Los Defensores del Pueblo de todo el país coincidieron ayer en reclamar al gobierno nacional la conformación de una tarifa social única y automática para todos los servicios públicos, atar los aumentos a la evolución de los salarios, junto con la necesidad de contar con la plena vigencia de las leyes de entidades de bien público y clubes de barrio, y que se reconozca el acceso a los servicios como "derechos humanos".
El encargado de abrir el bloque fue el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien planteó la necesidad de observar los conceptos de "progresividad, proporcionalidad y razonabilidad" del fallo de la Corte Suprema que anuló los incrementos del gas que el Gobierno pretendía implementar con vigencia al 1 de abril.
"Defendemos el derecho de una tarifa social única y automática, porque la descripción que hace el gobierno es mirando a las empresas como inversoras, pero el Estado tiene otro rol que es mirar a las personas que están en unas situación más desfavorable ya sea de los sectores bajos, medios, comerciantes, pymes e industrias", planteó Amor, también presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo.
En una posición que fue respaldada por los defensores de municipios y provincias que siguieron a su exposición, Amor dijo que "no puede haber diferencia en las condiciones de accesibilidad, porque lo que el Estado observa la situación de vulnerabilidad de la persona, y si es vulnerable para la tarifa del agua lo es para la del gas y la de la luz".
El encargado de abrir el bloque fue el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien planteó la necesidad de observar los conceptos de "progresividad, proporcionalidad y razonabilidad" del fallo de la Corte Suprema que anuló los incrementos del gas que el Gobierno pretendía implementar con vigencia al 1 de abril.
"Defendemos el derecho de una tarifa social única y automática, porque la descripción que hace el gobierno es mirando a las empresas como inversoras, pero el Estado tiene otro rol que es mirar a las personas que están en unas situación más desfavorable ya sea de los sectores bajos, medios, comerciantes, pymes e industrias", planteó Amor, también presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo.
En una posición que fue respaldada por los defensores de municipios y provincias que siguieron a su exposición, Amor dijo que "no puede haber diferencia en las condiciones de accesibilidad, porque lo que el Estado observa la situación de vulnerabilidad de la persona, y si es vulnerable para la tarifa del agua lo es para la del gas y la de la luz".
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
Los Defensores del Pueblo de todo el país coincidieron ayer en reclamar al gobierno nacional la conformación de una tarifa social única y automática para todos los servicios públicos, atar los aumentos a la evolución de los salarios, junto con la necesidad de contar con la plena vigencia de las leyes de entidades de bien público y clubes de barrio, y que se reconozca el acceso a los servicios como "derechos humanos".
El encargado de abrir el bloque fue el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien planteó la necesidad de observar los conceptos de "progresividad, proporcionalidad y razonabilidad" del fallo de la Corte Suprema que anuló los incrementos del gas que el Gobierno pretendía implementar con vigencia al 1 de abril.
"Defendemos el derecho de una tarifa social única y automática, porque la descripción que hace el gobierno es mirando a las empresas como inversoras, pero el Estado tiene otro rol que es mirar a las personas que están en unas situación más desfavorable ya sea de los sectores bajos, medios, comerciantes, pymes e industrias", planteó Amor, también presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo.
En una posición que fue respaldada por los defensores de municipios y provincias que siguieron a su exposición, Amor dijo que "no puede haber diferencia en las condiciones de accesibilidad, porque lo que el Estado observa la situación de vulnerabilidad de la persona, y si es vulnerable para la tarifa del agua lo es para la del gas y la de la luz".
El encargado de abrir el bloque fue el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien planteó la necesidad de observar los conceptos de "progresividad, proporcionalidad y razonabilidad" del fallo de la Corte Suprema que anuló los incrementos del gas que el Gobierno pretendía implementar con vigencia al 1 de abril.
"Defendemos el derecho de una tarifa social única y automática, porque la descripción que hace el gobierno es mirando a las empresas como inversoras, pero el Estado tiene otro rol que es mirar a las personas que están en unas situación más desfavorable ya sea de los sectores bajos, medios, comerciantes, pymes e industrias", planteó Amor, también presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo.
En una posición que fue respaldada por los defensores de municipios y provincias que siguieron a su exposición, Amor dijo que "no puede haber diferencia en las condiciones de accesibilidad, porque lo que el Estado observa la situación de vulnerabilidad de la persona, y si es vulnerable para la tarifa del agua lo es para la del gas y la de la luz".