El Gobierno nacional transita por estas horas por un complejo sendero de ajuste económico que golpea justo al núcleo duro de sus votantes, a quienes se les prometió en campaña subir veinte por ciento los haberes de los jubilados, impulsar fuertemente el consumo popular, reducir sensiblemente la inflación y dejar de tomar deuda con los organismos multilaterales de crédito. Por culpa de la pandemia, pero también de la ausencia de un plan económico, ninguna de esas premisas está cerca de transformarse en realidad a casi un año de la asunción del presidente Alberto Fernández, y eso se traduce claramente en la constante pérdida de aprobación que reflejan las encuestas y también en cada vez más manifestaciones en contra del Gobierno.
Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional obligaron al ministro de Economía Martín Guzmán a terminar con el IFE y el ATP -como si los efectos de la pandemia hubiesen desaparecido repentinamente-, a elaborar una fórmula de movilidad jubilatoria que podría perjudicar a los abuelos en tiempos de recesión y a liberar de forma inminente las tarifas de los servicios públicos, que ya se encuentran por las nubes. Todas esas medidas, con su correspondiente costo político, podrían desacelerar el crecimiento del país en el corto y mediano plazo y también desestimular el comercio interno, que permita recomponer los millones de puestos laborales que se perdieron desde marzo. Un dato a tener en cuenta en relación al IFE: la cantidad de pobres que hay hoy en Argentina es muy superior a la que había antes de comenzar la cuarentena y muchos de los nuevos desempleados estaban percibiendo ese beneficio. Es evidente que del ajuste no se salvan ni los más necesitados.
Esta “derechización” económica del Presidente -obligado por la coyuntura- ocurre en momentos en los que la interna entre el cristinismo y el peronismo tradicional encarnado por el jefe de Estado se encuentra a flor de piel, y cuando el diálogo directo entre ambos líderes está cortado hace varias semanas. Desde el Instituto Patria respaldan esta política del Presidente y también a las gestiones de Guzmán, pero tampoco la defienden con uñas y dientes en los espacios públicos.
Tanto es así que Máximo Kirchner, jefe de bloque oficialista en Diputados, ni siquiera habló para respaldar las bondades del Presupuesto 2021. Ese incómodo silencio del hijo de Cristina no cayó para nada bien en el entorno de Alberto, aunque ninguno de sus funcionarios lo haya hecho público hasta ahora para no agravar más las diferencias entre el Instituto Patria y los laderos del mandatario, con Santiago Cafiero a la cabeza. Pareciera ser que la estrategia de Cristina es poner todos sus votos en el Congreso a disposición del mandatario pero sin mayores exposiciones que puedan comprometer el perfil progresista que el cristinismo quiere instalar para dar la pelea en 2021 y 2023, con Máximo Kirchner o Axel Kicillof como candidatos a la presidencia. “La decisión de pedirle más plata al FMI luego de que hayamos criticado tanto el endeudamiento de Macri es entendible, pero no nos vamos a prender fuego en los medios defendiendo algo que dijimos que no íbamos a hacer. Para eso está el Gabinete, que bastante callado está”, dijo ayer a El Tribuno un importante legislador nacional que responde directamente a Cristina.
La lucha por el poder dentro del oficialismo se irá profundizando a medida que se acerque la fecha de cierre de listas para las elecciones de medio término, donde la vicepresidenta tendrá el control total de la lapicera y el Presidente otra vez un lugar de espectador, incluso por debajo de Sergio Massa, quien viene acumulando poder desde la presidencia de Diputados y aspira a meter varios legisladores propios para su construcción presidencial.
La renuncia de María Eugenia Bielsa al Ministerio de Desarrollo Territorial era la crónica de una muerte anunciada, ya que esa funcionario subejecutó una buena parte del presupuesto que tenía. Sin embargo, ese no fue el único motivo de su salida: la exministra no era para nada del agrado de Cristina, al igual que Cafiero, Claudio Moroni, Miguel Pesce y sobre todo Marcela Losardo, quien también lleva subejecutado el presupuesto de su cartera. Bielsa era una funcionaria que respondía a Alberto, pero su reemplazante, Jorge Ferraresi, juró como intendente de Avellaneda evocando a Néstor y Cristina. ¿La dimisión de la rosarina será la primera de varias? Cerca del Presidente aseguran que, al menos hasta fin de año, no se prevén más cambios bruscos en la estructura del Gobierno.
En el medio de todo esto resurgió uno de los principales problemas históricos del país, que es la inflación. El preocupante dato de octubre, que se ubicó cerca del cuatro por ciento con las tarifas planchadas y los precios máximos aplicados en las góndolas, generan un clima de alarma por una eventual espiralización de la inflación. De hecho, hay estimaciones privadas que ya hablan de una suba de precios que podría llegar hasta el 48 por ciento el año que viene. Esos números están muy lejanos al 29 por ciento que calcula Guzmán.
