"Acá se tiene que determinar que esta gente se tiene que retirar de la estancia Cortaderas, que no es su propiedad, ellos no son originarios de ahí. Que demuestren que ellos en el año 1917 cuando la familia Mendoza a través de sus ancestros compró las tierras estaban ahí, nunca demostraron eso", esgrimió la abogada Claudia Mariela Citro, representante legal de la familia Mendoza, de Carlos Gustavo Vázquez y Natividad Cruz.
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"Acá se tiene que determinar que esta gente se tiene que retirar de la estancia Cortaderas, que no es su propiedad, ellos no son originarios de ahí. Que demuestren que ellos en el año 1917 cuando la familia Mendoza a través de sus ancestros compró las tierras estaban ahí, nunca demostraron eso", esgrimió la abogada Claudia Mariela Citro, representante legal de la familia Mendoza, de Carlos Gustavo Vázquez y Natividad Cruz.
"Es lento siempre el proceso, yo espero que sean los mejores resultados por todo el trabajo para defender a esta familia", dijo Citro.
Tras el desalojo de un corte en la ruta 9 el 21 de noviembre pasado por el reclamo de la comunidad aborígen Cueva del Inca de Huichaira, cerca de Tilcara, y las reivindicaciones que efectuaron incluso en una marcha en la capital, los propietarios de la estancia Cortaderas expresaron que son los damnificados por la usurpación de sus tierras.
"Estas personas dicen que quieren que les levanten una medida de no innovar que justamente se pidió en el 2015 y sigue vigente actualmente, por el incumplimiento flagrante, constante, la violencia y actos totalmente contrarios a lo que ordena esta medida. Cuando se incumple, el juez determina una multa y esto se incumplió constantemente: tenían orden de no construir nada en la estancia Cortaderas y construyeron igual, tenían la orden de que no tenían que hacer ningún tipo de reuniones ni nada porque ellos cuando se introducen en la estancia lo hacen con carpas, no tenían ninguna construcción como ellos pretenden decir porque se pretenden llamar aborígenes, lo que no son", explicó.
"Tengo las actas de nacimiento de la presidente de esa supuesta comunidad que pide, que corta la ruta, Verónica Mamaní y su hermano Javier Alejandro Mamaní. Dicen que son ancestrales, que son una comunidad y quieren que les levanten la medida pero no es cierto, son de más arriba, de Humahuaca. ¿Cómo puedo decir que soy de una comunidad aborigen de Tilcara, decirme ancestral de Tilcara si ni siquiera nací ahí?", se preguntó la letrada.
Citro recordó que la Justicia Penal ya hace varios años hizo una investigación porque "se intrusan con las carpas, el fiscal investiga y ve que la mayoría de esa gente -si no son todos-, no son de Tilcara, incluso son reincidentes en delitos, violaciones a las personas, a los nativos, incendiar las propiedades es su "modus operandi", entonces hizo un requerimiento de elevación a juicio y la causa quedó suspendida por la ley
de que no se puede desalojar a supuestas comunidades y esa ley no es aplicable a este caso, la 26.160 se aplica a comunidades que viven en el lugar y en tierra fiscal pero no en propiedad privada".
La abogada insistió en que "esta es una propiedad privada que en 1917 los bisabuelos compraron a otros propietarios legales y todo el tiempo esta familia vivió ahí, todo el tiempo hizo acto posesorio, todo el tiempo se defendió de las usurpaciones que querían hacer, entonces ¿cuál es la discusión? Tienen la posesión y tienen el título".
Citro afirmó que la comunidad "pide el levantamiento de la medida pero está firme". "Ellos mismos dicen que no les importa la Justicia, este señor Javier Mamaní todo el tiempo lo repite, amenaza al señor Vázquez, a la señora Natividad, les intentó incendiar el hotel, primero ha invadido la finca Cortaderas en donde están los Mendoza cuando ya se ha ganado un terrenito ahí, se han metido atrás del hostal y ha intentado violar a la señora, todas las denuncias están hechas. Es más, la causa por la usurpación ahora tenemos la resolución de la Cámara de Apelaciones Penal que dice que se tiene que investigar esto a fondo", remarcó Citro. "La ley no dice que no se puede investigar los delitos que cometan supuestos aborígenes porque puedo ser religiosa, aborigen u otra cosa pero si cometo un delito soy un delincuente, eso tiene que quedar claro", añadió.
"No es que estamos contra las comunidades, estamos contra la gente que no es tilcareña y se dice de ahí para hacer negocios", insistió.
Los damnificados piden celeridad y una solución para la denuncia penal de usurpación y todas las acciones civiles para determinación de la no existencia de la supuesta comunidad "porque no existe, se creó para quedarse con la tierra de la familia Mendoza", finalizó.
