La propuesta de suspender despidos es del referente de Upcn y diputado Luis Cabana, quien lo planteó ante el Frente Amplio Gremial al destacar que hubo despidos en Educación, durante el anuncio de la reanudación de la negociación salarial anticipada por el gobierno. Los referentes gremiales aseguraron que pretenden una recomposición del salario que recupere el poder adquisitivo perdido y que, según ellos, supera el 10%.
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La propuesta de suspender despidos es del referente de Upcn y diputado Luis Cabana, quien lo planteó ante el Frente Amplio Gremial al destacar que hubo despidos en Educación, durante el anuncio de la reanudación de la negociación salarial anticipada por el gobierno. Los referentes gremiales aseguraron que pretenden una recomposición del salario que recupere el poder adquisitivo perdido y que, según ellos, supera el 10%.
Esto se dio a conocer en una conferencia en la que los referentes gremiales señalaron que la decisión del gobernador de recomponer los salarios de los estatales respondería a los constantes reclamos sindicales tendiente a reanudar la paritaria. Aseguraron que el gobierno cerró unilateralmente las negociaciones el 21 de agosto al pasar a un cuarto intermedio e iniciar las liquidaciones a su criterio.
“En calidad de legislador la semana que viene voy a presentar un proyecto de emergencia ocupacional, para evitar los despidos por lo menos por 360 días”, indicó Cabana, quien dijo que la idea es que se cumpla con las leyes vigentes y se eviten despidos en el sector estatal.
Detalló que en los primeros ocho meses de 2018 la Argentina tuvo una inflación del 24%, y los empleados públicos provinciales recibieron una recomposición salarial del 15%, que implica una diferencia a esta altura de casi el 10%. Dijo que si se suma el 6 a 7% más que estiman las consultoras privadas y otras, se trata de una cifra importante.
Además explicó que el Estado está aumentando la desocupación, y se basó en el caso del Ministerio de Educación en La Quiaca, donde aseguró que a los precarizados se les está impidiendo ingresar a trabajar en base a un memorándum. Dijo que esa medida desconoce la ley provincial del Registro Único de Trabajadores del Estado del 2014, que los incluiría y obligaría al Estado a regularizar su situación dándoles un contrato. Dijo que los directores de cada unidad de organización llaman a estos precarizados para anticiparles que es probable que se queden sin trabajo.
Lo anunció frente a varios dirigentes gremiales, como la referente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (Atsa), Yolanda Canchi; la de la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc), Susana Ustarez, y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) delegación Jujuy, Fredy Berdeja, entre otros.
Sobre la nueva recomposición, los gremialistas plantearon que la evaluación tiene que ser “social, humana y no numérica”, y contemplar que los indicadores de Estadísticas y Censos se basan sólo en San Salvador de Jujuy y Palpalá y no contempla al interior, acotando que debe haber una nueva recomposición salarial si se quiere revitalizar el consumo. “Cuando se produzca la reunión le vamos a decir a los funcionarios que todo lo que se otorgue sea con retroactividad. Acá la situación económica y social es insostenible prácticamente para la mayoría, no solamente del pueblo de Jujuy sino del pueblo argentino”, afirmó Canchi. Dijo que los sueldos han quedado desfasados desde 2016 y aspiran a que acompañen al proceso inflacionario. Luego exigió a los funcionarios que “cesen en la persecución” a los gremios.
En tanto, por la Intersindical, la dirigente de la Asociación del Personal de Organismos de Control (Apoc), Susana Ustarez, indicó que todo el mes de septiembre pidieron al gobierno una convocatoria que no se produjo y devino en una liquidación de los haberes de septiembre sin variante pese a que la inflación excedió el 6%. “El atraso salarial que era de un 10% en agosto, se ha incrementado al 16 o más en septiembre. Octubre no se vislumbra diferente, sigue con un aumento del boleto del 10%, es decir que es un proceso virulento de inflación por lo que debe haber otra suba salarial”.
Asignaciones y precarizados
La referente del gremio Apoc, Susana Ustarez, planteó por otro lado que también solicitan que se revean los montos de las asignaciones familiares, que tienen nuevos valores a nivel nacional, señalando que el atraso es del orden de los 300 pesos por hijo.
Dijo que el nuevo piso salarial según lo tratado en la mesa debió otorgarse en forma completa. Además aseguró que no abandonan el pedido que hicieran por escrito de una liquidación complementaria para que el aumento sea pagado en el corriente mes.
Precarizados
Por su parte, el dirigente del Seom, Fernando Ramos, aseguró que hay empleados municipales precarizados cuyo haber está muy por debajo del salario mínimo y de la canasta básica, y que está entre los 4 y 5 mil pesos por mes, y que en Palpalá hay altos índices de pobreza, ya que no hay ninguna fuente nueva de empleo.
La conferencia se realizó en la sede de la filial Jujuy del gremio Upcn.