La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró ayer que el nuevo reglamento para la utilización de armas letales destinado a las fuerzas federales de seguridad "va a generar confianza en la defensa de la sociedad" y que cambia la doctrina de que los policías "tenían que esperar que el delincuente tire primero".
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La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró ayer que el nuevo reglamento para la utilización de armas letales destinado a las fuerzas federales de seguridad "va a generar confianza en la defensa de la sociedad" y que cambia la doctrina de que los policías "tenían que esperar que el delincuente tire primero".
La normativa considera "peligro inminente" cuando "se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceros" .
"Establecimos una normativa objetiva que le va a permitir a las fuerzas de seguridad proteger a la gente y no estar pensando que si toman la decisión que tienen que tomar, van a terminar procesadas o encarceladas", dijo la funcionaria en declaraciones a Radio Mitre.
Según Bullrich, con la anterior reglamentación, "los miembros de las fuerzas de seguridad no podían usar las armas para defenderse o defender a la gente, o para detener a un delincuente o para impedir que un delincuente se fugue".
"El delincuente tenía que tirar y recién después lo podía hacer un efectivo de seguridad. Esto claramente lo ponía en inferioridad de condiciones. Acá hubo una doctrina en la que las fuerzas de seguridad solo tenían que esperar que el delincuente tire primero", dijo la funcionaria.
Según su razonamiento, esa reglamentación hacía pensar a la sociedad que los policías "iban para atrás o no hacían nada" y cuestionó que el efectivo de seguridad no pudiera disparar su arma cuando un delincuente portara una réplica.
"Qué tiene que hacer un policía (para poder disparar), preguntarle al delincuente si tiene una réplica?", se preguntó Bullrich.
La titular de la cartera de Seguridad consideró que esa situación se modificó con la nueva reglamentación que entró en vigencia ayer.
"Si un delincuente o un asesino va con una réplica de un arma, tendrá que saber que si está apuntando a un policía, éste tiene que actuar. Eso va a generar confianza en la defensa de la sociedad", dijo. Además, explicó que quiere "una policía que defienda a la sociedad, esto nos va a llevar a que trabajemos mucho con las fuerzas de seguridad para que entiendan esta filosofía que es internacional y que está basada en los reglamentos de las Naciones Unidas".
Por otra parte, la funcionaria nacional aclaró que le pedirá a todas las policías provinciales que utilicen la misma reglamentación y que los fiscales y jueces tendrán ahora "un reglamento más claro e igual para todos" para poder legislar.
Para la Correpi: “El reglamento convierte en Ley el gatillo fácil”
CORREPI / RECLAMO DEL ORGANISMO CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL (ARCHIVO).
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció ayer que el reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad, publicado esta mañana en el Boletín oficial, ordena “matar con impunidad” y convierte en “ley” el “gatillo fácil”.
Bajo el título “Orden de matar con impunidad: El gatillo fácil es ley”, la Correpi emitió un comunicado en el que cuestiona la nueva reglamentación dictada el 27 de noviembre último por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que ayer fue publicada como resolución en el Boletín Oficial.
En primer término, la coordinadora cuestiona la derogación de normativas anteriores basadas en la ley de la ONU y “habilita al uso legal del arma de fuego en situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas”.
“Desde hoy, no serán judicialmente cuestionables los fusilamientos que se produzcan cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”, añade el comunicado, al citar los artículos del nuevo reglamento general para el uso de armas.
Entre esos casos, enumera los artículos que avalan el uso de armas letales en caso de que el sospechoso “integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas” o “cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma”.
También, cita el apartado que avala el empleo de armas cuando el sospechoso “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves” o “cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas”
“Podríamos enumerar centenares de casos de gatillo fácil en los que policías usaron ésas y otras excusas parecidas sin que lograran evitar duras condenas”, expresa Correpi en su comunicado, y añade: “Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de estado, y que la impunidad es un atributo del poder”.
Para el organismo, con esta norma en vigencia “no sólo se multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores materiales serán automáticamente impunes por imperio ministerial”.