La defensa del exvicepresidente Amado Boudou apeló ayer su procesamiento en el marco de la causa en la que se lo investiga por la la compra de 19 automóviles de lujo cuando era ministro de Economía, que habrían sido parados con sobreprecios a un empresario que era su amigo.
La defensa presentó un escrito en el que sostuvo que el procesamiento de su defendido no estaba relacionado con el desarrollo de la causa porque allí constaba que Boudou "no tuvo ninguna participación en el trámite del expediente administrativo" que dio lugar a la compra de los autos.
Cuando procesó al exfuncionario por "administración fraudulenta agravada", el juez federal Sergio Torres sostuvo que la compra de los autos de alta gama "implicó la adquisición de un lote de vehículos no esenciales para el Ministerio".
La defensa presentó un escrito en el que sostuvo que el procesamiento de su defendido no estaba relacionado con el desarrollo de la causa porque allí constaba que Boudou "no tuvo ninguna participación en el trámite del expediente administrativo" que dio lugar a la compra de los autos.
Cuando procesó al exfuncionario por "administración fraudulenta agravada", el juez federal Sergio Torres sostuvo que la compra de los autos de alta gama "implicó la adquisición de un lote de vehículos no esenciales para el Ministerio".
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La defensa presentó un escrito en el que sostuvo que el procesamiento de su defendido no estaba relacionado con el desarrollo de la causa porque allí constaba que Boudou "no tuvo ninguna participación en el trámite del expediente administrativo" que dio lugar a la compra de los autos.
Cuando procesó al exfuncionario por "administración fraudulenta agravada", el juez federal Sergio Torres sostuvo que la compra de los autos de alta gama "implicó la adquisición de un lote de vehículos no esenciales para el Ministerio".
La defensa presentó un escrito en el que sostuvo que el procesamiento de su defendido no estaba relacionado con el desarrollo de la causa porque allí constaba que Boudou "no tuvo ninguna participación en el trámite del expediente administrativo" que dio lugar a la compra de los autos.
Cuando procesó al exfuncionario por "administración fraudulenta agravada", el juez federal Sergio Torres sostuvo que la compra de los autos de alta gama "implicó la adquisición de un lote de vehículos no esenciales para el Ministerio".