Con la firma de 15 diputados del Frente para la Victoria-PJ, encabezados por el entrerriano Julio Solanas, se presentó ayer un proyecto de resolución pidiendo el juicio político del presidente por el caso del Correo.
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Con la firma de 15 diputados del Frente para la Victoria-PJ, encabezados por el entrerriano Julio Solanas, se presentó ayer un proyecto de resolución pidiendo el juicio político del presidente por el caso del Correo.
Macri y Aguad fueron imputados la semana pasada por el fallido acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa de Franco Macri.
En un nuevo capítulo del escándalo por el fallido acuerdo que hubiera convalidado una quita de deuda en el orden de los 70 mil millones de pesos a favor de la empresa de Franco Macri, quien gestionaba el Correo Argentino previamente a su estatización, el kirchnerismo apuesta a fondo y apunta a la cabeza presidencial, a quien acusa de “mal desempeño” y de cometer “delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Concretamente, aseguran que la conducta de Macri, como la de su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se encuadra en “al menos dos delitos”: “Fraude en perjuicio de la administración pública” y “negocios incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.
Macri y Aguad fueron imputados por el fallido acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa de Franco Macri (que administró el Correo hasta su estatización en 2003) para condonar una deuda estimada en 70 mil millones de pesos.
En los fundamentos del proyecto, denuncian un “perjuicio fiscal que afectaría gravemente al patrimonio estatal” a la luz del dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, quien advirtió sobre un acuerdo “abusivo” que “equivale a una condonación” a favor de la empresa de la familia Macri.
En tanto, resaltan que el convenio suscrito, que el jueves pasado fue retractado y vuelto a “foja cero” por decisión del propio Presidente al calor de las feroces críticas que llovieron desde la oposición, “implica un cambio de estrategia” y un “cambio de timón” respecto de lo actuado por la a sucesivamente “rechazando propuestas que resultaban contrarias al interés general” y al “patrimonio del Estado Argentino”.
Según consideran, la decisión del Ejecutivo Nacional -que autorizó al Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, a sellar el acuerdo- “ha violado la ley de Ética Pública, en virtud del conflicto de interés que surge de la intervención de funcionarios públicos, dependientes del Presidente de la Nación, y por cuya intervención han resultado beneficiarios familiares del Jefe de Estado, con grave perjuicio al interés de la comunidad”.
Por todo esto, concluyen que “existen sobrados motivos para iniciar el proceso de acusación ante el Honorable Senado de la Nación, visto la necesidad de evaluar la responsabilidad política del Presidente, por maldesempeño y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
“Es por ello, que venimos a instar la promoción del pedido de Juicio Político, en virtud de encontrarnos ante una conducta reñida con la transparencia y que afectan al Estado, en sus instituciones pero también fundamentalmente al vínculoentre los funcionarios y el pueblo”, finalizan.