La ley que acaba de aprobar el Congreso autoriza al Gobierno a establecer un impuesto del 30% a la compra de divisas, subir las alícuotas de Bienes Personales y abrir una moratoria impositiva para las pymes, entre otras iniciativas, con el objeto de alcanzar la solvencia fiscal, fortalecer las reservas internacionales y reactivar la economía de nuestro país.
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La ley que acaba de aprobar el Congreso autoriza al Gobierno a establecer un impuesto del 30% a la compra de divisas, subir las alícuotas de Bienes Personales y abrir una moratoria impositiva para las pymes, entre otras iniciativas, con el objeto de alcanzar la solvencia fiscal, fortalecer las reservas internacionales y reactivar la economía de nuestro país.
Asimismo, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva prevé el congelamiento de tarifas, facultar al Poder Ejecutivo (PE) para aumentar retenciones a determinados productos agropecuarios, y la suspensión por 180 días de la movilidad jubilatoria mientras se analiza un nuevo índice de ajuste para el sector.
En un larga sesión del Parlamento, que comenzó el último miércoles en la Cámara de Diputados y culminó el sábado a la madrugada en el Senado, los legisladores le dieron el aval al megaproyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo en todos sus ámbitos.
Entre los principales puntos de la iniciativa, se prevé que el Poder Ejecutivo congele las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción nacional por un plazo de 180 días mientras se realiza la revisión integral de las mismas, y se interviene el Ente Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), organismos fundamentales.
Asimismo, se pondrá en marcha una moratoria destinada a las pymes para el pago de deudas y de aportes, con plazos de hasta 120 cuotas con seis meses de gracia por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre del 2019, con quita de intereses y de capital.
De este modo, con la moratoria se busca que las pymes puedan sanear sus deudas y retomar la producción, con la consecuente incorporación de trabajadores y reactivación de la economía.
Otro punto trascendente de la iniciativa es el establecimiento de un impuesto del 30% a la adquisición de divisas para turismo y atesoramiento, o compras que supongan el uso de moneda extranjera por el término de cinco años, y que tiene como finalidad la de preservar los dólares que conforman las reservas internacionales del país e incentivar el ahorro en pesos, algo que se considera de mucha importancia.
Quedaron exceptuadas las compras de bienes o servicios en cuotas realizadas con anterioridad a la vigencia de la ley, y las importaciones de insumos para la producción, como surgió del debate.
En cuanto al impuesto a los Bienes Personales, la alícuota se ubicará en un rango de 0,50% al 1,25%, pero podría alcanzar el 2,5% en el caso de bienes en el exterior, al menos que los mismos sean repatriados, especifica la norna.
Por otra parte y en el caso de los derechos de exportación, se faculta al Gobierno a fijar nuevos topes de retención, en una medida destinada a incrementar los recursos y alcanzar el equilibrio fiscal, que es una de las metas.
Así, se prevé que la alícuota que deberá tributar la exportación de porotos de soja podría alcanzar el 33%, mientras que el trigo, maíz, girasol, sorgo y demás podrían pasar de pagar el 12% actual al 15%, al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo establecerá un mecanismo "de segmentación y estímulo" a los pequeños productores y cooperativas del sector.
Por su parte, los derechos de exportación a los hidrocarburos y minería se fijarán en el orden del 8 por ciento
En el caso de los productos procedentes de economías regionales la alícuota quedará en un 5%, como también los bienes industriales.
Por último, se prevé la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días desde la puesta en vigor de la norma, plazo durante el cual el Poder Ejecutivo deberá fijar trimestralmente el incremento de los haberes previsionales, y presentar un nuevo proyecto que sustituya al índice de reajuste suspendido.