El programa "Conflicto con la Ley Penal" es una iniciativa que se dedica a asistir a adolescentes menores de 18 años que tuvieron un contacto con el delito desde robo hasta abusos sexuales y homicidios.
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El programa "Conflicto con la Ley Penal" es una iniciativa que se dedica a asistir a adolescentes menores de 18 años que tuvieron un contacto con el delito desde robo hasta abusos sexuales y homicidios.
Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia aseguraron que este sistema comenzó a surgir desde el 2015 con el cierre de la Comisaría del Menor y la apertura del Centro de Admisión y Derivación, y dos centros socioeducativos. "Nuestra idea es generar nuevos espacios con equipos técnicos porque pretendemos que los adolescentes estén en libertad asistida o con medidas sociocomunitarias, es decir no privatorias de la libertad. Estas medidas tienen que ver con la responsabilidad subjetiva que puede tener un adolescente ya que puede darse cuenta del daño que provocó", mencionó Ana Rodríguez, secretaria de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en diálogo con El Tribuno de Jujuy.
Sobre eso remarcó que la jueza de menores es la que toma la última decisión, pero ellos proponen cuales pueden ser las medidas a aplicar según sus estudios de los casos que involucren a menores.
Indicó también que se viene hablando de una "justicia restaurativa", "esto quiere decir que financieramente las cárceles a nosotros nos generan muchísimo gasto y más en el adolescente, si pusiésemos políticas públicas que puedan restaurar subjetivamente y hacia la sociedad la posibilidad que entiendan el daño que provocaron ese gasto podría dejar de existir. Trabajar esto en jóvenes es muy bueno porque tienen una personalidad en construcción, con eso vamos a tener menos reincidencia que es lo que queremos provocar como sistema de protección y menos delincuentes".
En relación a eso, Rodríguez explicó que "cuando ingresan a un sistema penal juvenil tienen mayor reincidencia después, esto no va a cambiar si no provocamos alguna transformación. Solo algunos se recuperan y otros continúan con su trayectoria delictiva. La idea es hacer esta transformación con equipos territoriales dedicados y especializados en materia de justicia penal juvenil restaurativa y provocar realmente el cambio subjetivo que se necesita. Pensando no solo en un joven que cometió un delito sino que también tiene una trayectoria de vida que no fue la mejor.
Sobre la aplicación del programa "Conflicto con la Ley Penal" indicó que se encuentran terminando el proyecto con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. El Ministerio de Desarrollo Humano va a financiar los equipos. Comentó además que ellos desde hace años vienen trabajando con un programa similar denominado "Libertad Asistida" en donde aplican esta modalidad restaurativa.
Promueven la mediación entre la víctima y el agresor
La mediación se puede dar sólo si la víctima está en condiciones de perdonar a su atacante.
Desde la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia pretenden que esta iniciativa se aplique mediante tareas o servicios comunitarios que ya se ejecutan por parte de aquellos que cometen delitos no tan graves. También remarcan la importancia de las mediaciones entre la víctima y el victimario que, según la secretaria, ya se realizan en el país. “Esto se da entre ese adolescente que provocó el daño en otra persona que está preparada para poder hablar con su atacante y se produce una mediación entre ellos. Hay muchas experiencias a nivel mundial que dan cuenta de que esta es la mejor forma de provocar cambios”, sostuvo al respecto Ana Rodríguez.
En relación al impacto que esta medida puede provocar en el ámbito social, indicó que “hay delitos gravísimos que se superan mediante la mediación. Yo entiendo que para la sociedad es un cambio de lógica en el pensamiento porque uno cree que el que cometió un delito lo va a cometer mil veces. Esto no es así, porque el adolescente es una persona en construcción, tiene una plasticidad neuronal, física, psíquica y social que puede llegar a darse cuenta de la gravedad del hecho que cometió y el darse cuenta va a significar también una transformación para él. Por supuesto que en caso que no sean factibles va a seguir estando en sistemas cerrados”.
La edad de imputabilidad legal es de 16 años
La ley del Régimen de Minoridad Penal Nº 22.278 surgió en el año 1980 pero fue modificada años más tarde cuando Argentina se adhiere a lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La misma indica lo que se debe hacer cuando un menor comete un delito.
Para que sea imputable tiene que tener 16 años, si no tiene esa edad no se lo toma como un delito, “en caso de ser menor de 16 años el Juzgado de Menores puede tomar medidas que son restrictivas de su libertad pero se vinculan con la readaptación del menor en el tratamiento psicológico y se realiza una evaluación socioambiental de su hogar para saber qué lo llevó a cometer ese delito”, explicó al respecto el abogado Rubén González.
Los menores entre los 16 y 18 años tienen otro régimen porque sí son imputables, “según las convenciones internacionales sobre la materia son niños hasta los 18 años. Por ende tienen que ser tratados conforme a los parámetros que indican estas convenciones. Se puede disponer en alguna medida la restricción de su libertad pero el procedimiento es similar a los menores de 16”, remarcó.
En ese sentido mencionó que desde los 18 años la persona se transforma de menor a mayor, los mayores de edad cargan con todo el peso de la ley. “En los casos de la Justicia de Jujuy cualquier delito o contravención cometido por un menor que no tenga al momento del hecho los 18 es tratada por los juzgados de menores. A partir de los 18 cumplidos en adelante actúan las fiscalías de investigación penal”, dijo González.
Sobre la protección que el Estado debe dar a los menores indicó que “los principios y garantías que están establecidos en la Convención de los Derechos del Niño indican que el Estado debe darles protección a los menores de edad. Muchas veces ellos son víctimas, que no desarrollaron su esfera de razonabilidad y emocional, me parece que es justo que se le dé un tratamiento diferenciado. Cuando se evalúa el contexto en el que se da el delito, el 95% de los casos son menores que son objeto de violencia, abusos o viven en extrema pobreza. El Estado tiene que tratar de rescatarlos y protegerlos con un acompañamiento. Muchas veces estos jóvenes cometen delitos porque, como se dice en la jerga, están perdidos”.