El Gobierno oficializó ayer la concesión de rutas aéreas a Avian Líneas Aéreas Sociedad Anónima, propiedad de la colombiana Avianca, que de este modo podrá operar 16 rutas de cabotaje por el país y a Brasil y Uruguay, durante quince años.
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El Gobierno oficializó ayer la concesión de rutas aéreas a Avian Líneas Aéreas Sociedad Anónima, propiedad de la colombiana Avianca, que de este modo podrá operar 16 rutas de cabotaje por el país y a Brasil y Uruguay, durante quince años.
La decisión quedó establecida a partir de una resolución del Ministerio de Transporte, que se publicó ayer en el Boletín Oficial.
Según el texto, la empresa podrá explotar "servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo, con aeronaves de gran porte y con facultad de alterar u omitir escalas".
Las rutas que podrá operar Avian son: Buenos Aires-Santa Fe- Buenos Aires; Buenos Aires-Rosario-Buenos Aires; Buenos Aires- Puerto Madryn-Buenos Aires; Buenos Aires-Viedma-Puerto Madryn- Buenos Aires; Buenos Aires-Mar del Plata-Buenos Aires, y Buenos Aires-
Puerto Madryn-Comodoro Rivadavia-Puerto Madryn-Buenos Aires. También fue autorizada a volar las rutas Buenos Aires- Montevideo-Buenos Aires; Buenos Aires-San Luis-Río Cuarto-Buenos Aires; Buenos Aires-Santa Rosa-
Buenos Aires; Buenos Aires-Bahía Blanca-Buenos Aires; Buenos Aires-Concordia-Paso de los Libres- Buenos Aires; Buenos Aires-
Concordia-Paraná-Buenos Aires; Buenos Aires-Porto Alegre-Buenos Aires; Buenos Aires-Sunchales- Reconquista-Sunchales-Buenos Aires; Buenos Aires-Tandil-Buenos Aires y Buenos Aires-Sunchales-Villa María-Buenos Aires. Avian deberá empezar operaciones dentro de los próximos seis meses, y en Buenos Aires operará tanto desde el Aeroparque Jorge Newbery como del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, de acuerdo con lo dispuesto por Transporte. La llegada de Avianca a la Argentina despertó polémica: en febrero último, la Junta Asesora de Transporte Aéreo autorizó a la compañía a operar en el país, pero se desató un escándalo político por un eventual conflicto de intereses con la familia del presidente Mauricio Macri, quien ordenó a la Oficina Anticorrupción y a la Sindicatura General de la Nación estudiar eventuales conflictos de interés.