Anoche alrededor de las 22.30 terminó una nueva audiencia del juicio oral y público conocido como "pibes Villeros" y que tiene imputadas a 30 personas, entre ellas la dirigente social Milagro Sala y el extitular del Instituto de Vivienda y urbanismo de Jujuy, Lucio Abregú.

El expediente investiga la malversación de más de 60 millones de pesos, destinado a la construcción de Núcleos Húmedos.

En el salón "Vélez Sarsfield" del Palacio de Tribunales, se está llevando a cabo la producción de los alegatos por parte de los fiscales de Cámara compuesto por Liliana Fernández, Diego Cussel y Delia Filomena Ortiz.

Luego de más de 6 horas de oratoria y exhibición de elementos probatorios en Power Point, la fiscal Fernández no había concluído con los argumentos de su deposición acusatoria en contra de los imputados, y por eso el Tribunal en lo Criminal Nº 3 resolvió pasar a un cuarto intermedio para esta jornada a partir de las 14.30.

La tercera parte de los alegatos está a cargo de Fernández de Montiel y para ella quedó claro que hubo un guiño de los funcionarios provinciales de primera línea y una colaboración de los funcionarios de segunda línea, para que Milagro Sala, cometiera los delitos que se le endilgan.

Además la fiscal presentó como pruebas los cruces de llamadas con exministros de la gestión gubernamental anterior y manifestó que Sala asistía a los despachos de estos funcionarios y lograba la firma de convenios de estas obras de construcción, que llegaban a la provincia con el fin de construir 1.000 soluciones habitaciones "Núcleos Húmedos", llamadas Plan Federal Mejor Vivir II.

También la fiscal explicó que había un listado de supuestos beneficiarios de estas obras y se adjuntaba documentación (ficticia) y se las enviaba a la Secretaría de Obras de la Nación, que estaba a cargo de José López y Germán Nivello, actualmente imputados en la "Megacausa".

Siguiendo los puntos que detalló la fiscal, dijo que para concretarse el fraude al Estado, Milagro Sala realizó gestiones con funcionarios nacionales en Buenos Aires y con funcionarios en nuestra provincia incluyendo a los entonces 5 intendentes. Además acusó en sus alegatos al extitular del Ivuj, Lucio Abregú, y dijo que a él no le interesaba controlar absolutamente nada. Además dijo que el exfuncionario sabía que estas obras no se iban a realizar y que hubo gestión del Instituto de Viviendas para determinar si se podrían realizar estas obras.

Sobre estas cuestiones estrictamente técnicas, Fernández acusó a Abregú de no controlar que los cooperativistas reunieran los requisitos indispensables para el libramiento de los cheques, que después fueron cobrados por integrantes de la red de organizaciones, que respondían al círculo íntimo de Milagro Sala.

Pero además acusó al contador público de agilizar los trámites del organismo que tenía a cargo, para que días antes del cambio de gestión, a fines del 2015, los integrantes de la red de organizaciones sociales, pudieron cobrar más de 26 millones de pesos.

El convenio firmado entre municipios eran de 1.000 soluciones habitacionales del Plan Federal Mejor Vivir II.

 

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