Hace unas semanas fue presentado el protocolo de intervención y la campaña que llevarán a cabo el espacio cultural Sábato dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA con apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Organización de Estados Iberoamericanos, la comunidad antibullying Argentina y la Fundación Pinta Argentina. Se renueva, una vez más, el debate en torno al hostigamiento entre estudiantes en instituciones educativas.
Aquello que llamamos bullying es una de las formas de manifestación de violencia en el ámbito escolar. En leguaje llano, implica el hostigamiento intencional y repetido entre pares, entraña en sí mismo un desbalance de poder entre quien/es lo ejercen y quien/es lo padecen. Hasta aquí la definición por todos conocida y aceptada.
No se debe dejar de reconocer que el bullying es una manera de exteriorizar conflictos. Esto puede resultar evidente, pero abre una puerta interesante para repensar la forma de abordar una problemática cada día más alarmante.
En una sociedad los conflictos pueden ser, sólo administrados aplicando una normativa que señala víctimas, victimarios y que sanciona conductas debidamente tipificadas; o evolucionar hasta comprender que los casos de hostigamiento entre pares en establecimientos educativos son fenómenos relacionales: el acto de demostración de poder de un niño, niña o adolescente hacia otro debe explicarse teniendo en cuenta el contexto social y institucional, en este sentido "juegan roles" en una relación. Cuando un niño, niña o adolecente maltrata a otro/a lo que se pone en evidencia es la dificultad de encontrar otro lugar, otro rol dentro del grupo. La intervención, a través del diálogo de toda la comunidad educativa, debe proponerles otras identificaciones posibles.
La ley 5738 de la Ciudad Autónoma tiene por objeto prevenir y erradicar toda forma de acoso u hostigamiento escolar conforme los principios establecidos en la Ley Nacional 26.892, también llamada Ley para la Promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las Instituciones Educativas. Retoma también la Ley 223 del año 1999 que establece el marco normativo para la creación del Sistema Escolar de Convivencia para las escuelas secundarias de la Ciudad.
Si bien esta norma es perfectible, rescata la necesidad de que cada establecimiento educativo intervenga en la definición de la reglas de convivencia y obliga a las escuelas estatales a crear Concejos Escolares de Convivencia integrados por representantes de toda la comunidad educativa: autoridades de las escuelas, profesores, psicólogos y pedagogos, preceptores, estudiantes y padres.
La norma, en el momento de su promulgación, supuso una interesante perspectiva comunitaria en la definición de reglas de convivencia. Sin embargo, tanto la Ley 223 como su posterior reglamentación a través del Decreto 998/008 confirman un abordaje restrictivo en el señalamiento de víctimas y victimarios en lugar de avanzar hacia un mirada integral y complementaria de la problemática.
Es imprescindible comprender que correr detrás de las consecuencias no alcanza para acercarnos a erradicar la violencia en los establecimientos escolares. Debemos abordar el problema de manera integral y preguntarnos: ¿Sobre qué pautas de convivencia trabajamos en nuestra comunidad? ¿Qué valores se enseñan y se transmiten? ¿Cómo son los contextos donde se desarrollan las relaciones violentas entre niños, niñas y adolescente? Puede sonar vetusto y hasta prescriptivo retomar debates en torno los valores que debemos compartir como sociedad, pero resulta indispensable cuando parece que los lazos de convivencia se fragmentan y resquebrajan.
Una comunidad educativa previene el bullying cuando aprende, construye y vive una cultura basada en el respeto y la aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión.
(*) Legislador porteño por Suma+.
inicia sesión o regístrate.
Hace unas semanas fue presentado el protocolo de intervención y la campaña que llevarán a cabo el espacio cultural Sábato dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA con apoyo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Organización de Estados Iberoamericanos, la comunidad antibullying Argentina y la Fundación Pinta Argentina. Se renueva, una vez más, el debate en torno al hostigamiento entre estudiantes en instituciones educativas.
Aquello que llamamos bullying es una de las formas de manifestación de violencia en el ámbito escolar. En leguaje llano, implica el hostigamiento intencional y repetido entre pares, entraña en sí mismo un desbalance de poder entre quien/es lo ejercen y quien/es lo padecen. Hasta aquí la definición por todos conocida y aceptada.
No se debe dejar de reconocer que el bullying es una manera de exteriorizar conflictos. Esto puede resultar evidente, pero abre una puerta interesante para repensar la forma de abordar una problemática cada día más alarmante.
En una sociedad los conflictos pueden ser, sólo administrados aplicando una normativa que señala víctimas, victimarios y que sanciona conductas debidamente tipificadas; o evolucionar hasta comprender que los casos de hostigamiento entre pares en establecimientos educativos son fenómenos relacionales: el acto de demostración de poder de un niño, niña o adolescente hacia otro debe explicarse teniendo en cuenta el contexto social y institucional, en este sentido "juegan roles" en una relación. Cuando un niño, niña o adolecente maltrata a otro/a lo que se pone en evidencia es la dificultad de encontrar otro lugar, otro rol dentro del grupo. La intervención, a través del diálogo de toda la comunidad educativa, debe proponerles otras identificaciones posibles.
La ley 5738 de la Ciudad Autónoma tiene por objeto prevenir y erradicar toda forma de acoso u hostigamiento escolar conforme los principios establecidos en la Ley Nacional 26.892, también llamada Ley para la Promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las Instituciones Educativas. Retoma también la Ley 223 del año 1999 que establece el marco normativo para la creación del Sistema Escolar de Convivencia para las escuelas secundarias de la Ciudad.
Si bien esta norma es perfectible, rescata la necesidad de que cada establecimiento educativo intervenga en la definición de la reglas de convivencia y obliga a las escuelas estatales a crear Concejos Escolares de Convivencia integrados por representantes de toda la comunidad educativa: autoridades de las escuelas, profesores, psicólogos y pedagogos, preceptores, estudiantes y padres.
La norma, en el momento de su promulgación, supuso una interesante perspectiva comunitaria en la definición de reglas de convivencia. Sin embargo, tanto la Ley 223 como su posterior reglamentación a través del Decreto 998/008 confirman un abordaje restrictivo en el señalamiento de víctimas y victimarios en lugar de avanzar hacia un mirada integral y complementaria de la problemática.
Es imprescindible comprender que correr detrás de las consecuencias no alcanza para acercarnos a erradicar la violencia en los establecimientos escolares. Debemos abordar el problema de manera integral y preguntarnos: ¿Sobre qué pautas de convivencia trabajamos en nuestra comunidad? ¿Qué valores se enseñan y se transmiten? ¿Cómo son los contextos donde se desarrollan las relaciones violentas entre niños, niñas y adolescente? Puede sonar vetusto y hasta prescriptivo retomar debates en torno los valores que debemos compartir como sociedad, pero resulta indispensable cuando parece que los lazos de convivencia se fragmentan y resquebrajan.
Una comunidad educativa previene el bullying cuando aprende, construye y vive una cultura basada en el respeto y la aceptación de las diferencias, el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión.
(*) Legislador porteño por Suma+.
Fuente: Télam.