haber detenido la agresión.
Alfaro y García son cuñados y la noche del jueves 12 de febrero salieron de su casa, como lo hicieron casi todos los vecinos de esa localidad, alertados porque dos sujetos fueron vistos tratando de ingresar a robar en una vivienda.
Jonathan Padilla y Luis Vargas escapaban como podían de una turba enardecida, que harta de ser víctimas de inseguridad decidió "atrapar" a los supuestos delincuentes.
Los únicos tres efectivos que estaban de guardia esa noche en la subcomisaría sanantoneña fueron alertados por el hecho.
Los sospechosos eran "pescadores" con residencia en nuestra ciudad capital, a los que entre sus pertenencias les secuestraron tenazas, destornilladores, ganzúas y otros elementos que nada tienen que ver con la práctica de ese pasatiempo. Habían llegado a bordo de una camioneta utilitaria marca Renault Kangoo de color blanca, que ante la situación, el conductor optó por darse a la fuga.
Alfaro era dueño de una sandwichería y semanas antes del hecho de sangre fue asaltado con un arma de fuego por dos delincuentes que se llevaron un televisor y la poca recaudación del día. Su cuñado, el prefecto García estaba de vacaciones y juntos salieron a la calle alertados por los gritos de los vecinos.
El joven que resultó con la herida fatal era sobrino del diputado provincial Emilio Cayo, quien integraba el bloque Fuyo y es uno de los referentes de la Organización Odij, quien por esos tiempos regenteaba unos tinglados y organizaba bailes los fines de semana.
Este hecho dejó al descubierto la casi inexistente presencia policial en los poblados alejados del ejido capitalino. La falta de insumos en las salas de primeros auxilios, la poca iluminación en las calles y esa sensación de desprotección con la que día a día tienen que convivir los vecinos.
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Además el Tribunal resolvió declarar la nulidad de los alegatos producidos por la querella representada por Fernando Pedicone. Cabe recordar que la querella había solicitado 14 años de prisión para Alfaro y prisión perpetua para García, luego de considerar que como funcionario de la fuerza tendría que haber detenido la agresión.
Alfaro y García son cuñados y la noche del jueves 12 de febrero salieron de su casa, como lo hicieron casi todos los vecinos de esa localidad, alertados porque dos sujetos fueron vistos tratando de ingresar a robar en una vivienda.
Jonathan Padilla y Luis Vargas escapaban como podían de una turba enardecida, que harta de ser víctimas de inseguridad decidió "atrapar" a los supuestos delincuentes.
Los únicos tres efectivos que estaban de guardia esa noche en la subcomisaría sanantoneña fueron alertados por el hecho.
Los sospechosos eran "pescadores" con residencia en nuestra ciudad capital, a los que entre sus pertenencias les secuestraron tenazas, destornilladores, ganzúas y otros elementos que nada tienen que ver con la práctica de ese pasatiempo. Habían llegado a bordo de una camioneta utilitaria marca Renault Kangoo de color blanca, que ante la situación, el conductor optó por darse a la fuga.
Alfaro era dueño de una sandwichería y semanas antes del hecho de sangre fue asaltado con un arma de fuego por dos delincuentes que se llevaron un televisor y la poca recaudación del día. Su cuñado, el prefecto García estaba de vacaciones y juntos salieron a la calle alertados por los gritos de los vecinos.
El joven que resultó con la herida fatal era sobrino del diputado provincial Emilio Cayo, quien integraba el bloque Fuyo y es uno de los referentes de la Organización Odij, quien por esos tiempos regenteaba unos tinglados y organizaba bailes los fines de semana.
Este hecho dejó al descubierto la casi inexistente presencia policial en los poblados alejados del ejido capitalino. La falta de insumos en las salas de primeros auxilios, la poca iluminación en las calles y esa sensación de desprotección con la que día a día tienen que convivir los vecinos.