Profesionales del área de la salud, afiliados a Apuap, mediante una nota aprobada en asamblea realizada ayer, solicitaron al ministro Gustavo Bouhid que informe por escrito los contenidos y los alcances del denominado "Plan Estratégico de Salud".
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Profesionales del área de la salud, afiliados a Apuap, mediante una nota aprobada en asamblea realizada ayer, solicitaron al ministro Gustavo Bouhid que informe por escrito los contenidos y los alcances del denominado "Plan Estratégico de Salud".
En la nota los profesionales señalan que según informes periodísticos, "se modificarían las estructuras de los servicios donde nos desempeñamos y se cambiarían los lugares en los que debemos realizar nuestras tareas".
"Fundamentamos nuestra solicitud en el hecho de haber tomado conocimiento que numerosos profesionales fueron notificados verbalmente por Ud. y otros funcionarios del Gabinete de Salud, que a partir del 1° de marzo/2018 se procedería a cambiar las modalidades de trabajo, entre ellas, lugares de trabajo y/o horarios de atención, trasladándolos a otros centros asistenciales diferentes a los que hasta la fecha se han desempeñado durante muchos años".
"No escapará al criterio del Sr. Ministro que este abrupto cambio alteraría en forma significativa el funcionamiento de diversas áreas asistenciales en detrimento de la regular prestación de los servicios de salud. A la vez, el cambio anunciado afectaría nuestra vida profesional, familiar y personal, la cual hemos organizado en función del cargo, régimen horario y lugar de trabajo para los que fuimos oportunamente designados, por lo que se estarían violentando derechos adquiridos como trabajadores profesionales", destaca la misiva. "Por otra parte, también hemos tomado conocimiento que a distintos profesionales se les habría advertido que en caso de no aceptar los nuevos destinos y horarios de trabajo deberían optar por renunciar a sus cargos y, de hacerlo, se les podría bloquear la posibilidad de trabajar con las obras sociales estatales ISJ y Pami", subraya.
Finalmente indican que sus pedidos están amparados en la Ley 5886 y su Decreto reglamentario 4516-16 de Acceso a la Información Pública.