El magistrado fue denunciado este sábado al mantener la custodia del niño de 10 años a su padre biológico, quien según un abogado de la causa, está denunciado por "abuso sexual infantil".
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El magistrado fue denunciado este sábado al mantener la custodia del niño de 10 años a su padre biológico, quien según un abogado de la causa, está denunciado por "abuso sexual infantil".
Hace cinco años, la progenitora denunció que su hijo era abusado por el padre biológico, sin embargo en el proceso de investigación se fueron tomando decisiones judiciales sobre falsos fundamentos basados en trastornos de manipulación, conocido como Síndrome de Alienación Parental (SAP).
A partir de esa mirada, los responsables judiciales de la investigación desacreditaron la denuncia y, mediante la aplicación del SAP que no tiene respaldo científico, decidieron otorgar a su padre la custodia del niño, mientras que los dos hermanos permanecen con la madre.
El abogado Julián Carabajal, quien representa a la madre del menor de edad, dijo a Télam que presentó una denuncia penal en contra del juez José Antonio Sartori, por "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y mal desempeño de sus funciones".
"Tomó decisiones unilaterales y arbitrarias, en el marco de un proceso investigativo viciado de ilegalidad", afirmó Carabajal y añadió que entre las arbitrariedades el magistrado tomó la decisión de modificar el régimen comunicacional con la madre.
El niño "tenía que estar con la madre desde ayer para hacerse unos estudios médicos, porque está desnutrido. Está con alrededor de 15 kilos menos de los que tendría que tener, pero resulta que el chico todavía está con el padre", cuestionó el letrado al sostener que el magistrado está “obstruyendo el contacto con la madre”.
Asimismo, precisó que la decisión de otorgar la custodia al progenitor fue tomada, hace cinco años, por la jueza de Familia Silvia Cristina Morcillo, a pesar de que el equipo técnico había dictaminado que el padre “no estaba psicológicamente apto para la tenencia”.
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El juez Sartori, a pesar de los reclamos de la madre, mantuvo la custodia a cargo del padre mediante "resoluciones ilegales" que "persiguen como interés la impunidad de la detención ilegal de la madre", ocurrido tiempo atrás cuando realizó la denuncia de los abusos sexuales, y que además autorizó que el nene fuera mudado a otra localidad.
El abogado también señaló que se cometió "mala praxis judicial con la manipulación” en las declaraciones del nene, con el aval de la abogada Marcela Colombo que representa los derechos del niño.
Carabajal sostiene que la abogada Colombo fue "introducida ilegalmente" en la causa, al sostener que "no cumple con los requisitos" que establece la ley provincial 10.636 que crea la figura del Abogado del Niño y que está vigente desde el 5 de julio de 2019, el cual exige capacitación y estar en el Registro de Abogados del Niño, por lo tanto está "pulverizando los derechos del chico, de sus hermanos y de su madre".
El letrado también cuestionó al fiscal de Jesús María, Guillermo Monti, por mantener una actitud “pasiva” al respecto.
Organizaciones de todo el país se suman día a día en una campaña nacional para visibilizar la situación y respaldar la lucha de la mujer, para recuperar a su hijo, entre ellos el colectivo de las Actrices Argentinas que difundieron un video sobre el proceso judicial de la causa y serios cuestionamientos a los funcionarios judiciales que vienen actuando en el hecho.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba calificó hoy de "atropellos" contra la Justicia y "huérfano de todo respaldo probatorio" ese video que se viralizó en redes sociales
La Asociación, a través de un comunicado, repudió la denuncia pública ya que “no sólo intentan subvertir el sistema republicano de gobierno instituido por nuestra Constitución, sino que exponen brutalmente a una persona menor de edad, a quien alegan proteger, identificándola y estigmatizándola como víctima de graves delitos”.
Agrega que esa situación pone al nene en situación de “flagrante vulneración a su derecho a la intimidad personal y reserva, lo que es más grave por su condición de mayor vulnerabilidad en razón de su edad y falta de madurez”, asevera el texto.