Se realizó la audiencia pública por las nuevas tarifas del gas, que tendrían un aumento del 30%, aunque se espera la resolución de la Secretaría de Energía de Nación.
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Se realizó la audiencia pública por las nuevas tarifas del gas, que tendrían un aumento del 30%, aunque se espera la resolución de la Secretaría de Energía de Nación.
Las asociaciones de usuarios de Jujuy reciben muchas consultas sobre la imposibilidad de pagar las boletas de gas.
Las asociaciones de usuarios del país solicitaron la suspensión de la audiencia, así también el Defensor del Pueblo de Buenos Aires solicitó lo mismo para el aumento tarifario, porque las distribuidoras habían solicitado un aumento del 200%, y además porque no se habían considerado actualizaciones de costos, además de la falta de información.
La tarifa que se está cobrando a los usuarios tiene un ítem en la boleta que es el gas en boca de pozo y está considerado con un valor de $28. Ahora con la actualización de la tarifa pedían un aumento del 200%, es decir que las distribuidoras de gas solicitaban la actualización de la tarifa en las mismas cifras de la devaluación del peso respecto a la moneda norteamericana.
Por otra parte las Defensorías del Pueblo de varias provincias solicitaron que la tarifa sea "plana". Es decir una suspensión del aumento y que se cobre lo mismo que se viene cobrando hasta ahora.
Las asociaciones de usuarios aluden al incumplimiento al fallo Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que establece que la tarifa debía ser la adecuada para que no sea confiscatoria del salario de los usuarios. Tenía que tener un determinado porcentaje del salario, pero el porcentaje nuevo del "tarifazo" excede el cálculo. Lo cierto es que los usuarios no pueden pagar las boletas, más allá de que se puedan financiar en cuotas.
Desfasaje tarifario
El problema es que los ítems que componen la factura se actualizan según el valor del dólar, beneficiándose las empresas con el precio de boca de pozo. En el resto del mundo este valor promedia 3,5 dólares, pero en Argentina llega a 7,5 dólares.
Hoy varios usuarios no pueden pagar la factura de gas, y es muy probable que pierdan el servicio sobre todos aquellos en situación de vulnerabilidad.
La aprobación del aumento de tarifa depende del Poder Ejecutivo nacional, del presidente Mauricio Macri. Realizada la audiencia, se estima que el aumento que se apruebe comenzaría a regir en octubre.
Este mes las propuestas de las distribuidoras serán analizadas y luego se emitirá una resolución con una tarifa nueva.
El gas que hoy consumimos tiene un valor de 28 pesos el metro cúbico, fijado cuando el dólar estaba a 28 pesos, pero hoy está a 38 pesos.
Tarifa social
Días atrás se informó que la Nación eliminaría la tarifa social en energía, de la cual deberían hacerse cargo las provincias, y se anticipó la misma política para la tarifa social del gas. Pero el Gobierno nacional dio marcha atrás suspendiendo la Resolución 122.
En este sentido la referente de la asociación de usuarios Proconsumer, Claudia González, explicó que "el problema es que seguimos sin conocer el valor real acordado a las empresas productoras del gas, el millón de BTU (unidad de medida) que es el valor en boca de pozo, es el punto de ingreso al sistema. Al no conocer el precio real, aunque sí sabemos que están en dólares, el aumento del dólar influye directamente", afirmó.
Respecto a la última audiencia dijo que "trataron un reajuste por inflación en el que los sueldos no tienen ese reconocimiento, ya que hay sectores estatales que están lejos de los aumentos que piden las empresas". "Además la novedad en el servicio de gas, es el estudio que se estaría realizando en el Ministerio de Hacienda de Nación de fijar una tarifa plana del gas. Esto iría en contra del derecho de los usuarios, respecto a la información y a pagar el servicio que se consume", apuntó. "Al hablar de una tarifa plana hablamos de una ficción. El mes de menos consumo pagaría más, para compensar períodos de bajas temperaturas donde la tarifa sube. Se trata de facturas segmentadas de acuerdo al consumo. No son situaciones reales", afirmó González.
La Constitución Nacional establece mayor accesibilidad de usuarios a los servicios públicos. El aumento expulsa a usuarios.
Se sugiere que los usuarios realicen el reclamo para que no les corten el servicio, y así accedan a un financiamiento.
