El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó ayer que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que modifica el régimen de riesgos de trabajo (ART) "busca cortar de forma urgente con la industria del juicio laboral, que funciona con una lógica mafiosa".
Peña recordó, además, que el contenido del decreto está en línea "con el proyecto de modificación que salió con alto nivel de consenso" en el Senado de la Nación a fines del año pasado.
De esta forma, a través de un comunicado difundido en la mañana de ayer por la Jefatura de Gabinete, Marcos Peña se refirió al Decreto 54/2017 publicado el lunes en el Boletín Oficial, con reformas al régimen de las ART.
En ese marco, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló el lunes que la reforma que impulsó el Gobierno apunta a "cuidar los derechos de los trabajadores y a darle más certeza" al sistema.
El titular de la cartera laboral explicó que el decreto de necesidad y urgencia, fija "un criterio uniforme para cada uno de los accidentes y de los siniestros que ocurran".
La norma, fechada el pasado viernes y publicada el lunes en el Boletín, establece que las denominadas Comisiones Médicas Jurisdiccionales serán "la instancia única, con carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial".
Además, les fija un plazo máximo de "60 días hábiles administrativos para expedirse" y prevé que ese plazo "será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas", en tanto "la demora injustificada que pudiere imputarse a la respectiva Comisión Médica Jurisdiccional hará incurrir en falta grave a los responsables".
Peña recordó, además, que el contenido del decreto está en línea "con el proyecto de modificación que salió con alto nivel de consenso" en el Senado de la Nación a fines del año pasado.
De esta forma, a través de un comunicado difundido en la mañana de ayer por la Jefatura de Gabinete, Marcos Peña se refirió al Decreto 54/2017 publicado el lunes en el Boletín Oficial, con reformas al régimen de las ART.
En ese marco, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló el lunes que la reforma que impulsó el Gobierno apunta a "cuidar los derechos de los trabajadores y a darle más certeza" al sistema.
El titular de la cartera laboral explicó que el decreto de necesidad y urgencia, fija "un criterio uniforme para cada uno de los accidentes y de los siniestros que ocurran".
La norma, fechada el pasado viernes y publicada el lunes en el Boletín, establece que las denominadas Comisiones Médicas Jurisdiccionales serán "la instancia única, con carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial".
Además, les fija un plazo máximo de "60 días hábiles administrativos para expedirse" y prevé que ese plazo "será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas", en tanto "la demora injustificada que pudiere imputarse a la respectiva Comisión Médica Jurisdiccional hará incurrir en falta grave a los responsables".
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El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó ayer que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional que modifica el régimen de riesgos de trabajo (ART) "busca cortar de forma urgente con la industria del juicio laboral, que funciona con una lógica mafiosa".
Peña recordó, además, que el contenido del decreto está en línea "con el proyecto de modificación que salió con alto nivel de consenso" en el Senado de la Nación a fines del año pasado.
De esta forma, a través de un comunicado difundido en la mañana de ayer por la Jefatura de Gabinete, Marcos Peña se refirió al Decreto 54/2017 publicado el lunes en el Boletín Oficial, con reformas al régimen de las ART.
En ese marco, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló el lunes que la reforma que impulsó el Gobierno apunta a "cuidar los derechos de los trabajadores y a darle más certeza" al sistema.
El titular de la cartera laboral explicó que el decreto de necesidad y urgencia, fija "un criterio uniforme para cada uno de los accidentes y de los siniestros que ocurran".
La norma, fechada el pasado viernes y publicada el lunes en el Boletín, establece que las denominadas Comisiones Médicas Jurisdiccionales serán "la instancia única, con carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial".
Además, les fija un plazo máximo de "60 días hábiles administrativos para expedirse" y prevé que ese plazo "será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas", en tanto "la demora injustificada que pudiere imputarse a la respectiva Comisión Médica Jurisdiccional hará incurrir en falta grave a los responsables".
Peña recordó, además, que el contenido del decreto está en línea "con el proyecto de modificación que salió con alto nivel de consenso" en el Senado de la Nación a fines del año pasado.
De esta forma, a través de un comunicado difundido en la mañana de ayer por la Jefatura de Gabinete, Marcos Peña se refirió al Decreto 54/2017 publicado el lunes en el Boletín Oficial, con reformas al régimen de las ART.
En ese marco, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, señaló el lunes que la reforma que impulsó el Gobierno apunta a "cuidar los derechos de los trabajadores y a darle más certeza" al sistema.
El titular de la cartera laboral explicó que el decreto de necesidad y urgencia, fija "un criterio uniforme para cada uno de los accidentes y de los siniestros que ocurran".
La norma, fechada el pasado viernes y publicada el lunes en el Boletín, establece que las denominadas Comisiones Médicas Jurisdiccionales serán "la instancia única, con carácter obligatorio y excluyente de toda otra actuación, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite u homologue el otorgamiento de las prestaciones dinerarias, en forma previa a dar curso a cualquier acción judicial".
Además, les fija un plazo máximo de "60 días hábiles administrativos para expedirse" y prevé que ese plazo "será prorrogable por cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas", en tanto "la demora injustificada que pudiere imputarse a la respectiva Comisión Médica Jurisdiccional hará incurrir en falta grave a los responsables".