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La mayoría de los diputados de la Legislatura de Jujuy se negó a dar quórum para tratar la emergencia alimentaria, por indicaciones de otro Poder, el Ejecutivo. Es poco probable que quienes actuaron de ese modo conozcan al filósofo griego Jenócrates, discípulo de Platón, quien ante un hombre que en todo le daba la razón le dijo molesto: “contradígame una vez siquiera para que vea que somos dos”. Ojala me equivoque, pero en este caso no hubo esos dos para el tratamiento de algo tan urgente, mientras tanto la situación social se agrava a diario. En paralelo estamos ante un gobierno nacional que ha perdido el control de sus propias decisiones, y en el centro del mundo capitalista al parecer le soltaron la mano, no habrá desembolso del último tramo del crédito del Fondo Monetario Internacional por 5.400 millones de dólares, la incertidumbre política fue el argumento de los popes de este organismo.
Sobre “precios cuidados” o “sensibles” podemos verificar que los supermercados, donde supuestamente tenía que haber una baja de precios en algunos artículos por la quita del IVA, se notan muy poco y existe desorden reconocido por los propios empresarios, y si lo hicieron sucede en muchos casos que antes ya se había remarcado y se sigue remarcando dos o tres veces por semana, esto lo pude comprobar en recorridas por supermercados. La consecuencia es que los trabajadores asalariados, los jubilados, los subsidios a la desocupación, el salario social complementario, la Asignación Universal por Hijo (AUH), los cuentapropistas, los campesinos siguen perdiendo capacidad adquisitiva.
Porlo tanto el anuncio de la inflación de agosto anticipa lo que muy probablemente sucederá en septiembre, como señalé en la anterior columna de opinión. Esta es una situación que no se tolera más porque en las últimas semanas se agravó la inflación, particularmente en frutas y verduras, no porque los productores aumentaran sus precios, lo que se acentuó es la diferencia entre lo que le pagan en las quintas a los campesinos y lo que recarga y se lleva la intermediación parasitaria, que no es objeto de control estatal alguno.
El miércoles 25 el gobierno oficializó por decreto el bono no remunerativo para la actividad privada por un monto de $ 5.000 que se cobrará en octubre “o en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias de los Convenios Colectivos de Trabajo en ejercicio de su autonomía colectiva”. El bono no va al sueldo, no incide en el aguinaldo y tampoco en las jubilaciones. No incluye a los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, a trabajadores rurales y empleadas domésticas. Hace pocos días el ministro Dante Sica dijo que esperará la inflación de septiembre para decidir sobre la reapertura de paritarias, como si no lo supiese.
Lo más importante para el gobierno de Macri es que ejecutó algo fundamental de su política económica, cual fue hacer realidad la exigencia del capital internacional y monopolios locales de bajar los salarios medidos en dólares de los trabajadores argentinos; los que ganaban, por ejemplo, 900 dólares mensuales a diciembre del 2015 pasaron a ganar 450 en julio 2019 y ahora menos con la última devaluación, el eje argumental que esgrimieron para esto es que la industria argentina no es competitiva por el nivel de los salarios en dólares y por la legislación laboral vigente. Según ellos para lograr “competitividad internacional” hay que bajarlos al mínimo minimorum y flexibilizar las leyes. Al mismo tiempo con estas devaluaciones y altísimas tasas de interés generaron el malestar que existe entre dirigentes de asociaciones empresariales, Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) le dijo a Macri que “destruyeron la industria”. Las contradicciones en el seno del bloque de clases dominantes son evidentes, están los pocos que aplauden, particularmente el capital financiero especulativo, los grandes productores y exportadores de granos y oleaginosas, los que exportan carne vacuna, el sector energético y petrolero o grandes laboratorios. Al mismo tiempo son cada vez más los sectores industriales que dicen que la pérdida de poder adquisitivo del salario es causal de que la industria trabaje en promedio al 50 % de su capacidad instalada. Ya hubo reuniones de la cúpula de la UIA con Alberto Fernández para tratar lo que se hará a partir de octubre.
El sermón de Salta: “hablaste de hambre cero, llévate el rostro del hambre”, sigue repercutiendo, en el hecho no le sirvió a Macri tener en la mano una imagen de la Virgen del Milagro, culto que no practica. Al mismo tiempo hay que estar atentos para seguir los primeros pasos del próximo gobierno. En un programa de televisión Alberto Fernández opinó que “la prioridad será recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios y el consumo de los trabajadores como instrumento que permite recuperar la industria y volver a poner en marcha el país”, este es el tema programático que hay que seguir atentamente porque estamos muy próximos a las elecciones y al cambio de gobierno y todo lo que se haga en relación a las bases de la política económica se definirá en los primeros días de gobierno, momento clave para dar vuelta la página de tanto sufrimiento popular y de política “industricida”.