El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Jujuy, que preside Norma Beatriz Issa, dio a conocer ayer una declaración de la entidad que los nuclea a nivel nacional, la Federación Argentina de la Magistratura y la función Judicial en la que hacen público el rechazo al proyecto legislativo de modificación del régimen jubilatorio presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.
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El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Jujuy, que preside Norma Beatriz Issa, dio a conocer ayer una declaración de la entidad que los nuclea a nivel nacional, la Federación Argentina de la Magistratura y la función Judicial en la que hacen público el rechazo al proyecto legislativo de modificación del régimen jubilatorio presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.
Señalan que "atenta contra la independencia judicial y otras garantías constitucionales, y que ha sido elaborado sin considerar la realidad de los poderes judiciales provinciales y sin la participación de esta institución, única legitimada para representar los intereses de los más de 15.700 funcionarias/os y magistradas/os que la componen".
"Asimetría salarial"
En otro párrafo de su comunicado, señalan que "el proyecto en discusión agrava la ya acuciante situación de asimetría salarial entre las/os magistradas/os y funcionarias/os de los poderes judiciales provinciales y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), que atienden el 85% de las causas judiciales del país, cuyos sueldos y jubilaciones no son de privilegio y no se parecen en nada a lo que se expone a la opinión pública como los ingresos de "la justicia".
"Mirada sesgada"
Esta iniciativa presenta además -dicen los magistrados- "una mirada sesgada que desconoce que las magistradas y funcionarias, como el resto de las mujeres, se han visto sometidas a innumerables restricciones en sus carreras profesionales. Este proyecto pretende eliminar la única compensación estructural a esa discriminación al subir la edad jubilatoria de este colectivo a los 65 años, a diferencia del resto de las mujeres de nuestro país".
Al finalizar el documento dado a conocer simultáneamente por todos los Colegios de Magistrados de las provincias, destacan que "quienes trabajamos todos los días en los tribunales provinciales somos conscientes de la realidad económica del país. La vocación por la función pública se asienta sobre el compromiso de mejorar la vida y el bienestar de las sociedades en las que vivimos, por esa razón estamos siempre dispuestas/os a participar en todas las discusiones orientadas a esos objetivos. Este proyecto no mejora las condiciones de vida de nuestros conciudadanos ni resuelve los problemas que denuncia. Hacemos un llamado público a los tres poderes del Estado a trabajar en la construcción de respuestas adecuadas y basadas en las realidades de todo el país que contribuyan a una salida rápida y definitiva de la grave situación económica que nos afecta a los argentinos".