"Ellos quisieron quemar el hotel y me apedrearon"
Carlos Gustavo Vázquez es el dueño del hotel “Canto del Viento”. Resaltó que “soy el más damnificado por las acciones de Javier Mamaní y de Verónica Mamaní, ellos quisieron quemar el hotel, me apedrearon varias veces y siempre en forma amenazante han ido en patota, han dicho que me van a matar, que siga haciendo denuncias y que ellos van a terminar conmigo”. Dijo que “tienen un grupito que lucra con estas tierras, guían en la zona, llevan turistas y cobran $ 300 por persona”.
Vázquez relató que “yo les hice muchísimas denuncias y la Policía nunca responde. Estoy acá porque pido justicia, que por favor se hagan las cosas como tiene que ser, que respeten la propiedad privada, que dejen trabajar, porque además esta gente cobra subsidio del Gobierno, entonces a mí me parece mal que tenés que pagar los planes, no pagan impuestos, sacan mucha plata y encima de eso son unos violentos totales”. Acotó que “no soy el único, han amenazado de muerte a mucha gente, los han sacado, les han quemado la casa. La gente de Tilcara es tan pasiva que no quiere hablar pero si la Justicia investiga va a saber”.
Pedido de ayuda
“Llegué acá pidiendo justicia, que la Policía haga algo, ya recibí un montón de amenazas, me tira la camioneta”, insistió el propietario del hotel, cuyo terreno también fue usurpado.
“Ninguna de esta gente es pobre, la mayoría tiene vehículos 0 kilómetro, por eso pido ayuda: que la Justicia y el Gobierno hagan algo, no podemos permitir que nos sigan apretando, el modo de operar de ellos es de esa forma: apretar policías, apretar jueces, apretar al Gobierno, a quien sea y ganar. No tiene que existir más eso. Yo pago mis impuestos, ellos no pagan impuestos pero hacen lo que quieren”, se lamentó.
“No queremos que llegue a pasar algo"
Mario Mendoza, administrador de la sucesión de la estancia Cortaderas, recordó que “mis abuelos como buenos previsores compraron esas tierras en 1917, nosotros somos ya la quinta generación. No somos culpables que hayan previsto los abuelos de comprar esas propiedades y estamos acá pidiendo que la Justicia sea un poco más rápida”.
Añadió que “estamos para contar que esta gente lamentablemente no es del lugar, el tilcareño no es así, nosotros respetamos la propiedad privada”. Dijo que son de Sapagua, de Humahuaca, de Salta, de Abra Pampa, “gente que ha venido de otros lados y han llegado a generar problemas en el territorio en el que hemos vivido siempre. Si es por posesión nosotros nacimos aquí, ya tengo 57 años y mi hermano 68, nosotros tenemos la posesión desde hace añares desde que compraron la propiedad mis abuelos y ellos aducen ancestralismo, nada que ver: no son de ahí y lo lamentable es que son violentos”.
Insistió en que “se manifiestan así todo el tiempo, insultando, agrediendo a la gente. No queremos que llegue a pasar algo en la finca, porque somos los dueños y ¿quién va a terminar pagando los platos rotos? Nosotros tenemos las escrituras, pedimos por favor que el Gobierno vea el caso”.
Acotó que “por suerte salió la ley de que no podés cortar la ruta y se levantó rápido ese día (por el 21 de noviembre) y me parece muy bien porque están acostumbrados a presionar al Gobierno, a la Policía, a los jueces, no sé cómo hacen pero se dan maña de modo que entran a la Policía pero al otro día los sacan cuando esa gente no tendría por qué haber salido porque están imputados en la causa por usurpadores”.
“Tenemos todas las pruebas”
“No toda la gente es mala en el barrio, hay gente que nos reconoce como dueños pero hay otra que vino de afuera que son los que están haciendo problema”, indicó Mendoza.
“Al margen nos gustaría aclarar toda la situación mala que tenemos, porque no se puede convivir con esta gente, no se puede porque están para hacer maldades nada más. No sé qué espera la Justicia, el Gobierno, que muera alguien para tomar cartas en el asunto porque es lo único que está faltando. Así que lo que quiero es que el Gobierno o los jueces dictamen algo. Tenemos todas las pruebas, no venimos a prepotear, tenemos papeles de que somos los dueños, ellos no tienen nada”.
Sobre el destino de sus tierras dijo que “si sacan a los violentos estaríamos dispuestos a regularizar con la gente. El asunto es que si quieren un pedazo de terreno arreglemos como corresponde pero no como esta gente que de prepo se quiere quedar con cosas que no son de ellos”.