Los países del Grupo de Lima resolvieron ayer remitir a la Corte Penal Internacional (CPI) el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela publicado este mes por la ONU e impulsar una "amplia investigación" del apoyo dado al chavismo por gobiernos y organizaciones políticas de la región.
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Los países del Grupo de Lima resolvieron ayer remitir a la Corte Penal Internacional (CPI) el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela publicado este mes por la ONU e impulsar una "amplia investigación" del apoyo dado al chavismo por gobiernos y organizaciones políticas de la región.
"el compromiso con la recuperación de la democracia y la libertad no tiene plazo", dijo el canciller Faurie.
En la decimoquinta reunión de sus cancilleres, celebrada ayer en Buenos Aires, el Grupo ratificó su respaldo al presidente interino designado por el parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, así como "su condena a las sistemáticas violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro".
La declaración del encuentro detalla que esas violaciones "incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, represión y negación de derechos primordiales, como la salud, la alimentación y la educación".
Los firmantes
Los 11 países firmantes del documento -la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Venezuela, representada por su gobierno interino- subrayaron que "hacen suyas las conclusiones y recomendaciones" del informe divulgado este mes por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.
Asimismo, resolvieron remitir dicho informe a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, para que "sea tenido en consideración en el curso de los procedimientos que lleva adelante en virtud de la solicitud presentada por la Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú en septiembre de 2018, posteriormente refrendada por Costa Rica y Francia".
Por otra parte, el Grupo de Lima decidió "apoyar" las "investigaciones y acciones sobre la participación de funcionarios y testaferros del régimen" de Maduro con "actividades ilícitas de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada transnacional, así como sobre el amparo que otorgan a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano".
Además, acordaron "promover" una "amplia investigación del apoyo que se ha brindado" al chavismo "a lo largo de los años por parte de gobiernos y agrupaciones políticas de la región a través de esquemas transnacionales de corrupción, narcotráfico y terrorismo".
El envío del informe de Bachelet a la CPI y el impulso a una indagación sobre el apoyo regional al chavismo fueron los datos más novedosos de la declaración, que subrayó su impulso a otras instancias, como el Grupo Internacional de Contacto (GIC) que lidera la Unión Europea (UE) y la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela a la que convocó Perú para el 6 de agosto próximo.
Sin embargo, ni el documento ni los cancilleres argentino Jorge Faurie y peruano Néstor Popolizio, voceros del grupo en la conferencia de prensa de cierre del encuentro, mencionaron las negociaciones que delegados del chavismo y el antichavismo mantienen en Barbados bajo el auspicio del gobierno de Noruega.
Faurie, en cambio, afirmó ante una pregunta que "el compromiso con la recuperación de la democracia y la libertad no tiene plazo" y subrayó: "El compromiso es con un resultado, que es devolverles la democracia y la libertad a los venezolanos, y eso no tiene plazo".
"Todos estamos comprometidos con una solución pacífica", dijo Faurie, aunque advirtió que "el uso de la fuerza es un recurso que quedará para cuando la situación lo requiera". En febrero pasado, el Grupo de Lima fue el primer sector opuesto al gobierno de Maduro en rechazar explícitamente la posibilidad de solucionar la crisis venezolana mediante una intervención extranjera, mencionada entonces -y aún posteriormente- por grupos de la oposición local y de Estados Unidos. La reunión de hoy -a la que asistieron además representantes de Guyana, Panamá y Santa Lucía, los otros miembros del Grupo, así como de Ecuador y El Salvador, como observadores, y el representante especial de la UE para Venezuela, Enrique Iglesias- se inició con una videoconferencia con Guaidó que se cortó abruptamente a poco de comenzar e impidió que el presidente encargado pudiera conversar con los cancilleres.
El Grupo de Lima ratificó su respaldo al presidente interino designado por el parlamento de Venezuela, Juan Guaidó.