El gobierno nacional, a través de un decreto suscrito por el presidente Mauricio Macri y la ministra Patricia Bullrich, prorrogó por un año la vigencia de la emergencia de seguridad que había sido dictada en enero del año pasado, a poco de iniciada la gestión de Cambiemos.
Los considerandos del decreto publicado ayer en el Boletín Oficial dan cuenta de las motivaciones originales de la medidas y explican que, un año atrás, el Ejecutivo tomó la determinación de declarar la emergencia por "la falta de respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad por parte del Estado".
"El impacto de la inseguridad social sobre los sectores vulnerables del pueblo argentino, los delitos de trata de personas, el narcotráfico y sus delitos asociados; así como la evolución del crimen complejo a versiones más sofisticadas que asumen diferentes aristas, considerando que afectan no solo a la salud y a la seguridad ciudadana, sino que importa, en el caso del delito del narcotráfico, una violación a la soberanía nacional", señala el escrito.
Por otra parte, se enumeran las medidas destinadas "a dar cumplimiento al decreto de Emergencia de Seguridad Pública, tales como la puesta en marcha del Operativo Fronteras" que ha dado por resultado "el secuestro de grandes cantidades de drogas y precursores químicos".
Otros puntos destacados por la administración federal son el Programa Barrios Seguros y el dedicado al deporte, Tribuna Segura.
También se destaca la "innovación legislativa" en la lucha contra el narcotráfico, tras la aprobación de un procedimiento especial para los delitos cometidos en flagrancia, otro tendiente a penalizar el desvío de los precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes, y la regulación de institutos jurídicos para la investigación como la figura del "arrepentido", el "agente encubierto", "agente revelador", "informante", "entrega vigilada" y "prórroga de jurisdicción".
Sobre el tema opinó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, según quién la tarea en esta materia "recién empieza" y que, si bien se realizó mucho, se está "lejos de los estándares" deseados.
"Es un trabajo arduo, recién empieza esto y falta muchísimo para llegar a los estándares que pretendemos, dijo a Radio 10.
La medida, aclara el gobierno nacional, podrá ser prorrogada nuevamente cuando este decreto cumpla un año, en enero de 2018.
Los considerandos del decreto publicado ayer en el Boletín Oficial dan cuenta de las motivaciones originales de la medidas y explican que, un año atrás, el Ejecutivo tomó la determinación de declarar la emergencia por "la falta de respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad por parte del Estado".
"El impacto de la inseguridad social sobre los sectores vulnerables del pueblo argentino, los delitos de trata de personas, el narcotráfico y sus delitos asociados; así como la evolución del crimen complejo a versiones más sofisticadas que asumen diferentes aristas, considerando que afectan no solo a la salud y a la seguridad ciudadana, sino que importa, en el caso del delito del narcotráfico, una violación a la soberanía nacional", señala el escrito.
Por otra parte, se enumeran las medidas destinadas "a dar cumplimiento al decreto de Emergencia de Seguridad Pública, tales como la puesta en marcha del Operativo Fronteras" que ha dado por resultado "el secuestro de grandes cantidades de drogas y precursores químicos".
Otros puntos destacados por la administración federal son el Programa Barrios Seguros y el dedicado al deporte, Tribuna Segura.
También se destaca la "innovación legislativa" en la lucha contra el narcotráfico, tras la aprobación de un procedimiento especial para los delitos cometidos en flagrancia, otro tendiente a penalizar el desvío de los precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes, y la regulación de institutos jurídicos para la investigación como la figura del "arrepentido", el "agente encubierto", "agente revelador", "informante", "entrega vigilada" y "prórroga de jurisdicción".
Sobre el tema opinó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, según quién la tarea en esta materia "recién empieza" y que, si bien se realizó mucho, se está "lejos de los estándares" deseados.
"Es un trabajo arduo, recién empieza esto y falta muchísimo para llegar a los estándares que pretendemos, dijo a Radio 10.
La medida, aclara el gobierno nacional, podrá ser prorrogada nuevamente cuando este decreto cumpla un año, en enero de 2018.
