El Ministerio Público de la Acusación a través de un convenio firmado con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lleva adelante una capacitación en mediación comunitaria, con el objetivo de facultar a los operadores en diversas problemáticas.
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El Ministerio Público de la Acusación a través de un convenio firmado con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lleva adelante una capacitación en mediación comunitaria, con el objetivo de facultar a los operadores en diversas problemáticas.
Con la capacitación comunitaria se pretende que los operadores puedan distinguir los conflictos y derivarlos o gestionarlos.
Las capacitaciones son dictadas por funcionarios de MPA, y ya se abordaron temáticas sobre Conflictos sociales complejos; Ley de protección de víctimas e incluso Perspectivas de Género que "no tienen mediación" y por tal motivo deben ser enviados al sector que corresponda (por conocimiento), entre otras. Actualmente son más de 230 personas que se encuentran realizando la instrucción.
Sergio Lello Sánchez, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, dijo que "el convenio consistía, desde nuestro lugar, en brindar las herramientas de pacificación y desde el municipio la facilitación de algunas instalaciones para poner en funcionamiento las oficinas pertinentes y con la necesidad de descentralizar el servicio del Ministerio".
"Con la capacitación se pretende que los operadores puedan distinguir los conflictos y eventualmente derivarlos o gestionarlos a través de mediación comunitaria. Es decir, hacer uso de la herramienta que termina pacificando a las personas que están en conflicto y los autocontienen a través del operador, que tiene un carácter imparcial que termina acercando las partes", señaló Lello Sánchez, agregando que "existen casos que pueden resolverse en sede penal, otros en sede judicial y otros menores que pueden resolverse rápidamente y no permitir que avancen hasta llegar a un conflicto penal, por ejemplo".
La preparación sobre conflictos sociales complejos tiene que ver con aquellas problemáticas de toma de tierras públicas o privadas, escuelas, calles, entre otros. "Abordar la conflictividad es el objetivo para que no se amplíen con el tiempo", expresó.
El responsable del MPA destacó, además, la importancia del dispositivo en los tiempos que corren, y donde se está generando gran cantidad de sucesos menores.
A su vez se implementó un sistema informático para que las gestiones se realicen por esa vía. El objetivo es tener una estadística que permita la mejor distribución de recursos en los focos donde haya mayor conflictividad y permita también tomar decisiones en lo que respecta a la instalación de un centro de mediación comunitaria.
"Debido a las diversas problemáticas existentes, los ayudantes fiscales en las comisarías deberán reconocer el caso correspondiente para su posterior derivación a la dependencia que pertenezca. También deben conocer la ley de víctima 27.372, que ha dado lugar a un nuevo paradigma en la mayor protección para la víctima y que acceda a derechos que antes no tenía", explicó.
Sánchez agregó que es un esquema de trabajo novedoso y como tal genera la necesidad de capacitar a todos los operadores, "la mediación se trabaja en red, entre el MPA, la Administración Pública y municipios. La idea es llegar a todas las localidades de la provincia en corto plazo",dijo.
"La mediación descongestiona el sistema penal y alivia conflictividades que pueden ir creciendo. Es una alternativa a la resolución usual de los conflictos, la idea es realizar una intervención temprana y que los conflictos se resuelvan rápidamente sin sentencia penal o civil. Por eso creo que las formaciones son para generar nuevas destrezas y actitudes en los operadores de todo lo que pueden y no pueden hacer", concluyó el fiscal general.