Antes que se diera media sanción al proyecto de ley de despenalización del aborto, en el Congreso Nacional se realizó un extenso debate, del cual tomaron parte numerosos actores, entre ellos referentes y especialistas en la temática, quienes expusieron los fundamentos por los que mantenían posturas a favor y en contra. Uno de ellos fue el doctor Juan Guzmán, mÚdico pediatra, especialista en educación sexual, quien ratificó la importancia de gestionar políticas públicas para garantizar la interrupción segura del embarazo, y a la vez, promover la educación sexual integral y sistemática desde la infancia, y la provisión gratuita de anticonceptivos de manera permanente.
inicia sesión o regístrate.
Antes que se diera media sanción al proyecto de ley de despenalización del aborto, en el Congreso Nacional se realizó un extenso debate, del cual tomaron parte numerosos actores, entre ellos referentes y especialistas en la temática, quienes expusieron los fundamentos por los que mantenían posturas a favor y en contra. Uno de ellos fue el doctor Juan Guzmán, mÚdico pediatra, especialista en educación sexual, quien ratificó la importancia de gestionar políticas públicas para garantizar la interrupción segura del embarazo, y a la vez, promover la educación sexual integral y sistemática desde la infancia, y la provisión gratuita de anticonceptivos de manera permanente.
El especialista, quien asistió al debate como expositor invitado por la diputada nacional Carolina MoisÚs, puso en conocimiento de los legisladores la "grave" situación que atraviesa Jujuy en relación a la cantidad de abortos que se practican, tanto en la Capital como en ciudades del interior, donde advirtió que los números son alarmantes. Aseguró que desde su función como mÚdico pediatra y su desempeño en la ciudad de San Pedro, conoce en profundidad la realidad que atraviesa la provincia en torno a la clandestinidad de los abortos.
Según dijo, "en San Pedro el promedio es de 4 y 5 abortos por día, y en Jujuy se deben estar haciendo 10 o 12 por día", y lamentó que estadísticamente no hay registros porque se realizan en la clandestinidad: "nadie se entera, muchos se hacen a nivel privado, pagan 20 mil o 30 mil pesos y se hacen abortos en silencio absoluto; algunos se hacen públicos cuando se les complica y van al hospital, entonces eso son los datos que se recaban", dijo a la vez que remarcó que "eso se puede evitar con educación sexual y anticonceptivos".
Guzmán hizo un marcado aporte en relación a la importancia y la prioridad que se debe dar a la aplicación de una estrategia educativa y asistencial sobre sexualidad con una mirada integral y sistemática. "Yo no estoy a favor del aborto indiscriminado, yo estoy a favor de la vida, pero para estar a favor de la vida, primero hay que trabajar sobre la educación sexual integral y sistemática, desde jardín hasta el último curso del terciario, y no solo eso sino tambiÚn que haya acceso a los anticonceptivos, que se está retaceando últimamente", advirtió, remarcando además que "es la única forma de que las mujeres no van a necesitar elegir el aborto como forma de planificar la familia, pero hasta que eso ocurra van a pasar 10 años y vamos a seguir con la misma postura". El profesional remarcó que fue uno de los coautores en Jujuy de la ley de Educación Sexual, en la dÚcada del ’90. "En aquel entonces ya lo decíamos, educación sexual integral y sistemática, más anticonceptivos, si nos hubieran escuchado hoy no estaríamos hablando de aborto". En relación al aborto, el especialista argumentó que "es una realidad permanente, antes, ahora y despuÚs" y que en general "es fruto de embarazos no deseados, de una procreación no responsable". "El problema se plantea en una realidad clara en la que las mujeres más pudientes pueden pagar 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos por un aborto y nadie habla de eso, pero las que son pobres y no tienen ese dinero para pagar el silencio, terminan pagando con su vida" sostuvo.
Aclaró que la ley va a permitir "dar una solución a aquellas mujeres que ya tomaron la decisión irreductible de suspender su embarazo, evitar que mueran por un aborto y a la vez el alto costo que implica para la salud pública, salvarle la vida.
Casi dos mil al año
La diputada nacional por Jujuy, Carolina Moisés, quien votó a favor de la ley, respaldó las cifras emitidas por el doctor Juan Guzmán, y aseguró que esos números son el resultado de un relevamiento realizado en conjunto a partir del testimonio de médicos y agentes sanitarios de la zona del Ramal jujeño. “Con el doctor Guzmán trabajamos para llegar a ese número, a través de entrevistas con médicos que trabajan en el hospital, con los agentes sanitarios, de Atención Primaria de la Salud, con enfermeras, y haciendo una proyección entre los ingresos hospitalarios y las atenciones que se hacen en los puestos de salud en situaciones que son consecuencia de abortos mal realizados, calculamos cerca de 2 mil abortos por año, solo en la zona del Ramal”.
La legisladora aclaró que el relevamiento fue realizado a partir de casos registrados en San Pedro, por cuanto es ciudad cabecera; sin embargo allí confluyen pacientes no solo de ese departamento, sino también de Santa Bárbara e incluso de toda la zona rural periférica. “Toda esa población se atiende en San Pedro, a partir de ahí combinamos la información que tenemos del hospital "Guillermo Paterson’ donde se registran los ingresos” sostuvo.
Asimismo, calificó de “incorrecta” e “insuficiente” la información estadística emitida por el Ministerio de Salud de la provincia en torno a la cantidad de muertes por aborto, “por cuanto son cifras registradas a partir de los ingresos hospitalarios de determinados cuadros clínicos ya sean hemorragias, infecciones, septicemia, perforación de útero, intestinal, sin aclarar cuales son por aborto, es por eso que el ministro Bouhid asegura que hubo una sola muerte por aborto el año pasado, lo cual es mentira”.
Moisés lamentó que los tres senadores por Jujuy se hayan expresado en contra de la ley y los exhortó a rever su posición al respecto. “Más allá de las convicciones personales, religiosas o morales, creo que es un tema de salud pública y no podemos imponer decisiones que tienen que ver con las conductas privadas de las personas”.