La Justicia jujeña investiga otras tres denuncias penales en contra de los propietarios del multimedio Nortelevisa SA, luego de que tomara estado público la muerte de una empleada del call center, llamado Telesistema, por Covid-19.
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La Justicia jujeña investiga otras tres denuncias penales en contra de los propietarios del multimedio Nortelevisa SA, luego de que tomara estado público la muerte de una empleada del call center, llamado Telesistema, por Covid-19.
Así lo informó el fiscal de investigación penal del Ministerio Público de la Acusación Aldo Lozano, luego de darse por cumplida una inspección ocular en el exclub Castañeda, predio donde funciona Telesistema SRL, en la intersección de las calles San José y Buenos Aires del barrio homónimo.
Caber recordar que el proceso judicial fue iniciado por una denuncia penal promovida por Juan José Matorras quien fuera pareja de quien en vida se llamara Elisabeth del Valle Pérez, trabajadora del call center y que en los primeros días del mes de octubre murió, luego de contagiarse de Covid-19 en su lugar de trabajo y siendo una paciente de riesgo, fue obligada a seguir concurriendo a su lugar de trabajo bajo las amenazas de ser despedida.
"En base a la denuncia, se inició la investigación y se tomaron testimoniales en base a la declaración de Matorras, donde también quiero resaltar que se han presentado voluntariamente numerosos testigos en la causa, no solo exempleados, sino actuales trabajadores del multimedio mencionado, prestando la debida colaboración respecto de su declaración, que no es fácil para un trabajador en relación de dependencia en un expediente, detallando las condiciones de trabajo, no solo del call center, sino declaraciones que tienen que ver con el local que está ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen donde el medio televiso Canal 2 emite su señal", dijo en una conferencia de prensa el fiscal.
Además, Lozano dijo que "existen tres denuncias penales más, por parte de trabajadores y extrabajadores de la empresa, que también se está investigando lo que tiene que ver la situación de esta gente en el call center, manifestando que se contagiaron de Covid-19 en el call center y denunciaron penalmente el hecho, además de prestar servicios en condiciones "paupérrimas" de trabajo, violando los protocolos de bioseguridad en vigencia" desde el pasado 20 de marzo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia establecido por el Presidente de la Nación.
Elisabeth Pérez era una paciente considerada en el "grupo de riesgo" porque padecía de distintas enfermedades, que comprometían seriamente su salud y debía haber estado en su domicilio y no ser obligada bajo amenazas a trabajar.
Fue así que contrajo coronavirus y luego de permanecer varios día internada, murió a causa del grave cuadro que presentaba.
Por ese motivo además se solicitó los informes del COE y de una clínica privada donde estuvo internada.
“Son oficinas de 3x3”
Juan José Matorras era esposo de Elisabeth del Valle Pérez y en diálogo con nuestro diario y dijo que “el predio donde trabajaba mi mujer, por dentro es un tinglado caído lleno de malezas, donde hay ratas, gatos y palomas. Son oficinas de 3 por 3 donde trabajan 6 personas por turno”, dijo. “Según pudimos saber, el contrato de trabajo establecía que los empleados trabajarían 6 horas, pero realmente eran explotados, trabajaron hasta 9 horas diarias. Las oficinas están totalmente cerradas, hay una sola puerta y no hay ventanas.
Son tres horarios de trabajo y realmente no puedo creer cómo los obligan a trabajar en esas condiciones”, dijo. “Ni siquiera tienen 40 centímetros de distancia entre los empleados y los chicos tienen apenas 40 minutos de descanso durante todo ese lapso, para ir al baño y comer algo. Desde mi lugar aporté todo lo que está a mi alcance y lamentablemente no tengo un apoyo de la hermana y del papá de ‘Eli’, me hubiese encantado seguir como se hizo en la primera marcha”, dijo Matorras.
Hoy declara como imputada Natalia Cammuso
El fiscal Lozano citó para esta jornada a cuatro personas, entre ellas Natalia Cammuso, personal jerárquico y propietarios de la empresa, luego de imputarlos por la supuesta autoría de “amenazas coactivas” (cuatro hechos), “violación a las medidas oficiales de necesidad y urgencia” y “violación a las medidas de bioseguridad ante una emergencia sanitaria”.
Estas personas van a conocer causa de imputación y designarán abogado defensor para afrontar las graves acusaciones que pesan en su contra, sobre todo la hija del propietario del multimedio Eduardo Cammuso, que con las testimoniales presentadas en sede fiscal, se agravaría su situación procesal. Hay que decir que estas calificaciones legales están previstas y penadas por el Código Penal que tiene pena privativa de libertad de 6 meses a dos años, las amenazas coactivas tienen pena de 2 a 4 años.