En una nueva escalada del conflicto entre Madrid y Barcelona, el Tribunal Constitucional de España decidió ayer suspender la sesión que el Parlamento catalán había convocado para el próximo lunes para concretar la tan prometida Declaración Unilateral de Independencia, rechazada por el Rey y el gobierno central de Mariano Rajoy, pero ratificada por las autoridades catalanas.
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En una nueva escalada del conflicto entre Madrid y Barcelona, el Tribunal Constitucional de España decidió ayer suspender la sesión que el Parlamento catalán había convocado para el próximo lunes para concretar la tan prometida Declaración Unilateral de Independencia, rechazada por el Rey y el gobierno central de Mariano Rajoy, pero ratificada por las autoridades catalanas.
La resolución del máximo tribunal de justicia de España reavivó la pulseada que mantiene en vilo al país y alimentó el clima de incertidumbre, especialmente luego de que la presidente del Parlamento catalán, Carme Forcadell, reconociera que aún no decidió "lo que va a hacer el lunes". Sin saber qué sucederá en cuatro días, las principales organizaciones civiles independentistas de Cataluña, la Asamblea Nacional Catalana y ãmnium Cultural, llamaron ayer a una movilización popular el próximo lunes para apoyar la sesión del parlamento regional. Además, pidieron respetar la convocatoria de sectores nacionalistas contrarios a la secesión para el domingo y evitar enfrentamientos.
La organización política Sociedad Civil Catalana llamó ayer a manifestarse a favor de la unidad de España en el centro de Barcelona y rápidamente la asociación Empresarios de Cataluña adhirió a la convocatoria.
En medio de este clima de creciente tensión, la segunda fuerza del país, el Partido Socialista Español (Psoe) dejó de lado las ambigedades y se lanzó al ataque de la aventura independentista catalana.
Primero la rama del partido en Cataluña presentó el amparo que provocó el fallo de ayer del Tribunal Constitucional de España y luego, el secretario general de la fuerza, Pedro Sánchez, celebró el fin del plan del gobierno catalán de declarar la independencia.
Los socialistas catalanes habían decidido reaccionar luego que el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, anunciara su voluntad de analizar la abrumadora victoria del "Sí" en el referéndum del domingo pasado ante el Parlamento regional.
Más tarde, la CUP, un partido anticapitalista que acompaña al gobierno de derecha de Puigdemont en esta cruzada independentista, había anunciado que en esa sesión se declararía finalmente la secesión del Estado de España.
Los socialistas catalanes decidieron entonces impugnar la sesión ante la máxima corte del país y argumentaron que todo el proceso se basó en la Ley del Referéndum, aprobada el 6 de septiembre pasado e ilegalizada poco después por ese mismo tribunal.
El gobierno central de Rajoy respondió ese mismo domingo reprimiendo a todas las personas vinculadas con la consulta popular ilegal y el saldo final de una de las jornadas más violentas de las últimas décadas en España terminó con casi 900 heridos. El presidente del gobierno español ratificó ayer que no abrirá un diálogo con el gobierno catalán hasta que éste abandone su intención de declarar unilateralmente la independencia y defendió ayer su decisión de reprimir el domingo. "Hice lo que creía que debía de hacer", aseguró en una entrevista.
Guiño de Rajoy a las empresas
La Bolsa madrileña, el principal mercado de valores de España, cerró con un incremento del 2,51 por ciento, el segundo mayor del año, impulsado en gran parte por la decisión de Sabadell, cuyas acciones se dispararon más de seis puntos, y por la posibilidad de que el tercer banco español y el más grande entre los catalanes, CaixaBank, también abandone Cataluña.
El vicepresidente catalán, el independentista Oriol Junqueras, aseguró que no cree que vaya a haber una huida de empresas de la región -la más rica de España, con casi un quinto de su PBI-, e insistió en que otros indicadores, como la Inversión Extranjera Directa (IED) en Cataluña, muestran una tendencia distinta.
“Somos gente responsable, gestionaremos con responsabilidad la situación”, dijo Junqueras en una entrevista con el canal de televisión español La Sexta.
A diferencia del Sabadell, los estatutos de CaixaBank no permiten el cambio de sede con un mero acuerdo del consejo de administración, sino que requieren la aprobación de los accionistas, por lo que el gobierno aprobará, previsiblemente durante esta jornada, un decreto que cambia el marco normativo para facilitar estos traslados.
Según informó la prensa española, que citó a fuentes del Ejecutivo del presidente Mariano Rajoy, el decreto está confeccionado a medida para CaixaBank -cuyas acciones subieron ayer casi 5%- ya que permitiría a la entidad catalana llevar su sede social fuera de Cataluña sin necesidad de convocar una junta de accionistas.
Apenas trascendió la información de que el gobierno aprobará el decreto, el consejo de administración de CaixaBank anunció una reunión para hoy, y El País y otros diarios españoles afirmaron que en la sesión aprobará un cambio de sede social.
Para convocar un consejo de accionistas, aprobar el cambio y registrarlo, haría falta casi un mes, demasiado tiempo para clientes que ya están inquietos desde hace tiempo, confirmaron a El País fuentes de la entidad.
De esta forma, el mayor banco de Cataluña quiere acabar con la inquietud generada entre su clientela por las consecuencias que podría tener una declaración unilateral de independencia y pretende frenar la salida de depósitos hacia la competencia.
Además de Sabadell, otras empresas anunciaron ya el cambio de domicilio social a otras ciudades fuera de Cataluña, como, por ejemplo, la biotecnológica Oryzon o la teleoperadora Eurona o el grupo odontológico Proclinic Expert, que se trasladan a Madrid.
El grupo asegurador Catalana Occidente también envió ayer una nota a sus empleados en los que asegura que tomará todas las medidas necesarias para garantizar que su actividad pueda desarrollarse.