La comunidad aborigen Cueva del Inca regresó a la vera de la ruta 9, sobre Puerta de Huichaira, para esta vez realizar una huelga de hambre. Doce personas participan de esta medida buscando que el juez Sebastián Cabana decida sobre la causa que afecta a su territorio, levantando la medida cautelar que los afecta.
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La comunidad aborigen Cueva del Inca regresó a la vera de la ruta 9, sobre Puerta de Huichaira, para esta vez realizar una huelga de hambre. Doce personas participan de esta medida buscando que el juez Sebastián Cabana decida sobre la causa que afecta a su territorio, levantando la medida cautelar que los afecta.
Verónica Mamaní, presidente de la comunidad, explicó que "nos vemos obligados a tomar estas medidas extremas porque no hemos tenido soluciones. Lo que pedimos es el levantamiento de la medida cautelar, y hasta el día de hoy no hay ninguna novedad. Entre el 20 y el 23 hicimos cuatro jornadas en este mismo lugar, hemos dado tiempo para que la Justicia estudie el caso, y sabemos que la feria judicial está cercana".
Agregó que "con esta medida cautelar nosotros no tenemos los derechos básicos garantizados, como el derecho al agua, a la luz, a poder trabajar, a hacer uso del salón de la Comparsa Los Barreños, comparsa que tiene veinte años de vida. La vez pasada fuimos brutalmente reprimidos, y hoy volvimos a tomar medidas. El juez tiene que resolver y no lo hizo hasta la fecha".
Mamaní siguió diciendo que "nuestro letrado pidió el levantamiento de la medida cautelar, o la morigeración de la medida, garantizando los derechos básicos. Queremos que quede claro que esta medida cautelar es accesoria de un juicio de desalojo que promovió la otra parte, y que es un juicio que ganamos el año pasado. Vale decir que la medida cautelar estaría en el aire, porque debió haber caído cuando tuvimos el fallo favorable en la Corte de la Provincia".
También dijo que "son cosas insólitas que pasan en la Justicia jujeña, así que no sólo es violatoria de los derechos humanos sino que está en el aire. Mientras tantos nosotros estamos condenados a vivir sin los servicios básicos, imposibilitados de trabajar nuestro circuito turístico, sin poder realizar actividades sociales, deportivas ni culturales, y ahora con amenazas de multas de más de un millón de pesos".
Verónica Mamaní además hizo saber que de la huelga de hambre "participan dos abuelos, y el resto somos más jóvenes. Somos doce por el momento. Nosotros sentimos el total abandono del Estado, del Gobierno, de los jueces. Queremos hacerle saber al gobernador de la provincia que si siente simpatía y respeto por nuestros pueblos originarios, casándose con una ceremonia indígena, pensamos que tiene que haber una coherencia y fijarse en nosotros, que nos estamos muriendo porque no tenemos baños ni acceso al agua"
Finalmente expresó que la medida la sostenderán "hasta que tengamos una respuesta, porque no podemos permitir que se nos haga vivir de esta forma, como se lo hace con esta medida cautelar desde el 2015".