“La tarifa no tiene que ser confiscatoria para los usuarios”
"Esa tarifa incumple, viola las normas de Derechos del Consumidor. Porque las normas de Derechos del Consumidor justamente dicen que es un servicio público esencial y el criterio para aplicar esa tarifa no tiene que ser confiscatorio. Y la Corte Suprema de Justicia estableció cuando no es confiscatoria. Y es cuando tiene en cuenta el salario real de esas familias y de esos usuarios. Sí no se hace el análisis comparativo con el salario del usuario y dejas de ver que esa tarifa pueda ser del precio que sea, ahí es cuando el criterio deja de ser legal. El criterio que está aplicando va a ser exorbitante, y será una tarifa fuera de la legalidad y violando los derechos de los usuarios. La CSJ cita una observación de Naciones Unidas de un pacto de derechos económicos, sociales y culturales que es el derecho a la vivienda. En ese dictamen que hace la Corte analiza que ese derecho a la vivienda es el derecho que tienen los usuarios de gozar una vivienda adecuada y los servicios esenciales que provean a esa vivienda. Como ser el gas. Ese análisis lo hace la Corte en ese fallo. La tarifa ha evolucionado sin tener criterios, sí se aplica un criterio simplemente económico para los bancos. Acá se ha perdido de vista que es un servicio esencial que no es un commoditie. El gas es un producto que está en el mercado, podés comprar a precio dólar o es un servicio esencial por el cual el Estado tiene que controlar para que el usuario pueda acceder”, explicó la abogada Alicia Chalabe, de la Asociación de Usuarios y Consumidores Codelco.
Apoyo a la Defensoría del Pueblo de Jujuy por una tarifa "plana"
En la audiencia pública por la tarifa del gas natural llevada a cabo en Santiago del Estero, los Defensores del Pueblo insistieron con el pedido de Jujuy para que se implemente una tarifa "plana" para los usuarios.
El planteo fue explicitado por el ombudsman de la provincia anfitriona de este encuentro, Leonel Suárez, quien pidió el congelamiento de la tarifa por al menos seis meses. Se pudo conocer que el aumento podría alcanzar un 30%.
Tras la audiencia, voceros del Gobierno nacional dejaron reflejado que la intención del Ejecutivo es aplicar una tarifa "plana" y atender de esa manera el pedido de los defensores. En la ocasión los defensores del Pueblo reiteraron el pedido de Jujuy, de congelar por seis meses el valor del gas natural y establecer una tarifa plana. Esta propuesta impulsada por la Defensoría del Pueblo de Jujuy recogió el respaldo de los miembros de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo.
"Solicitamos que los valores se congelen por seis meses y se brinde a los usuarios la opción de pagar la tarifa plana. Todo parece indicar que el aumento alcanzaría el 30%. De todos modos, se informó que la decisión final saldrá por resolución a fin de mes", comentó el Defensor del Pueblo de Jujuy, Javier de Bedia.
"Sabemos que el Enargas está de acuerdo y que el Gobierno nacional evalúa la posibilidad de aplicar una tarifa plana que regiría por semestre y que se trasladaría parte del impacto de los meses de mayor consumo al resto del período", confió.
Más adelante, De Bedia indicó que habrá que esperar la decisión final para saber si se aplicará una tarifa plana. De todas maneras, precisó que si se llegara a aplicar la misma, recién se haría efectiva a partir de enero próximo, porque se debe reformar el sistema de facturación.
Dijo que apuesta a un mecanismo transparente, se establecería un sistema de equilibrio para que cuando se consume mucho el valor no tenga las asimetrías tarifarias actuales.
Judicializar es la única manera de poner fin al aumento
“Ahora nos venimos a enterar que las distribuidoras adeudan ocho meses del gas que han comprado, que han vendido y cobrado; pero que es una deuda en dólares. Lo que compraron a un dólar a $20, hoy deberían pagar un dólar a $40, ¿quién paga la diferencia? En este caso estarían tratando de trasladar una diferencia de precio de los últimos ocho meses, por una deuda de otras personas. Eso preocupa, las consecuencias y la falta de información que a veces se develan en las audiencias públicas, con limitaciones. Estamos hablando de un acumulado de un 1.200% de gas desde diciembre de 2015. Además no tiene techo porque no se sabe cuándo va a parar la inflación. Nos piden una diferencia por inflación en pesos, pagan sueldos en pesos, sin perjuicio del o cual tiene asegurado un valor de retorno en dólares”, expresó la abogada González.
Así también recordó que “el primer intento de sinceramiento de tarifas que lleva el exministro Aranguren, era un aumento del 500%. Le pone freno la CSJ, establece que no hay ningún aumento sin audiencia pública previa. Pero no entra a juzgar ese aumento en particular. Sin perjuicio de eso, brinda pautas de lo que debe ser un reajuste tarifario: habla de la previsibilidad, de la relación económica con los ingresos del sector poblacional al cual se le está brindando el servicio público de la progresividad de los aumentos y de la razonabilidad. Eso no se cumple”. “Está radicada una demanda colectiva que pretende conocer el valor de gas en boca de pozo. La única manera de poner fin a estos aumentos es judicializar, aunque no es el mejor camino para los usuarios ante la imposibilidad de pagar los aumentos. Por los menos para obtener una medida cautelar que suspenda este último aumento”, expresó para concluir.