La Corte Suprema de Justicia ordenó en la jornada de ayer al Gobierno de San Juan que indique si las empresas Minera Argentina Gold S.A. y Barrick Exploraciones Gold S.A. han informado sobre los derrames de cianuro ocurridos en la mina Veladero el año pasado y el 8 de septiembre pasado.
Por otra parte, el Tribunal pidió al Gobierno provincial que explique si puso en conocimiento de los habitantes potencialmente afectados la existencia y alcance de los derrames referidos.
En tanto, el juez federal Sebastián Casanello dispuso en la jornada de ayer nuevos operativos en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y otros organismos para buscar información sobre los controles que se hicieron en la mina.
Fue ante nuevas medidas de prueba solicitadas por el fiscal Ramiro González a raíz del derrame registrado en Veladero en los últimos días.
En la Justicia de la Capital Federal sí se investiga si existieron diferentes incumplimientos u omisiones por parte de funcionarios nacionales los cuales estarían directamente relacionados con el funcionamiento del proyecto minero Veladero.
En cuanto al pedido de la Corte, el Tribunal busca establecer "en especial si ha comunicado las consecuencias que de tales hechos podrían derivarse para la salud y la vida de aquéllos y las medidas concretas que la comunidad debería adoptar para prevenir riesgos o combatir eventuales problemas de salud que de ellos se deriven".
La decisión de la Corte es a partir de un pedido de la Fundación Ciudadanos Independientes en el que reclama saber sobre la legalidad de las autorizaciones para explotar los proyectos mineros señalados, todos ellos ubicados en la zona cordillerana donde existen glaciares que requieren protección, y sobre el riesgo a la salud que provoca la actividad minera.
Según la demandante, la "comisión legislativa del Estado Nacional en el dictado de la Ley de Protección de Glaciares permitió que la provincia autorizara la actividad minera en la zona".
"Los hechos que se denuncian exigen de esta Corte el ejercicio del control encomendado a la Justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, la adopción de las medidas conducentes que, sin menoscabar las atribuciones de estos últimos, tiendan a sostener la observancia de la Constitución Nacional", sostuvo la Corte en su fallo al que accedió la agencia de noticias NA.
El Tribunal remarcó que "le corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento".

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