El Tribunal en lo Criminal Nº 3 resolvió los planteos formulados en la audiencia preliminar de la causa que investiga la malversación de fondos públicos, conocida comúnmente como "Pibes Villeros" y no dio lugar a ninguno de ellos.
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El Tribunal en lo Criminal Nº 3 resolvió los planteos formulados en la audiencia preliminar de la causa que investiga la malversación de fondos públicos, conocida comúnmente como "Pibes Villeros" y no dio lugar a ninguno de ellos.
El pasado 7 de junio en el Salón VÚlez Sarsfield del Palacio de Tribunales se celebró la audiencia preliminar de esta causa y las partes presentaron una serie de planteos y nulidades que el viernes de la semana pasada el Tribunal presidido por la jueza María Alejandra Tolaba resolvió y notificó a los abogados.
La resolución que consta de veinte puntos, en la que las juezas rechazaron las nulidades del requerimiento de elevación a juicio de la causa.
Entre otros puntos, el Tribunal rechazó el planteo de nulidad respecto de la representación e intervención como querellante adhesivo del titular de la Oficina Anticorrupción Joaquín Millón Quintana, interpuesta por Juan Ángel Cabezas Hametti, defensor del dirigente social Alberto "Beto" Cardozo y Gustavo Martínez, con adhesión de Matías Duarte, abogado defensor de la dirigente social Milagro Sala, del abogado Efraín Garay en defensa de Pablo Tolosa Perea y de la abogada Claudia Cecilia González en defensa de Adriana y Sandra Condorí.
Cabezas se había referido a la "indebida designación del fiscal anticorrupción, Joaquín Millón Quintana", quien a su juicio "no reúne los requisitos para ocupar el cargo que ostenta en virtud de no cumplir con las condiciones de ley para su designación y menos para su participación en la causa, no contemplando aspectos jurídicos esenciales".
En su descargo, el representante legal de "Beto" Cardozo había manifestado que Millón Quintana ocupaba el cargo "sin contar con los diez años de antigüedad en la matrícula y el mínimo de ocho de residencia en la provincia, como el no estar matriculado en el Colegio de Abogados de Jujuy constituye un delito contra la administración pública", había manifestado Cabezas.
Con esta exposición, Cabezas había pedido "la nulidad del requerimiento de elevación a juicio por estar contaminado", llamando irónicamente de "pequeño error de dos años" a la inscripción de Millón Quintana en el Colegio de Abogados 72 horas del inicio de la audiencia preliminar, siendo funcionario desde hace más de dos años.
La resolución del Tribunal fueron fundados a travÚs de artículos del Código Procesal Penal de la Provincia, de la Ley Provincial N° 5885 de Creación de la Oficina Anticorrupción, Estatuto de la Abogacía y la Procuración Ley Provincial Nº 3329/76 y sus reformas, como así tambiÚn el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial y el Acuerdo de la Legislatura Provincial.
Además el Tribunal en lo Criminal Nº 3 rechazó las oposiciones formuladas con respecto algunas de las pruebas colectadas en la causa.
Sobre la causa y las personas que llegan al debate oral
La causa conocida como “Pibes Villeros” cobró relevancia pública cuando a fines del 2015 se difundió un video de las cámaras de seguridad del Banco Nación de nuestra ciudad, en el momento que una de las integrantes de la organización social retiraba más de 13 millones pesos.
El fiscal anticorrupción Joaquín Millón Quintana había denunciado a la organización barrial Tupac Amaru, a su líder Milagro Sala, y a la entidad bancaria ante la Unidad de Información Financiera (UIF), para que investiguen esas maniobras.
Entre las personas imputadas se puede describir a la dirigente social Milagro Sala y algunos de sus allegados, entre ellos, Patricia “Pachila” Cabana, quien era presidente de la cooperativa de trabajo que se llamaba “Pibes Villeros”, cuyo rostro es el que se vio en las cámaras de seguridad de la entidad bancaria, extrayendo el dinero.
Milagro Sala junto a Javier Nieva, la diputada provincial Mabel Balconte y la exfuncionaria comunal sampedreña Ivonne Sagardia están imputadas por los supuestos delito de “asociación ilícita”, “fraude a la administración publica” y “extorsión”.
El exvocal social del Ivuj, Pablo Tolosa Perea está acusado de ser el supuesto autor del delito de “fraude a la administración pública (catorce hechos en concurso real).
El extitular del Ivuj José Lucio Abregú, y los allegados a Milagro Sala Olga Tufiño, Marcos Almasana
Alberto Cardozo, Juan Nieva, Damián Lacsi, Eduardo Sequeiros Carlos Cruz, Joaquin Sala
Marcelo Almasana, Juan Aguilera y el contador del municipio sampedreño Luis Corrado están acusados de ser los supuestos autores de “fraude a la administración pública”.
Ratificaron a la querella adhesiva
En la resolución del Tribunal en lo Criminal Nº 3 integrado por las juezas María Alejandra Tolaba (presidente de trámite), Ana Carolina Pérez Rojas y Claudia Cecilia Sadir, se dispuso que tanto la Fiscalía de Estado, como la Oficina Anticorrupción continuarán como querellantes adhesivos.
Es que el Tribunal no hizo lugar a la solicitud de unificación de la representación de los querellantes adhesivos, planteo presentado por el abogado Juan Ángel Cabezas Hametti, con adhesión de los abogados Matías Duarte y Oscar Galíndez, por improcedente.
En cuanto al pedido de investigación suplementaria, formulado por tres abogados defensores, los mismos también fueron rechazados.
Habiéndose notificado a las partes y cumplidas las disposiciones del artículo 390 del Código Procesal Penal Provincial, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 fijará próximamente la fecha de inicio de la audiencia de debate.
Fuentes judiciales que fueron consultadas por nuestro diario, dieron cuenta que algunos abogados defensores ya hicieron reserva de los recursos para apelar este fallo y en las próximas horas interpondrían un recuros extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia.
Claro está que estos “futuros” planteos no influyen en el inicio del debate oral, que quedaría establecido en los próximos días.