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El Gobierno nacional transita por estas horas por un complejo sendero de ajuste económico que golpea justo al núcleo duro de sus votantes, a quienes se les prometió en campaña subir veinte por ciento los haberes de los jubilados, impulsar fuertemente el consumo popular, reducir sensiblemente la inflación y dejar de tomar deuda con los organismos multilaterales de crédito. Por culpa de la pandemia, pero también de la ausencia de un plan económico, ninguna de esas premisas está cerca de transformarse en realidad a casi un año de la asunción del presidente Alberto Fernández, y eso se traduce claramente en la constante pérdida de aprobación que reflejan las encuestas y también en cada vez más manifestaciones en contra del Gobierno.
Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional obligaron al ministro de Economía Martín Guzmán a terminar con el IFE y el ATP -como si los efectos de la pandemia hubiesen desaparecido repentinamente-, a elaborar una fórmula de movilidad jubilatoria que podría perjudicar a los abuelos en tiempos de recesión y a liberar de forma inminente las tarifas de los servicios públicos, que ya se encuentran por las nubes. Todas esas medidas, con su correspondiente costo político, podrían desacelerar el crecimiento del país en el corto y mediano plazo y también desestimular el comercio interno, que permita recomponer los millones de puestos laborales que se perdieron desde marzo. Un dato a tener en cuenta en relación al IFE: la cantidad de pobres que hay hoy en Argentina es muy superior a la que había antes de comenzar la cuarentena y muchos de los nuevos desempleados estaban percibiendo ese beneficio. Es evidente que del ajuste no se salvan ni los más necesitados.
Esta “derechización” económica del Presidente -obligado por la coyuntura- ocurre en momentos en los que la interna entre el cristinismo y el peronismo tradicional encarnado por el jefe de Estado se encuentra a flor de piel, y cuando el diálogo directo entre ambos líderes está cortado hace varias semanas. Desde el Instituto Patria respaldan esta política del Presidente y también a las gestiones de Guzmán, pero tampoco la defienden con uñas y dientes en los espacios públicos.
Tanto es así que Máximo Kirchner, jefe de bloque oficialista en Diputados, ni siquiera habló para respaldar las bondades del Presupuesto 2021. Ese incómodo silencio del hijo de Cristina no cayó para nada bien en el entorno de Alberto, aunque ninguno de sus funcionarios lo haya hecho público hasta ahora para no agravar más las diferencias entre el Instituto Patria y los laderos del mandatario, con Santiago Cafiero a la cabeza. Pareciera ser que la estrategia de Cristina es poner todos sus votos en el Congreso a disposición del mandatario pero sin mayores exposiciones que puedan comprometer el perfil progresista que el cristinismo quiere instalar para dar la pelea en 2021 y 2023, con Máximo Kirchner o Axel Kicillof como candidatos a la presidencia. “La decisión de pedirle más plata al FMI luego de que hayamos criticado tanto el endeudamiento de Macri es entendible, pero no nos vamos a prender fuego en los medios defendiendo algo que dijimos que no íbamos a hacer. Para eso está el Gabinete, que bastante callado está”, dijo ayer a El Tribuno un importante legislador nacional que responde directamente a Cristina.
La lucha por el poder dentro del oficialismo se irá profundizando a medida que se acerque la fecha de cierre de listas para las elecciones de medio término, donde la vicepresidenta tendrá el control total de la lapicera y el Presidente otra vez un lugar de espectador, incluso por debajo de Sergio Massa, quien viene acumulando poder desde la presidencia de Diputados y aspira a meter varios legisladores propios para su construcción presidencial.
La renuncia de María Eugenia Bielsa al Ministerio de Desarrollo Territorial era la crónica de una muerte anunciada, ya que esa funcionario subejecutó una buena parte del presupuesto que tenía. Sin embargo, ese no fue el único motivo de su salida: la exministra no era para nada del agrado de Cristina, al igual que Cafiero, Claudio Moroni, Miguel Pesce y sobre todo Marcela Losardo, quien también lleva subejecutado el presupuesto de su cartera. Bielsa era una funcionaria que respondía a Alberto, pero su reemplazante, Jorge Ferraresi, juró como intendente de Avellaneda evocando a Néstor y Cristina. ¿La dimisión de la rosarina será la primera de varias? Cerca del Presidente aseguran que, al menos hasta fin de año, no se prevén más cambios bruscos en la estructura del Gobierno.
En el medio de todo esto resurgió uno de los principales problemas históricos del país, que es la inflación. El preocupante dato de octubre, que se ubicó cerca del cuatro por ciento con las tarifas planchadas y los precios máximos aplicados en las góndolas, generan un clima de alarma por una eventual espiralización de la inflación. De hecho, hay estimaciones privadas que ya hablan de una suba de precios que podría llegar hasta el 48 por ciento el año que viene. Esos números están muy lejanos al 29 por ciento que calcula Guzmán.