“Esta gestión heredó este problema. Heredamos (el problema de) tratar de cobrar esa acreencia que quedaba desde el 2003. No teníamos muchas alternativas. Las alternativas son las que están en la ley. La ley fija los parámetros”, consideró.
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“Esta gestión heredó este problema. Heredamos (el problema de) tratar de cobrar esa acreencia que quedaba desde el 2003. No teníamos muchas alternativas. Las alternativas son las que están en la ley. La ley fija los parámetros”, consideró.
El funcionario sostuvo que una de “las opciones era seguir haciendo lo que se hizo durante diez años, es decir, la omisión, donde el acreedor no aceptaba la propuesta del deudor”.
“La segunda opción es pedir la quiebra y tampoco íbamos a lograr nada. La quiebra no soluciona el problema porque esta empresa no tiene bienes porque fue desapoderada”, continuó el dirigente radical, al hacer alusión a la estatización del Correo en 2003.
La tercera opción, dijo el ministro, “era intentar cobrar ese 10 por ciento que quedaba” y agregó: “Hicimos lo que pudimos. Obviamente, que hay un enorme quebranto en perjuicio del Estado”.
Pese a admitir el perjuicio al patrimonio público, Aguad negó que exista un “conflicto de intereses” en el convenio, aunque aceptó que “existe una duda” al respecto y que por eso el Presidente ordenó volver a “foja cero” el trámite y propuso elaborar un “protocolo” para proceder en los casos en que estén comprometidos funcionarios públicos.
“Nosotros estamos tratando de ser lo más transparentes que podamos. Obviamente que siempre se puede hacer algo más. Yo creo que no hay conflicto de intereses. De todos modos, existe una duda sobre eso. Por eso el Presidente entiende que tenemos que hacer un protocolo para los casos donde se pueda entender que hay conflicto de intereses”, subrayó.