La política del gobierno del Presidente Macri y su pacto con el FMI llevaba antes o después a la devaluación y corrida cambiaria que se produjo tras la derrota en las PASO. La misma significa un nuevo golpe a los salarios, jubilaciones y demás ingresos en pesos de todos los trabajadores del campo y la ciudad. Esto ha sido así a lo largo de nuestra historia y beneficia a los grandes terratenientes y monopolios exportadores y financieros posicionados en dólares, que ya venían presionando y especulando con la previsible devaluación que se produciría. Frente a esto es necesario definir la respuesta ante las medidas que el gobierno anunció como “paliativos”, ante la situación social derivada de la abrupta devaluación ocurrida el primer día posterior a las elecciones.
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La política del gobierno del Presidente Macri y su pacto con el FMI llevaba antes o después a la devaluación y corrida cambiaria que se produjo tras la derrota en las PASO. La misma significa un nuevo golpe a los salarios, jubilaciones y demás ingresos en pesos de todos los trabajadores del campo y la ciudad. Esto ha sido así a lo largo de nuestra historia y beneficia a los grandes terratenientes y monopolios exportadores y financieros posicionados en dólares, que ya venían presionando y especulando con la previsible devaluación que se produciría. Frente a esto es necesario definir la respuesta ante las medidas que el gobierno anunció como “paliativos”, ante la situación social derivada de la abrupta devaluación ocurrida el primer día posterior a las elecciones.
La devaluación del peso y elevación de la tasa de interés que paga el Banco Central al capital financiero especulativo, y de igual modo el aumento de la tasa de interés en plazo fijo de los pequeños y medianos ahorristas, cuyo objetivo principal es contener la corrida al dólar, profundiza la crisis de la producción nacional y se agrava la destrucción de puestos de trabajo. El presidente Mauricio Macri anunció que “le pidió a su gabinete un paquete de medidas para llevar alivio al bolsillo de los argentinos”. Se trata de anuncios con sentido electoralista y de gobernabilidad con medidas limitadas hasta el mes de diciembre, que no alcanzan para modificar el efecto destructor provocado por la devaluación y la suba de las tasas de interés.
Por eso es legítimo el paliativo de $ 5.000 pero insuficiente, ya que debería extenderse hasta fin de año y extensivo a todos los empleados públicos nacionales provinciales y municipales, a todos los jubilados y pensionados, etc., haciéndose cargo el Estado nacional del déficit que eso provocaría a las provincias o municipios. Además de un aumento inmediato extra por decreto de $ 5.000 en el salario mínimo, independiente del que se acuerde en la Comisión del Salario Mínimo, y en todos los salarios privados garantizando su financiamiento a tasas de interés mínimas, y que se acelere la discusión paritaria.
Este “paquete de medidas paliativas” debe ser financiado por los sectores beneficiados por la devaluación, a través del aumento y segmentación de las retenciones a las exportaciones de granos, carnes y de todos los productos de la canasta familiar para que el aumento del precio del dólar no se traslade a los precios internos. Esta medida debe considerar la eliminación de las mismas para los pequeños y medianos chacareros. También deberán aumentarse los derechos de exportación a los monopolios industriales exportadores. Los fondos que se obtengan con esta medida se tienen que destinar a la emergencia alimentaria que se reclama desde diversas organizaciones sociales y sindicales, a la prórroga y aumento del salario social complementario que es fruto de la Ley de Emergencia Social lograda por las Organizaciones Sociales conocidas como “Los Cayetanos” y para que se devuelva el IVA a todos los componentes de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que son 50 artículos y no sólo los 15 anunciados. Asimismo, que se elimine el IVA, los impuestos provinciales y tasas municipales que se paga en los servicios de quienes tienen la tarifa social, desdolarizando la base de cálculo de todos los servicios y que se pesifiquen todas las tarifas y el precio de los combustibles, como plantea el Programa del Frente de Todos que ganó las elecciones por amplio margen. Además, es necesario que la ampliación de la moratoria fiscal para las Pymes sea a tasas de interés mínimas, con ampliación de los créditos, con mayores plazos y reducción de tasas de interés.
Estas medidas son posibles de instrumentar de forma inmediata, puesto que algunas de ellas comienzan a verificarse en la semana que se inicia, dado que según informes de los distintos sectores de la cadena de comercialización ya se han modificado los precios de entre 1.500 y 2.000 items que se corresponden a las 14 categorías de la canasta básica que fijo el gobierno, con lo cual algunos precios quedaron por debajo de los vigentes al 9 de agosto. Sin embargo, advierten que estos días se están recibiendo listados de nuevos precios con aumentos que reflejan el nivel de la devaluación.
Abordadas las medidas de emergencia el paso siguiente es tratar la cuestión de la deuda pública, cuyo pago deberá suspenderse hasta tanto el Congreso Nacional investigue la totalidad, la de reciente origen contraída con el FMI, así como las demás contraídas desde la época dictatorial y la que se estatizó siendo privada desde la época de Cavallo como Ministro de Economía en el año 1980. También es imprescindible realizar una Reforma Impositiva de Emergencia que grave a las grandes fortunas, a quienes se beneficiaron con la especulación financiera y a los grandes terratenientes que con devaluación aumentaran sus ingresos porque impondrán elevadas rentas por el alquiler de la tierra.