El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto para reformar el Régimen Penal de la Minoridad y crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, una de las iniciativas anunciadas por el presidente Mauricio Macri en su discurso de apertura de sesiones, como "una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes".
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El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto para reformar el Régimen Penal de la Minoridad y crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, una de las iniciativas anunciadas por el presidente Mauricio Macri en su discurso de apertura de sesiones, como "una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes".
La iniciativa, que ingresó el viernes por la Cámara de Diputados, deberá ser girada a las comisiones que correspondan, "con el objetivo de poder iniciar el debate a mediados de marzo", explicaron ayer fuentes del oficialismo.
Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Justicia, Germán Garavano, habían dado hace diez días los lineamientos principales del texto que finalmente ingresó al Congreso.
Al referirse al tema, Mauricio Macri dijo el viernes ante los legisladores que "el proyecto le da una respuesta del Estado a muchos chicos que van camino de convertirse en delincuentes. Y, hay que contenerlos, darles una oportunidad de hacerse responsables de sus actos y ayudarlos a tener un rol positivo en la sociedad".
Durante su discurso, el Presidente puso énfasis también en que el proyecto "es mucho más que la baja de un año en la edad de imputabilidad para algunos delitos graves", en respuesta a la trascendencia que se le dio a uno de los puntos claves de la iniciativa.
El proyecto tiene por objeto establecer la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 al momento de la comisión de un delito.
La ley se aplicará "al adolescente de 15 años que cometiere algún delito reprimido con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal o en las leyes especiales", y a los mayores de 16 y menores de 18 que cometieren "un hecho previsto como delito de acción pública en el Código Penal y las leyes especiales, con excepción de aquellos reprimidos con pena máxima de prisión igual o menor a dos años, o sancionados con pena de multa o inhabilitación como pena principal".
Para el caso de la tentativa, el establece que esta ley se aplicará también al adolescente que con el fin de cometer uno de los delitos citados, "comenzare su ejecución pero no lo consumare por circunstancias ajenas a su voluntad".
Los puntos del proyecto del Ejecutivo
Respecto de la privación de la libertad, el proyecto establece que “se aplicará como último recurso, de forma fundada, revisable, y por el plazo más breve posible”, al tiempo que resalta que nunca se tomará una medida de este tipo “en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”.
Sobre el alojamiento de los menores, la iniciativa prohíbe que sea en dependencias de las fuerzas de seguridad o en establecimientos carcelarios junto a personas mayores de edad.
Si el adolescente es detenido, deberá ser trasladado a la sede del juzgado dentro de las 24 horas siguientes, plazo que podrá ser prorrogado por otras 24 horas una única vez cuando no se pueda realizar por razones de organización o cuando el imputado lo solicite para designar a un abogado defensor.
“El fiscal podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal respecto de un adolescente, excepto cuando el delito que se le atribuyere tuviere prevista una pena máxima superior a los 10 años de prisión”, agrega el proyecto.
Tanto los procesos penales como la ejecución de las sanciones del menor estarán a cargo de órganos con capacitación especializada en el trato con adolescentes y contenidos de la Convención sobre los Derechos del Niño y el adolescente tendrá derecho a ser escuchado “cada vez que lo solicitare, en cualquier etapa del proceso y durante la ejecución de la sanción que eventualmente se le hubiere impuesto”.
La duración máxima del proceso penal, según lo que presenta el proyecto, no deberá exceder el término de tres años.