Tal como lo adelantara nuestro diario, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, el viernes a última hora resolvió "hacer lugar al recurso de inhibitoria planteado por los abogados Alberto Matuk y Ricardo De Aparici", respecto de la competencia en la investigación por la "Megacausa" que dirige el juez de Control Nº 4 Isidoro Cruz.
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Tal como lo adelantara nuestro diario, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, el viernes a última hora resolvió "hacer lugar al recurso de inhibitoria planteado por los abogados Alberto Matuk y Ricardo De Aparici", respecto de la competencia en la investigación por la "Megacausa" que dirige el juez de Control Nº 4 Isidoro Cruz.
La resolución ordena a Cruz "la inmediata remisión de las presentes actuaciones a la Justicia Criminal Federal con sede en la Capital de la República, a efectos de habilitar la intervención que por ley le incumbe en la cuestión de competencia y en el concreto planteo inhibitorio que suscita".
Con esta inesperado giro en el expediente que investiga la malversación de más 1300 millones de pesos, en cuanto a la malversación de fondos públicos nacionales que eran destinados a la construcción de viviendas sociales denominado "Plan de Mejora Habitacional Mejor Vivir II" y que estaba a cargo de esas construcciones la Red de Organizaciones Sociales, presidido por la dirigente social Milagro Sala, la causa podría tratarse en la fuero Federal en Buenos Aires, y podrían haber nuevos exfuncionarios nacionales imputados en la causa.
En uno de los puntos que fundamentó la Cámara Federal de Salta "pone de resalto que el rol protagónico que les cupo a los funcionarios nacionales en los hechos, entre los que se cuenta un exministro de la Nación y exsecretarios de la misma cartera, todos ellos por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, determina la competencia por razón de la persona, pues lo actuado con ocasión de sus cargos importó la comisión de delitos que corrompen el buen servicio de los empleados de la Nación, resultando los hechos ventilados inherentes a la función administrativa que ejercieron esas personas".
En tal sentido, "este fuero de excepción debe intervenir en la causa que tramita ante el fuero provincial, pues además de que el Estado Nacional se reservó la potestad de control de los fondos remitidos, se verificó una afectación a las rentas de la Nación y se denunció ( y se sigue investigando) el irregular desempeño de ex funcionarios nacionales".
Hay que aclarar que al cierre de esta edición, las partes no habían sido notificadas formalmente de esta resolución, y ahora queda tomar conocimiento sobre la recusación ante la Suprema Corte de la Justicia, por parte del Ministerio Público de la Acusación y las partes que representan a la querella, defendiendo los intereses del Estado provincial.
A la presentación la hicieron los abogados Alberto Matuk y Ricardo De Aparici, en representación de los imputados y exfuncionarios Nilson Ortega, Julio Moisés, Alberto Ortiz y la escribana Claudia Trenque.