"Nos parece una cifra muy importante, sobre todo si se tiene en cuenta que casi el 70 por ciento de lo declarado es deuda nueva que no había ingresado a planes anteriores", destacó el director de la Afip, Alberto Abad, quien dio a conocer las cifras a la prensa.
Esta moratoria se lanzó a la par del programa de Sinceramiento Fiscal, más conocido como "blanqueo" para que los contribuyentes puedan regularizar la deuda que tienen, ya sea la no declarada o lo que estaba en planes de regularización.
De los 49.700 millones de pesos declarados desde el mes de agosto del año pasado y hasta el 10 de enero del actual, el 80%, unos 39 mil millones de pesos, corresponden a medianas y grandes empresas, y el resto 10.700 millones, a micro y pequeñas compañías.
El 67 % de los planes corresponden a deuda nueva, es decir, que no habían ingresado a otros programas de regularización anteriores.
El 33 % restante son reformulación de planes vigentes, y dentro de ellos la mitad corresponde a los planes de 120 cuotas que se había lanzado en el 2015, durante el último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
El 6% de la deuda se canceló al contado, y el resto se paga en cuotas que pueden ser de hasta 90 meses en el caso de la explotaciones agropecuarias en emergencia, cuotas que se pagan a través de débito automático de los bancos.
Esta moratoria, al igual que el blanqueo de bienes y cuentas, vence el 31 de marzo, y a partir de allí la Afip endurecerá las condiciones para acceder a cualquier tipo de plan de normalización.
Así, los planes serán limitados en tipos y cuotas, con tasas mayores a las del sistema financiero "porque nosotros no vamos a financiar a los morosos", explicó Abad.
Tampoco, después del vencimiento, habrá condonaciones no liberaciones, y es posible la exigencia de garantías para los pagos de montos relevantes.
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"Nos parece una cifra muy importante, sobre todo si se tiene en cuenta que casi el 70 por ciento de lo declarado es deuda nueva que no había ingresado a planes anteriores", destacó el director de la Afip, Alberto Abad, quien dio a conocer las cifras a la prensa.
Esta moratoria se lanzó a la par del programa de Sinceramiento Fiscal, más conocido como "blanqueo" para que los contribuyentes puedan regularizar la deuda que tienen, ya sea la no declarada o lo que estaba en planes de regularización.
De los 49.700 millones de pesos declarados desde el mes de agosto del año pasado y hasta el 10 de enero del actual, el 80%, unos 39 mil millones de pesos, corresponden a medianas y grandes empresas, y el resto 10.700 millones, a micro y pequeñas compañías.
El 67 % de los planes corresponden a deuda nueva, es decir, que no habían ingresado a otros programas de regularización anteriores.
El 33 % restante son reformulación de planes vigentes, y dentro de ellos la mitad corresponde a los planes de 120 cuotas que se había lanzado en el 2015, durante el último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
El 6% de la deuda se canceló al contado, y el resto se paga en cuotas que pueden ser de hasta 90 meses en el caso de la explotaciones agropecuarias en emergencia, cuotas que se pagan a través de débito automático de los bancos.
Esta moratoria, al igual que el blanqueo de bienes y cuentas, vence el 31 de marzo, y a partir de allí la Afip endurecerá las condiciones para acceder a cualquier tipo de plan de normalización.
Así, los planes serán limitados en tipos y cuotas, con tasas mayores a las del sistema financiero "porque nosotros no vamos a financiar a los morosos", explicó Abad.
Tampoco, después del vencimiento, habrá condonaciones no liberaciones, y es posible la exigencia de garantías para los pagos de montos relevantes.