Ayer tuvo su punto culminante cuando cinco concejales levantaron la mano aprobando la nota de denuncia del edil justicialista Pablo Mendoza, tras lo cual una comisión investigadora tiene treinta días para juntar los elementos que juzguen el actuar del intendente de Tilcara en cuanto a los dos puntos de que se lo acusa: con respecto a los contratos en base a los que se realizó el Enero Tilcareño, que entienden que debieran haber pasado por el Concejo, y por la supuesta emisión de cheques sin fondos.
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Ayer tuvo su punto culminante cuando cinco concejales levantaron la mano aprobando la nota de denuncia del edil justicialista Pablo Mendoza, tras lo cual una comisión investigadora tiene treinta días para juntar los elementos que juzguen el actuar del intendente de Tilcara en cuanto a los dos puntos de que se lo acusa: con respecto a los contratos en base a los que se realizó el Enero Tilcareño, que entienden que debieran haber pasado por el Concejo, y por la supuesta emisión de cheques sin fondos.
Para llegar a este punto, la sesión ordinaria del día venía lenta, en buena parte por la cautela manifestada por los concejales en cuanto al cumplimiento de los pasos que se deben dar. Parecía querer demorarse el momento de una decisión que no dejaba de ser traumática. Se procedió a la lectura del acta de la sesión especial que se llevara a cabo el día lunes, y esto duró media hora. Se completó la primera hora con un cuarto intermedio a puertas cerradas. Recién cumplidos esos pasos, se permitió a los medios de comunicación volver a tener acceso a los acontecimientos.
Mientras, la calle Bolívar estaba llamativamente desierta tras las vallas de seguridad colocadas como precaución. ¿Era desinterés o, como opinaban otros, era que las redes sociales permitían asistir a la sesión desde los mismos hogares o lugares de trabajo? Las partes políticamente interesadas no habían convocado a sus seguidores, se escuchó decir, para evitar momentos de violencia, pero ¿dónde estaban la curiosidad y la pasión política? En las plazas, en el mercado, a bordo de los remises, prácticamente todos hablaban del tema, cierto que no siempre con buena información.
Reabierta la sesión, el secretario parlamentario leyó la nota de acusación, tras la que cinco concejales, dos radicales y tres justicialistas, exceptuando la presidenta del Concejo, Yolanda Girón, levantaron las manos para su aprobación. Cabe aclarar que esa decisión, que colocó a los ediles Pablo Mendoza, Juan Carlos Zerpa y Sonia Pérez como miembros de la Comisión Investigadora, no implica una condena y, según algunas opiniones, ni siquiera el inicio del juicio político, sino el trabajo de sustanciación de elementos probatorios.
Tras el voto, el concejal Zerpa creyó necesario aclarar que no compartía la posición "de aquellos que votaron por esta acusación viendo allí una oportunidad para las elecciones próximas. No fuimos elegidos por el pueblo para hacer crecer, desde esta función, nuestras aspiraciones personales, sino que debemos atender al interés superior del bienestar de la gente".
Pablo Mendoza manifestó, terminada la sesión, que "se dio admisibilidad a lo solicitado para el juicio político, tal como lo marca la Carta Orgánica, organizando la Comisión Investigadora que va a tener treinta días para estudiar la documentación que se pueda conseguir, y a partir de ahí se irán viendo qué pasos corresponde seguir. Desde entonces habrá otros veinte días de trabajo en lo que hace a la recepción de pruebas, vale decir que esto recién empieza".
Agregó que "yo creo que vamos a pedir la prórroga de las Sesiones Ordinarias para que podamos trabajar, y con ello ver los períodos de la presidenta y del presidente primero y segundo del cuerpo, que terminan al 10 de diciembre. Se pueden prorrogar las Sesiones Ordinarias, pero ello no implica el período de las autoridades del Concejo. Al señor tesorero de la Municipalidad, Juan Ortega, se le hizo llegar el pedido de que se presente en 72 horas para una interpelación, hoy salió la nota que lo convoca y eso implica algunos días para que se presente, lo cual corre en uno o dos días los plazos".
Mendoza dijo que "desde el Concejo Deliberante aún no se tomó ningún tipo de medidas sobre la composición del Poder Ejecutivo, cuya responsabilidad recae directamente en el señor intendente. El dictamen final sobre la acusación tiene un plazo máximo de sesenta días, entonces podremos decir si el intendente es culpable o no de lo que se lo está acusando".
Marcelo López, que ocupa una de las dos bancas radicales del cuerpo, manifestó que "lo que se resolvió es lo que la gente estaba pidiendo, lo que el pueblo está pidiendo, y que estamos realizando según el procedimiento que marca nuestra ley orgánica. Ahora empieza a trabajar la Comisión Investigadora, que en treinta días requerirá todas las denuncias y elementos probatorios que haya en este caso".
Decisión apresurada
Yolanda Girón, presidenta del Concejo Deliberante del municipio de Tilcara, atendió a este diario en su despacho para señalar que "las decisiones que se tomaron me parece que son muy apresuradas. El único elemento de que se dispone son los dichos de un programa de televisión, y recién después uno de los concejales hizo una denuncia en contra del intendente, pero creo que es algo irracional. Aún no tenemos pedidos de informe al Ejecutivo por el tema del Enero Tilcareño, y la denuncia sólo se basa en fotocopias que corresponden a un expediente que debiera estar bajo secreto".
Lamentó que "los concejales se hayan dejado llevar por los dichos de un programa televisivo. Lo que se aprobó hoy es la conformación de la Comisión Investigadora, y ellos tendrán bajo su responsabilidad sustanciar las pruebas, mientras el Concejo recién está pidiendo al intendente un informe sobre el tema. El intendente tiene sus plazos para responder a este pedido. Las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre, y van a requerir de una prórroga que veremos de tramitar. El 10 de diciembre se debieran renovar las autoridades del Concejo, pero eso también puede admitir una prórroga".
Pidió tranquilidad
Ni bien terminaban de votar los concejales, sin tener aún la resolución en sus manos, el intendente de Tilcara, Ricardo Romero, habló con este medio para "llevar tranquilidad a la población. Por mi parte, no voy a poner ningún obstáculo al accionar de la justicia ni a lo que me solicite el Concejo Deliberante. Nuestra tarea es seguir gobernando como surge del mandato popular tras las elecciones del 2015, y vamos a cumplir con las obras que tenemos planificadas y la administración municipal de cada día. Al pueblo le pido tranquilidad, y a los concejales celeridad para que todo quede aclarado y sigamos trabajando libres de cualquier sospecha".
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