En virtud de un reclamo de los asociados del Consorcio Pro Obrero Ruta 66 respecto a la inacción de los directivos, René Andrés Yanos en compañía de Juan Carlos Martínez, presidente y tesorero respectivamente, afirmaron que "están cumpliendo con el objetivo social e invitamos a todos los socios adherentes a concurrir a las oficinas del consorcio, para regularizar la situación".
inicia sesión o regístrate.
En virtud de un reclamo de los asociados del Consorcio Pro Obrero Ruta 66 respecto a la inacción de los directivos, René Andrés Yanos en compañía de Juan Carlos Martínez, presidente y tesorero respectivamente, afirmaron que "están cumpliendo con el objetivo social e invitamos a todos los socios adherentes a concurrir a las oficinas del consorcio, para regularizar la situación".
Respondiendo a las quejas informaron que se realizó la escrituración de las 19 hectáreas a nombre de Consorcio Obrero Pro-Viviendas Ruta 66, escritura pública Nº 289 Compra-Venta en Inmuebles de la provincia.
Asimismo, recordaron que en el año 2000 se efectúa un anteproyecto de loteo, tramitado mediante expediente administrativo ante el Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, para los servicios de infraestructura y/o viviendas. Este trámite, se realiza ante el Ivuj solicitando la aprobación, el que fue rechazado como consecuencia de la inundabilidad del terreno por el arroyo Las Martas.
En el año 2003 un grupo de propietarios de las 4 primeras manzanas firma convenio de común acuerdo con una empresa para la realización de 3 servicios: agua, cloacas y apertura y enripiado de calles. Finalizando la obra según consta en la notificación de fecha 05/03/2006 de Agua de los Andes.
Recuerdan que el 31 de enero del año 2005, realizaron un sorteo ante escribano público, para la ubicación de los lotes conforme anteproyecto de loteo.
En septiembre del 2007 se realizan trámites por incluir al consorcio a un programa habitacional ante el Ivuj, habiendo gestionado el fraccionamiento de las 19 hectáreas, surgiendo la división del terreno en dos grandes parcelas.
En marzo del 2010 se firmó un convenio para realizar ampliación de obra consistente en apertura, compactación y enripiado de calles, red distribuidora de agua potable y red distribuidora de efluentes cloacales. Trabajos realizados sobre las manzanas: 1, 2, 3 y 4, las cuales fueren entregadas a su respectivo propietario, quienes a la fecha están pagando un abono a la empresa Agua Potable,
En el 2011 se abonan honorarios judiciales a abogados y peritos, por una medida cautelar interpuesta en contra del consorcio, afrontando los pagos los sindicatos de Farmacia y Uthgra.
Un logro muy importante
En septiembre del 2013, se consigue ante el Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, a través de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos el "Certificado de No Inundabilidad", luego de innumerables gestiones.
En el mismo año se retoma pago de moratoria del impuesto inmobiliario, de las parcelas arriba mencionadas, en el 2016 se gestiona una nueva moratoria de la cual se hace cargo el Sindicato de Farmacia.
En septiembre de 2017 a pedido de varios consorcistas, tras varias reuniones y estudios de presupuestos, se decide de común acuerdo entre la CD y Asociados, la firma de un contrato de locación de obra, con la empresa Constructora Desarrolladores Urbanos, en donde la empresa se compromete a realizar 5 servicios: agua, cloaca, luz, cordón cuneta y enripiado, en un período de un año de duración de la obra, al efecto de control y seguimiento de la obra se contrata los servicios de un arquitecto en octubre del 2018, ante la demora de la empresa contratada para finalizar el trabajo encargado. Los honorarios del arquitecto son abonados por los sindicatos de Farmacia y Gastronómicos.
A la fecha la empresa no entregó la obra finalizada, en reiteradas oportunidades se les requirió documentación referente a trámites efectuados ante Agua Potable y Ejesa, como así también planos de obra, no teniendo respuesta de los requerimientos, por lo que el trámite pasó al abogado del consorcio a los fines de iniciar las acciones legales.
Yanos y Martínez afirmaron que "el consorcio ha realizado todas las gestiones necesarias para poder cumplir cabalmente con sus fines, aún a pesar de la falta de pago de parte de los socios adherentes. Ello por cuanto, la mayoría de los asociados no ha cumplido regularmente con el pago de las cuotas sociales estatutarias, ni han realizado los aportes totales para la instalación de los servicios mencionados. Ante esta situación, han sido los gremios quienes han tenido que apoyar económicamente al consorcio, a los fines de proteger a los asociados, quienes a su vez son miembros de los sindicatos".
Afirmaron que cumplen con los actos necesarios para la conservación del terreno en resguardo del interés de los asociados. Aclarando que "son inexactas las afirmaciones