En el ámbito educativo, se difunden en cursos para docentes el protocolo o pasos a seguir a la hora de enfrentarse con un supuesto caso de abuso o violencia en niños y jóvenes. Según el gremio Cedems, este tipo de situaciones existen y es una obligación moral y ética realizar las denuncias pertinentes.
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En el ámbito educativo, se difunden en cursos para docentes el protocolo o pasos a seguir a la hora de enfrentarse con un supuesto caso de abuso o violencia en niños y jóvenes. Según el gremio Cedems, este tipo de situaciones existen y es una obligación moral y ética realizar las denuncias pertinentes.
En el caso del nivel secundario los cursos se vienen realizando en el interior, que en algunos casos generó temor en los docentes participantes al entender que podrían quedar expuestos en pueblos pequeños por posibles represalias. "La escuela tiene la obligación de hacer la denuncia", afirmó María Gómez, directora de Nivel Medio, y agregó: "quien tiene la potestad de hacer la denuncia es el director de la escuela, y también debiera ser la familia. En algunos casos la familia no quiere hacer la denuncia, pero si es obligación del docente, del director de escuela hacerla", dijo Gómez.
Planteó que puede pasar que en la comisaría no le quieran recibir la denuncia, y estimó que de igual manera se puede hacer la exposición policial de modo que quede manifestada la intención de denunciar.
Agregó que sólo se envió un protocolo a principios de año para orientar a las escuelas cómo hacer en cada caso.
En tanto, Julieta Carrizo, del área Social del Centro de Enseñanza Media de Nivel Secundario (Cedems) expresó al respecto: "la escuela hoy no puede hacer caso omiso, no puede hacer la vista gorda en caso de abuso, de cualquier tipo de violencia o abuso que atente contra la integridad de sus alumnos".
Agregó por ello que hoy los docentes tienen la obligación ética, moral y profesional de denunciar toda situación de abuso que los menores pudieran reflejar, y seguir la denuncia.
Explicó que para ello existe un protocolo: los docentes primero deben informar a la autoridad superior inmediata, el director, y en caso que haya un asesor pedagógico a éste y también a quien dirige el establecimiento, y se debe hacer la denuncia correspondiente a la Fiscalía o a la Policía. Dijo que por lo general los directores suelen presentar la denuncia en la Fiscalía.
En la experiencia del gremio, han escuchado que se dan casos en zonas rurales donde parecía "naturalizarse la situación" de los abusos, pero que actualmente hay otra mirada sobre la integridad física del educando y se están tomando medidas para que el docente se pueda hacer eco de esa voz y ser partícipe de ese doloroso proceso que puede salvar una vida.
"Años anteriores los docentes no querían participar por el hecho de que los trámites judiciales eran complicados, engorrosos, muy largos y por ahí los comprometían demasiado", recordó Carrizo.
Sin embargo, ante el posible temor de los docentes por la reacción de la familia de la víctima, la referente gremial aseguró que existían esos temores pero cuando se trata de denuncias de acoso, son situaciones que deben aprender a sortearlas y superarlas, porque está la Justicia para velar por la integridad de los docentes también. Dijo que si los docentes luego son requeridos para declarar, el director les debe dar una constancia y justificar la inasistencia
Sobre las posibles denuncias a los docentes
Por otro lado, consultada sobre otro tipo de casos en que los docentes fueran denunciados por algún tipo de abuso, Carrizo explicó: “siempre cuando hay una denuncia está el derecho a la duda, no se declara culpable hasta que no se tienen todas la pruebas. Y en ese caso es la Justicia la que tiene que intervenir y hacer las investigaciones pertinentes para dar lugar a las denuncias, que caben hacerlas”, precisó.
En este sentido, aseguró que en esta gestión gremial no recibieron denuncias en contra de docentes ni de directivos, pero que de ser así tienen un equipo de abogados para asesorarlos. Recordó que si hubo denuncias vinculadas a acoso laboral y de violencia de género, que se debe denunciar en la Comisaría, que se abra expediente y se puede seguirlo para darle curso.
Denuncias
Por otra parte, Alejandro Bossatti, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar, de Género y de Delitos Contra la Integridad Sexual, fue consultado sobre las posibles “falsas denuncias” de casos de abuso que se canalizan a a través de los docentes, como de los que puedan ser blanco los educadores. El fiscal aseguró que existen pero que hay que discriminar esto: “Si un menor devela un hecho y después de la investigación surge que esto no es así, no es que uno va ir en contra del denunciante, si es un docente, por la comisión del delito de falsa denuncia”.
“La falsa denuncia viene de un dolo, de mala fe, la voluntad expresa de realizar una falsa denuncia, perjudicar al otro. No es una cuestión habitual pero hay”, aclarando que “es cuando alguien lo hace a sabiendas y en este caso constituye un delito”. Explicó que en este caso se hacen copias de las actuaciones y se remite al fiscal competente para determinar si se trata o no de una falsa denuncia, o de una confusión.
Es que puede pasar vengan las denuncias contra una persona en la creencia de que la conducta que tuvo es un delito, pero hay casos en que no está tipificado en el Código Penal, en cuyo caso se archivan las actuaciones, según dijo.
Sin embargo, hay otras que están contempladas en la ley 26.487 de Protección Integral de la Mujer, llamada Ley de Violencia de Género, con lo cual “si le pegan a una persona es un delito, si la amenazan de muerte es un delito; ahora el acoso sexual no es considerado un delito, el abuso sexual sí”, explicó. Por otro lado agregó que la violencia patrimonial ni la moral están previstos como delito, con lo cual se ocupa el Juzgado de Violencia de Género, que es multifueros penal y civil, y puede sacar medidas en ese marco, como prohibición de acercamiento y otras medidas de protección a la mujer.
Temor docente ante la obligatoriedad
La mirada de algunos docentes que pidieron resguardar su identidad respecto a la difusión del protocolo de denuncia en el ámbito educativo, apunta a una sensación de vulnerabilidad por sentirse expuestos y poco respaldados ante la repercusión de denuncias, citando el caso de imputación a una docente y directivo por presunta omisión en denunciar un hecho, que generó molestias en sus colegas. Una docente de la zona de Yungas explicó que al consultar qué sucede con los chicos cuando se hace la denuncia, dijo que hubo un caso en que la niña seguía en el mismo lugar y con ello corría riesgos. Señaló que tienen temor que el denunciado pueda tomar represalias contra ellos o sus familias. Esgrimió que si bien el Estado tiene asistentes sociales y psicólogos con esto se intenta obligar a cumplir un rol para el que no están preparados, ya que vienen absorbiendo problemas todo el tiempo.