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El gobierno nacional, a través de un decreto suscrito por el presidente Mauricio Macri y la ministra Patricia Bullrich, prorrogó por un año la vigencia de la emergencia de seguridad que había sido dictada en enero del año pasado, a poco de iniciada la gestión de Cambiemos.
Los considerandos del decreto publicado ayer en el Boletín Oficial dan cuenta de las motivaciones originales de la medidas y explican que, un año atrás, el Ejecutivo tomó la determinación de declarar la emergencia por "la falta de respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad por parte del Estado".
"El impacto de la inseguridad social sobre los sectores vulnerables del pueblo argentino, los delitos de trata de personas, el narcotráfico y sus delitos asociados; así como la evolución del crimen complejo a versiones más sofisticadas que asumen diferentes aristas, considerando que afectan no solo a la salud y a la seguridad ciudadana, sino que importa, en el caso del delito del narcotráfico, una violación a la soberanía nacional", señala el escrito.
Por otra parte, se enumeran las medidas destinadas "a dar cumplimiento al decreto de Emergencia de Seguridad Pública, tales como la puesta en marcha del Operativo Fronteras" que ha dado por resultado "el secuestro de grandes cantidades de drogas y precursores químicos".
Otros puntos destacados por la administración federal son el Programa Barrios Seguros y el dedicado al deporte, Tribuna Segura.
También se destaca la "innovación legislativa" en la lucha contra el narcotráfico, tras la aprobación de un procedimiento especial para los delitos cometidos en flagrancia, otro tendiente a penalizar el desvío de los precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes, y la regulación de institutos jurídicos para la investigación como la figura del "arrepentido", el "agente encubierto", "agente revelador", "informante", "entrega vigilada" y "prórroga de jurisdicción".
Sobre el tema opinó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, según quién la tarea en esta materia "recién empieza" y que, si bien se realizó mucho, se está "lejos de los estándares" deseados.
"Es un trabajo arduo, recién empieza esto y falta muchísimo para llegar a los estándares que pretendemos, dijo a Radio 10.
La medida, aclara el gobierno nacional, podrá ser prorrogada nuevamente cuando este decreto cumpla un año, en enero de 2018.
Los considerandos del decreto publicado ayer en el Boletín Oficial dan cuenta de las motivaciones originales de la medidas y explican que, un año atrás, el Ejecutivo tomó la determinación de declarar la emergencia por "la falta de respuesta satisfactoria a las demandas sociales de mayor seguridad por parte del Estado".
"El impacto de la inseguridad social sobre los sectores vulnerables del pueblo argentino, los delitos de trata de personas, el narcotráfico y sus delitos asociados; así como la evolución del crimen complejo a versiones más sofisticadas que asumen diferentes aristas, considerando que afectan no solo a la salud y a la seguridad ciudadana, sino que importa, en el caso del delito del narcotráfico, una violación a la soberanía nacional", señala el escrito.
Por otra parte, se enumeran las medidas destinadas "a dar cumplimiento al decreto de Emergencia de Seguridad Pública, tales como la puesta en marcha del Operativo Fronteras" que ha dado por resultado "el secuestro de grandes cantidades de drogas y precursores químicos".
Otros puntos destacados por la administración federal son el Programa Barrios Seguros y el dedicado al deporte, Tribuna Segura.
También se destaca la "innovación legislativa" en la lucha contra el narcotráfico, tras la aprobación de un procedimiento especial para los delitos cometidos en flagrancia, otro tendiente a penalizar el desvío de los precursores químicos a la producción ilegal de estupefacientes, y la regulación de institutos jurídicos para la investigación como la figura del "arrepentido", el "agente encubierto", "agente revelador", "informante", "entrega vigilada" y "prórroga de jurisdicción".
Sobre el tema opinó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, según quién la tarea en esta materia "recién empieza" y que, si bien se realizó mucho, se está "lejos de los estándares" deseados.
"Es un trabajo arduo, recién empieza esto y falta muchísimo para llegar a los estándares que pretendemos, dijo a Radio 10.
La medida, aclara el gobierno nacional, podrá ser prorrogada nuevamente cuando este decreto cumpla un año, en enero de 2018.