El presidente Jair Bolsonaro presentó ayer en el Congreso el mayor objetivo económico de su gestión, un proyecto de reforma previsional que obliga a los brasileños a aportar 40 años para ganar la jubilación integral, abre la puerta a un régimen de capitalización como las Afjp y excluye por ahora a los militares, que forman parte de ala más poderosa del gobierno.
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El presidente Jair Bolsonaro presentó ayer en el Congreso el mayor objetivo económico de su gestión, un proyecto de reforma previsional que obliga a los brasileños a aportar 40 años para ganar la jubilación integral, abre la puerta a un régimen de capitalización como las Afjp y excluye por ahora a los militares, que forman parte de ala más poderosa del gobierno.
Con este proyecto, que reduce las contribuciones previsionales de los asalariados con menores ingresos, Bolsonaro espera ganar la confianza del mercado financiero en su cruzada por reducir el déficit fiscal y en medio de una crisis política tras haber echado al secretario general de la presidencia, Gustavo Bebianno.
"La reforma apunta al equilibrio y a eliminar privilegios", dijo Bruno Bianco, secretario especial de la secretaría de Trabajo y Previsión Social, al comentar que el objetivo del gobierno es reducir los beneficios del sector público.
El proyecto es obra del financista Paulo Guedes, un economista ortodoxo que se lo presentó a Bolsonaro en la campaña para transformarse en el ministro de Economía con anuencia del mercado financiero.
El cambio principal es que habrá por primera vez tope de edad, 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, contra el régimen actual que es por tiempo de aportes y no por edad.
Para implementar el sistema, deberá haber 12 años de transición entre el actual y el nuevo, además de una serie de cambios sobre todo para los empleados públicos, que ya amenazaron con protestas para defender los derechos adquiridos.
Actualmente, en la administración pública es posible retirarse a los 50 ó 55 años, dependiendo de los años de aportes.
El tema de los militares "quedó para un segundo momento", dijo Bianco, dejando en claro que el de los beneficios de los militares retirados es un tema que puede causar conflictos en un gobierno con ocho ministros provenientes de las Fuerzas Armadas, además del actual Presidente y excapitán Bolsonaro y el general vicepresidente Hamilton Mourao.
La reforma necesita de un gran esfuerzo de negociación del gobierno ya que se trata de una enmienda constitucional y requiere una mayoría especial de tres quintos de los votos en Diputados y en el Senado.
Bolsonaro llegó por la mañana al Congreso para presentar el proyecto al titular de Diputados, Rodrigo Maia.
En una reunión privada, admitió "haberse equivocado" cuando se opuso, por calificar de miserable, una reforma similar presentada en 2017 por el gobierno de Michel Temer, según contó el jefe del bloque del Movimiento de la Democracia Brasileña, Baleia Rossi.
El gobierno espera reducir el déficit fiscal con la reforma, en línea con estimaciones del ministro de Economía de que en la próxima década el Estado no tendrá fondos para seguir funcionando como hasta ahora.
Con esta propuesta, Bolsonaro busca recuperar oxígeno político luego de haber echado del gobierno a Bebbiano, su excoordinador de campaña, por un escándalo por el desvío de fondos públicos.
“Brasil quebrará”
El mandatario ultraderechista advirtió la semana pasada que, sin un nuevo régimen de jubilaciones, “Brasil quebrará en 2022 o 2023”.
La advertencia puede parecer exagerada, pero incluso sectores de la oposición admiten que algún tipo de reforma es necesario en un país en proceso de envejecimiento.
En 2018, un 9.2% de los 209 millones de brasileños tenía más de 65 años. En 2060, serán 25.5%, según proyecciones oficiales.
Los gastos con los regímenes de jubilaciones representaron en 2017 un 13.64% del PIB brasileño y sin correcciones podrían llegar al 23% en 2060.
La tendencia marcada por el envejecimiento se vio acentuada por la recesión de 2014-2015 y el débil crecimiento: el déficit de las jubilaciones (sectores público y privado), que representaba en 2011 un 2.1% del PIB, llegó al 4.25% en 2018.
Con la propuesta, el gobierno pretende ahorrar en la próxima década 300 millones de dólares.