La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró ayer que con el nuevo reglamento de seguridad "salimos de la indefensión", y resaltó que "el 99% de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina, muere a manos de un delincuente".
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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró ayer que con el nuevo reglamento de seguridad "salimos de la indefensión", y resaltó que "el 99% de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina, muere a manos de un delincuente".
"Así como el gobierno anterior dictaba reglamentos que dejaban indefensos a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad, nosotros dictamos reglamentos que apoyan la seguridad de los ciudadanos y las fuerzas de seguridad", dijo la ministra en declaraciones formuladas en la Casa Rosada al término de una reunión de Gabinete.
Por otra parte, aclaró por "si algún juez intenta declarar la inconstitucionalidad", que "estos reglamentos están planteados en el marco de la absoluta legalidad, y los convenios internacionales que son constitucionales".
Al respecto, aclaró que "el convenio sobre la reglamentación de usos de armas de las Naciones Unidas tiene carácter de tratado internacional, por lo cual está legitimado".
En declaraciones periodísticas, la Ministra de Seguridad afirmó que en el país se llegó a tener una "Policía de brazos caídos" y señaló que su gestión está "cambiando esa filosofía".
Al mismo tiempo, aseguró que "el 99% de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina, muere a manos de un delincuente", al defender el nuevo reglamento sobre el uso de armamento en las fuerzas federales.
Bullrich consideró que "lo que tiene que tener la fuerza de seguridad es la capacidad de accionar para defender a la sociedad, si el reglamento solo le permite defenderse a sí mismo y no defender a terceros, entonces no es policía".
En declaraciones al canal LN+ y a Radio con Vos, la funcionaria del Ministerio de Seguridad consideró que el país viene de "una vieja historia, la dictadura, que le fue sacando la capacidad de acción a la Policía hasta que llegamos a una Policía de brazos caídos".
"Desde que llegamos estamos cambiando esa filosofía. Lo estamos haciendo. Queremos fuerzas que puedan cumplir con su rol. Diría que ese fue un compromiso que nosotros tomamos con nuestro electorado: la lucha contra el narcotráfico, la lucha para tener mejor seguridad y la lucha para que la figura central sea la víctima y no el victimario", dijo.
La ministra resaltó que "la doctrina que hoy tenían nuestras fuerzas de seguridad era una doctrina que los dejaba totalmente inermes y los ponía en el lugar de victimarios cada vez que actuaban".
Denuncia penal contra la ministra de Seguridad
El exjuez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata Carlos Rozanski y el exsubsecretario de Derechos Humanos en el kirchnerismo Luis Alén denunciaron ayer a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por presunto “abuso de autoridad”, a raíz del nuevo protocolo para la utilización de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad federales.
Además, pidieron suspender la aplicación de la resolución hasta que se dicte una sentencia definitiva “en atención a la gravedad de la situación que plantea” y que “puede ocasionar la muerte de personas”, según la denuncia.
Para ello Rozanski y Alén reclamaron el dictado de una medida cautelar, además del llamado a declaración indagatoria a Bullrich y que se dicte la inconstitucionalidad de la resolución 956/2018.
La denuncia por presunto “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público“ quedó a cargo de la jueza federal María Servini,.
“Se está consagrando, por vía de un reglamento aprobado por una resolución ministerial, la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por parte de los integrantes de las fuerzas federales de seguridad”, sostuvieron.
La Constitución Nacional “prohíbe la pena de muerte” y además “prohíbe a cualquiera que no sea el Congreso legislar en materia penal”, señalaron.
“Queda más que claro que incluso si no estuviera prohibida la implantación legal de la pena de muerte en nuestro país, tampoco podría hacerlo una funcionaria dependiente del Poder Ejecutivo”, concluyeron.
"Privilegia la propiedad por sobre la vida”
DATO-OPINION:“La medida quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) advirtió ayer que el nuevo reglamento que habilita a las fuerzas de seguridad federales a usar armas de fuego en determinadas situaciones “privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y genera un gran peligro para todos los involucrados”, incluidos los transeúntes.
“La medida quiebra el paradigma del uso excepcional de la fuerza letal que prescriben los estándares internacionales y la Ley de Seguridad Interior. Luego de haber derogado el Programa de Uso de la Fuerza y debilitar los controles internos, con esta nueva medida el gobierno busca evitar también el control judicial”, sostuvo la entidad.
Al respecto, ejemplificó que “a partir de hoy, situaciones como los controles vehiculares, las persecuciones callejeras o cualquier intento de robo en la vía pública se convierten en escenarios en los que los policías podrían hacer uso del arma de fuego y justificarlo fácilmente”.
“De este modo, se privilegia la propiedad por sobre la vida como bien jurídico protegido y se genera un gran peligro para todos los involucrados en este tipo de situaciones, incluidos las y los transeúntes”, alertó el Cels.
La entidad afirmó que la normativa de la ONU, que forma parte de la legislación nacional “refiere al uso de armas de fuego como una medida excepcional y extrema” y que la resolución “modifica ese enfoque al habilitar una serie de situaciones claramente no excepcionales en las que se podría usar el arma”.